Roberto Centeno, COTIZALIA.COM, 12/9/11
“La fuerza de un pueblo, reside en la fuerza de sus leyes”. No en su riqueza; ni siquiera en las armas, según relata César Vidal cómo veían los romanos la clave de su fortaleza. Según el Tribunal Supremo, “el castellano, que es la lengua oficial del Estado, debe ser objeto de idéntico derecho que el catalán, y debe disfrutar de la condición de lengua vehicular”. En línea con ello, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictaría un auto instando al departamento de enseñanza de la Generalitat a cumplir las sentencias, en los términos exigidos por el Constitucional y el Supremo, para que el castellano esté presente en las escuelas de esa región en igualdad de condiciones que el catalán.
Acosado por los nacionalistas, el presidente del Tribunal de Justicia de Cataluña, Francisco Caamaño, y varios altos cargos dirían en su día que dichas sentencias no eran de aplicación en toda Cataluña. Inmediatamente después, en un gesto valiente que les honra, los miembros del TSJC desautorizarían rotundamente a su presidente y al ministro de Justicia de Zapatero, que no de España, señalando que era una sentencia del Supremo de aplicación en toda Cataluña y de obligado cumplimiento.
Pero lo que resulta inaudito es que José Blanco primero, el número dos del partido socialista, y el Gobierno en pleno después, digan que les parece perfecto que se prohíba la enseñanza en castellano porque “está funcionando”, y hagan un llamamiento al incumplimiento de la Ley. ¡Todo un Gobierno pidiendo que no se cumpla la Ley! Solo espero que el 20-N, a la hora de votar, ningún español decente lo olvide.
Así las cosas, Artur Más ha lanzado un desafío sin precedentes a España y al Estado de Derecho, afirmando con un desparpajo inaudito que la Generalitat de Cataluña no obedecerá la Ley y mantendrá la inmersión lingüística, es decir, la prohibición de estudiar en la lengua del Estado, así como la persecución y discriminación de todo lo español. Si el Gobierno de España, o el Rey en su defecto, no reaccionan con la contundencia debida y rinden el Estado a éste desafío totalitario, habrán asestado un golpe mortal a la unidad de la nación y al Estado de Derecho. Aparte de que, si no lo hicieran, ¿para qué queremos un Gobierno o un Rey que son incapaces de defender la Ley y la unidad de la Patria?
“En España ya no quedan hombres”
“En España ya no quedan hombres, si esta gente tuviera vergüenza se habría pegado un tiro”. Así se expresaba en privado mi gran amigo Camilo José Cela, respecto a los padres de la Transición que, con su irresponsabilidad, su cobardía pactista y su falta absoluta de sentido del Estado, nos impondrían un modelo de Estado económicamente inviable y políticamente letal, en el que se inventarían 17 autonomías contrarias en su mayor parte a la realidad histórica y objetiva de España, y una partitocracia intrínsecamente corrupta, que impide la democracia real.
Pues bien, ante éste increíble desafío a la nación, servidor afirma lo mismo: deberían pegarse un tiro. Y lo tienen muy fácil, porque para eso está precisamente el Art. 155 de la Constitución, según el cual la autonomía de Cataluña, o cualquier otra, debe ser suspendida hasta que acaten la Ley. No pasaría nada, como no pasó nada cuando un primer ministro fuerte de un país fuerte, Tony Blair, suspendió la autonomía del Ulster.
Cuando Cataluña era la región más rica de España, de cada cien euros equivalentes del gasto público allí realizado, 90 eran para los ciudadanos vía inversiones, transferencias, servicios públicos, etc, y 10 para la administración regional. Hoy, de cada 100 euros, 60 son para la casta política y 40 para los ciudadanos.
Es una burla intolerable que Más llegue a afirmar: “¿Por qué nos tocan las narices con nuestro idioma? Si en Francia no se las tocan al francés”. No es la comparación correcta; ¿o es que Cataluña es ya una nación independiente sin habérselo preguntado a los catalanes y no nos habíamos enterado? La comparación es muy diferente: ¿Qué haría el Gobierno francés si en Córcega se prohibiera enseñar en francés?, ¿o el Gobierno británico si en Gales prohibieran enseñar en inglés?
