Hasta el 24 de marzo va a desarrollarse una competición entre aspirantes a ocupar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Los aspirantes presentarán sus méritos y proyectos en presencia de los medios; y ese día será nombrado quien demuestre ser el mejor. Eso es lo que debería suceder; pero lo que realmente sucederá puede que ya haya sucedido: en otro lugar, a oscuras de la opinión pública y antes de empezar la supuesta competición, cuando todavía ningún jugador se había presentado, se decidió quién sería el ganador. Pero, quien lo hizo, habló demasiado y su nombre quedó destapado.
Las reglas manifiestas del juego, que se han hecho públicas para la competencia de méritos, carecen de importancia para los encargados de tomar la decisión. La reglas que de verdad importan son las de otra competición, la que se juega en privado. Estas reglas son eminentes, porque no son reglas “reales” sino más que reales.
La primera regla eminente es: «No existen las reglas eminentes».
La segunda regla eminente es: «Ya que de lo que no existe no se puede hablar, quien hable de ello será excluido del juego».
Otras reglas eminentes son menos conocidas y cambian continuamente. Los jugadores eminentes no son los que aparentan jugar, es decir, los jueces candidatos, sino los que aparentan no jugar, esto es, los jueces de la competición. Los jugadores aparentes que concursan con sus méritos, sólo parece que juegan, porque, lo sepan o no, su juego ya ha sido previamente jugado y decidido.
Los aspirantes pueden tranquilizarse diciéndose a sí mismos: «Lo que no existe no puede hacerme daño». O bien: «Puesto que las reglas de las que no se habla cambian sin cesar, ahora mismo puede que estén cambiando a mi favor». De esa manera se consuelan encomendándose a los dioses.
Pero, ¿quiénes son esos dioses innombrables que deciden la suerte de los jugadores? ¿Quién les permite decidir el nombre del ganador cuando nadie se ha presentado? ¿Quién les ha puesto ahí y para qué les ha puesto ahí? ¿Qué ganan ellos por dar el puesto a un candidato y no a otro? ¿Qué ganan quienes les han colocado en ese puesto?
Para encontrar las respuestas a todas estas preguntas, hay que hacerse una sola pregunta. Es una llave maestra, que abre las demás puertas. La pregunta del millón es: ¿cómo controlar a mi controlador? Desde la antigüedad, encontrar esa llave ha sido para los políticos tarea más importante que la búsqueda del Santo Grial.
Mas volvamos a la actualidad. Supongamos un ciudadano que ostenta un cargo público en un Estado de derecho y por tanto ejerce un poder político. Sus conducta está limitada por leyes que emanan de poder político legislativo. Y para controlar la aplicación de esas leyes en cada situación concreta existe un poder bien separado: el judicial. A ese ciudadano poderoso le gustaría controlar al juez que le controla, pero eso es difícil, porque el poder judicial reside en la persona de cada juez individual, el que en cada momento dado “le toque”.
Sin embargo, supongamos que quien ejerce el cargo público es un cargo político aforado. Por ejemplo, presidente de comunidad autónoma, diputado, senador o parlamentario de una de las 19 autonomías. En este caso, la probabilidad de ser procesado, de que el tribunal esté formado por unos jueces y no por otros, no depende de un juez como tal juez, sino de determinados altos cargos de la carrera judicial, concretamente, del presidente del Tribunal Superior de la comunidad autónoma, o de los miembros del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
Por ejemplo, en 2009 el presidente del Tribunal Superior del país Vasco tuvo que decidir si se procesaba o no al Lehendakari Ibarretexe por sus contactos con la ilegalizada Batasuna. En ese momento estuvo sólo en su mano seguir el proceso o archivarlo. No debe olvidarse que el presidente del Tribunal Superior es el tercer puesto en orden de importancia en la Comunidad autónoma.
Por otro lado, en casos importantes de corrupción, suele ser habitual que alguno de los principales implicados resulten ser aforados, con lo que los altos cargos judiciales citados son claves para que la causa penal progrese o sea archivada sin llegar a juicio. Ahora podemos retratar a los personajes del drama:
Si un partido político emplea dinero extra obtenido de comisiones por favores a empresarios de la construcción, puede utilizar a personajes aforados, que llevan chaleco anti-jueces ordinarios. Pero aún le faltaría controlar al controlador extraordinario, que usa (metafóricamente hablando) balas de teflón, capaces de atravesar cualquier blindaje. Para eso resulta decisivo controlar a los que designan a esos cargos judiciales. Para que si llegase el caso, en vez de “balas de teflón” arrojen florecillas al paso de los encausados.
Otro partido político necesita blindarse para hacerse con más poder, enarbolando la bandera de un pueblo soberano desde el principio de los tiempos, incumpliendo la ley sistemática y sigilosamente. Espera que, con el tiempo, la gente se habitúe y ya no importe una ley que “se acata pero no se cumple”. Para transgredir las leyes sin que se note, es imprescindible controlar a quienes controlan la aplicación de las leyes. En este caso pondrán sumo cuidado de que los infractores sean siempre aforados; luego habrá que controlar a quién se pone en ciertos cargos judiciales, como la presidencia del Tribunal Superior en su comunidad. O, mejor, montarse un Consejo Judicial autonómico a medida.
Por consiguiente, aunque parezca que no tienen nada que ver entre ellos, los políticos partidarios de “su construcción nacional” y los políticos partidarios de la construcción de urbanizaciones de lujo en la costa, pueden tener un interés en común: Yo te voto al presidente de tu T.S.J, si tú me votas al de la mía. Esto es lo que se conoce como “intercambio de cromos”. Y ¿qué órdenes van a dar luego a esos jueces? Ninguna. No se trata de lo que vayan a hacer. Les basta asegurar de que el seleccionado no tome decisiones en casos relevantes.
Y esa es la razón por la que los diversos partidos políticos se esfuerzan tanto en poner a sus chicos y chicas en el Consejo del Poder Judicial. Y la razón por la que algunas de esas chicas y chicos se esfuerzan tanto en poner jueces controlables en los puestos de mayor responsabilidad. La razón por la que los concursos de méritos se deciden antes de que nadie presente sus méritos y de por qué el juego verdadero se juega en otro lugar, no con las reglas publicada sino con reglas de las que no se habla. Y la razón por la que estos días un colectivo de jueces jóvenes inunda sus correos con denuncias del “Gran Circo Mundial” en que la pista principal es donde se juega sin luz; del Estado de Derecho que puede convertirse en un “estado de desecho”. Y donde Montesquieu es asesinado por quienes prefieren olvidar que la Justicia independiente es uno de los pilares de nuestra Constitución. La razón por la que algunos diarios denuncian día tras día la “política de nombramientos judiciales”, el “reparto de cargos”, el “mercadeo al nombrar la cúpula judicial”, etc.
Y es que la lucha por la libertad no acaba cuando se conquista la libertad. En la democracia constitucional, no sólo la libertad, sino cada libertad, es sagrada y hay que estar dispuesto a luchar por ella día a día. “Asesinato de Montesquieu” significa que si el poder judicial en Euskadi, por ejemplo, pasa a ser controlado por quienes deberían estar controlados, los ciudadanos perderán las libertades que tanta sangre le está costado defender. Y, en general, si el poder judicial que debe juzgar la corrupción pasa a ser controlado por los políticos cuya honestidad deben controlar, el Estado de derecho se convertirá en un “Estado de desecho”.
En el País Vasco ha habido un cambio político y los terroristas ya no saben dónde esconderse. Pero lo que los asesinos no consiguieron matando a jueces, pueden acaso conseguirlo otros, intercambiando puestos de jueces como quien intercambia cromos. Un puesto para un “amigos de los vascos” por un puesto para un amigo de los constructores en el otro extremo de la península. Los niños hacen eso cada día. Pero a nadie se le ocurriría poner en sus manos el destino de un país.
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El efecto ‘FlashForward’
Unas semanas atrás [1] intenté identificar las claves del mercadeo político [2] en la designación de cargos judiciales, y en particular en la presidencia del Tribunal Superior en el País Vasco (TSJPV) a partir de que se hiciera público el “elegido” [3], antes de que ningún aspirante se hubiese presentado.
En los veinte días siguientes, la situación se enredó y llegó a ser tan confusa, que parecía imposible predecir lo que podía resultar. Esto invalidaba la suposición de que todo estaba atado y bien atado. Y cuando el día 24 se conoció la designación para presidir el TSJPV, cogió a todos por sorpresa; y eso, cuando parecía que ya nada podía sorprender.
Si el lector tiene interés en desenredar esta maraña, le invito a acompañarme en un viaje en el tiempo.
La tesis del artículo citado podía resumirse así: El sistema actual de designación de cargos judiciales consta de dos procedimientos superpuestos:
– Uno, privado y sometido a reglas crípticas, cuya existencia es negada en público, para llegar a un acuerdo entre los encargados de tomar la decisión final: vocales del CGPJ que se agrupan y votan según los intereses de los partidos políticos que los han designado para tal fin, unos directamente y otros a través de asociaciones judiciales.
– El otro procedimiento es público y sujeto a reglas claras, basado en los méritos demostrados y el proyecto presentado por cada aspirante al puesto. Pero cuando un aspirantes se presenta a examen, ya se ha enterado por la prensa de si le ha tocado salir ganador o perdedor. Esta situación ha sido calificada de “obscena” [4], y no es para menos, porque contamina a todos: políticos, vocales, ganador y perdedores, periodistas especializados y ciudadanos que acaban por acostumbrarse a ese estado de cosas.
Pero, en este caso, todo se embrolló, rebotó y salió por peteneras.
Para comprender lo sucedido entre el 15 de febrero y el 24 de marzo, habremos de tomar distancia, alejándonos de la escena para incluir en ella a los espectadores, o sea, a nosotros mismos. Y descubrir que, formando parte del escenario, como si de una muñeca rusa se tratara, hay incrustado otro escenario, que resulta ser, nada menos, que el futuro.