Cataluña es parte de España desde el principio, desde hace 500 años, pero también es una región en la que, desde la Transición, ya no rige la Ley. Los políticos nacionalistas catalanes, habituados a violar flagrantemente derechos elementales, han decidido seguir violándolos, digan lo que digan los tribunales. El que una formación política que con su incompetencia ha hundido económicamente a Cataluña, haciéndola pasar del primero al cuarto lugar en renta per cápita entre las regiones españolas, se atreva a amenazar a todas aquellas formaciones no nacionalistas es intolerable en cualquier nación que merezca la calificación de civilizada. Y, lo que es peor, según una encuesta realizada por ABC, el 81% de los catalanes prefiere una educación bilingüe.
Balanzas fiscales, comerciales y de ahorro- inversión
El chantaje permanente de los nacionalistas, que no de los catalanes, al afirmar que España les roba no se sostiene. Para ello, utilizan unas balanzas fiscales inexistentes porque la realidad es justo lo contraria. Puestos a ello, hay que considera todos los flujos. Y esto lo explico pensando esencialmente en los empresarios catalanes y en las multinacionales allí ubicadas para abastecer a toda la nación, y que tienen todo que perder ante un eventual enfrentamiento y ruptura con el resto de España, pero que poseen mecanismos suficientes para frenar una locura que solo puede llevar a Cataluña a la ruina.
Fiscalmente hablando, la primera cuestión importante es la siguiente: los impuestos los pagan las personas, no las regiones. Cataluña no es sujeto jurídico de nada, los sujetos jurídicos son los catalanes. Y como su renta per cápita es un 18% superior a la media, en todo el mundo civilizado paga más quien más tiene. ¿Qué ocurre entonces? En cifras absolutas, los madrileños aportaron en el año 2009 14.600 millones de euros, seguidos por los catalanes, que aportaron 11.143 millones. En tiempos de Franco, cuando Cataluña era la región más rica de España, de cada cien euros equivalentes del gasto público allí realizado, 90 eran para los ciudadanos vía inversiones, transferencias, servicios públicos, etc, y 10 para la administración regional. Hoy, de cada 100 euros, 60 son para la casta política y 40 para los ciudadanos. ¿Quién roba a quién?
Cataluña tiene hoy 139.000 empleados públicos, el triple que en 1975, y un salario medio de 42.000 euros/año. Pero esto no es lo peor, las empresas públicas, absolutamente inútiles en un 90%, creadas para ocultar deuda y colocar a parientes, amigos y correligionarios, han pasado de 88 a 268 desde 2003, y tienen 96.600 empleados con un sueldo medio de 49.000 euros/año, un 16% más que los funcionarios y un 35% más que los trabajadores catalanes del sector privado. Tras los salarios (10.100 millones) están los intereses de la gigantesca deuda (más de 2.000 millones), los coches oficiales, embajadas, oficinas de lujo, estudios esperpénticos, viajes de cinco estrellas, televisiones ruinosas y mil cosas más.
Pero los flujos económicos entre Cataluña y el resto de España no se limitan a la balanza fiscal, existen también las balanzas comerciales de bienes y servicios y las de ahorro inversión. Y en las balanzas comerciales de bienes y servicios el superávit de Cataluña con el resto de CCAA es de más de 24.000 millones de euros, más del doble que su déficit fiscal. Pero es que además, y más trascendente si cabe, a través de los bancos y cajas catalanas parte del ahorro del resto de España se transfiere a Cataluña. Se estima que por cada cien euros de ahorro en Cataluña se invierten 180 financiados gracias a este mecanismo. ¿Qué pasaría si las Comunidades perjudicadas exigieran le reducción del déficit comercial y de ahorro-inversión?
España no podrá remontar su actual crisis hasta que acabe de una vez por todas con el cáncer autonómico y con el chantaje permanente del nacionalismo. Puestos en el caso de un proceso secesionista revolucionario que llegase a buen puerto, el veto de España impediría su entrada en la UE y no van a pensar que, si deciden separarse, vamos a permitir que no vendan. Con su amenaza secesionista, Más va a tener muy difícil atraer inversores a Cataluña… ¿quién va a ser tan estúpido de ir a una región donde no rige la Ley sino solo la voluntad de unos pocos?
Roberto Centeno, COTIZALIA.COM, 12/9/11