Lo que nos arroja dentro de un relato de ciencia ficción. Y así es en efecto: se llama ‘FlashForward’, título de una serie de televisión estadounidense emitida el año pasado y basada en la novela del mismo título de Robert Sawyer. En ella, toda la población del planeta experimenta al mismo tiempo una visión de cómo será un minuto de su vida exactamente dentro de seis meses. Y a partir de ese momento, ya nada será igual, porque ese futuro percibido entra a formar parte de sus vidas y lo cambia todo, incluyendo el futuro mismo que apareció ante ellos.
Si uno conoce su futuro, puede tomárselo de dos maneras: o en plan jansenista: “no hay nada que hacer, estoy predestinado”, o en plan católico-latino, poniéndose en jarras y cantando: “con las bombas que tiran los fanfarrones nos hacemos las gaditanas tirabuzones”. O como dijo mi primo Ramón, cuando se encontró puesto en la mira de ETA, “ellos quieren matarme, pero yo no estoy de acuerdo”.
Al hacer público el nombre del futuro ganador, la prensa destapó lo que no existía… aún; introdujo el futuro como factor determinante en el presente. Y los efectos comenzaron a multiplicarse. Unos aspirantes renunciaron a presentarse. Porque, ¿para qué presentarme si no sirve de nada? O “porque no quiero tomar parte, legitimando así la farsa”. Otros dijeron: “no podemos renunciar a nuestros derechos aún sabiendo que vamos a perder; porque quien renuncia a su libertad no merece tenerla”.
El representante del grupo de vocales que habían quedado excluidos de los pactos, llegó al tribunal examinador dispuesto a poner difícil el triunfo de los que ya se veían ganadores.
Esos aspirantes que entraban ganadores, se toparon con preguntas que les resultaban incomprensibles o injuriosas y podían obstaculizar su elección: uno respondió –de manera insólita– que en caso de huelga de los jueces, “se mantendría neutral”. Otro, se declaró dispuesto a querellarse ante imputaciones falsas. Y todo ello, a la vista de los periodistas presentes y grabado por cámaras de televisión.
Más aún: en el último acto, la reunión en que había que tomar la decisión final, cada vocal sabía que doce horas después se haría público, sin poder evitarlo, no sólo lo que allí se decidiese, sino qué votaría cada cual y qué razones daría. [5]
En resumen, el efecto ‘flashforward’ por conocer el futuro, se potenció al publicarse todo lo que iba a ser secreto. Un cambalache hecho público, seguirá siendo obsceno, pero queda arruinado. Al hacer público el pasado inmediato, incluidos los planes inconfesables para asegurar el poder en el futuro, el periodista se levanta sobre su estatura de cronista, constituyéndose en el cuarto pilar del estado de derecho: aquél que obliga a los otros tres poderes a mantenerse separados e independientes. En esos momentos puede hasta resplandecer la virtud, porque se vuelve ‘práctica’. Actuar éticamente empieza a resultar más provechoso que ser exhibido en cueros en la plaza pública.
En esos instantes, Montesquieu resucita –aunque no para siempre; sólo un momento– y la democracia se yergue orgullosa de sí misma.
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Fuentes citadas:
[1] Primera parte de este análisis: El intercambio de cromos desvelado, por Ainhoa Peñaflorida, 4/3/2010.
[2] “Para que JpD pueda colocar a los suyos, la conservadora APM hace lo propio con sus asociados en una rutina más basada en el amiguismo que en criterios profesionales. Es tremenda esa sensación de mercadeo de altos cargos en los tribunales, los órganos a los que nuestra sociedad ha encargado la Administración de la justicia. Sólo así, con esta más que preocupante premisa de cambios de cromos a la hora de la elección -uno para ti, dos para mí- se entiende el desastre que actualmente viven algunos tribunales superiores, con presidentes incompatibles con el sentido común: están a la espera de acuerdo en el reparto.” (Agencias de colocación, editorial de El País, 15/2/2010).
[3] “Continúa el pasteleo en el órgano de gobierno de los jueces para sacar adelante nombramientos clave en los Tribunales Superiores de Justicia de País Vasco, Cataluña y Valencia además de en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. (…) El nuevo candidato supuestamente consensuado para el Tribunal Superior vasco es, por primera vez en este tipo de nombramientos y con el actual Consejo del Poder Judicial, un juez no asociado que ha estado en tareas burocráticas durante los últimos ocho años. Se trata del director del Centro de Documentación Judicial, Juan Mateo Ayala.” (El pasteleo en el Poder Judicial retrasa nombramientos importantes. El País, 1/3/2010).
[4] Otro editorial denunciaba “la obscena exhibición de cambalaches en que se vienen convirtiendo los nombramientos de los integrantes de las más altas instancias judiciales”. (Elección viciada, editorial de El Correo, 5/3/2010).
Ainhoa Peñaflorida, 4/3/2010