La corrupción nacida al calor del sanchismo está provocando un efecto dominó en algunas de las instituciones más esenciales del Estado. La infiltración de la trama de las ‘cloacas’ liderada, a pie de calle, por Leire Díez y Santos Cerdán ha dejado una estela de suciedad que se va revelando inexorablemente y que se manifiesta en posibles delitos muy graves y mentiras desveladas. Todo esto configura un cuadro de degradación insoportable de la cosa pública.

El turno correspondió ayer a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al teniente general Manuel Llamas, director adjunto del Instituto Armado. Ayer fueron citados por el magistrado Santiago Pedraz, instructor del caso Cloacas, como investigados por posibles delitos de prevaricación y de obstrucción a la Justicia. Lo que tantas veces negó González ahora es indicio de su llamamiento por la Justicia: fue pieza de la trama socialista para intimidar a los investigadores de la UCO y lograr que no indagaran casos relacionados con los entornos más próximos a Pedro Sánchez. La situación es aberrante: la cúpula política y operativa de la Guardia Civil está señalada judicialmente por delitos que traicionan las funciones legales y el código de honor del Instituto Armado. Por supuesto, se pueden cometer otros objetivamente más graves, pero violar la ley y poner trabas a la Justicia son negaciones absolutas de la razón de ser de la Guardia Civil, lo que este cuerpo benemérito no merece en absoluto. Ni González ni Llamas deben seguir en sus puestos y si no son cesados, tienen la obligación política y ética de abandonarlos. En estas mismas páginas editoriales nos preguntábamos cómo era posible que la SEPI estuviera presidida por una persona investigada por corrupción. La misma pregunta sirve para González y Llamas: la Guardia Civil no puede ser sometida al escarnio de permanecer a sus órdenes. No es cuestión de poner en duda la presunción de inocencia, sino de proteger las instituciones ante la pandemia corruptora que tiene en la sede de Ferraz su zona cero.

El Gobierno, por boca del ministro del Interior, ha ratificado su confianza en Mercedes González. El concepto que tienen Grande-Marlaska y Sánchez de la palabra «confianza» es, evidentemente, tóxico, porque su confianza oscila entre el premio a quien le ha servido y la mordaza a quien puede dejar de hacerlo si aprietan las imputaciones. Unas muestras de confianza tan faltas de ética revelan miedo a que estas investigadas se ofrezcan a la Fiscalía Anticorrupción para aminorar sus posibles condenas a cambio de dar información.

González es sospechosa de prevaricar y obstruir a la Justicia. Pero públicamente tiene la condena por mentir reiteradamente sobre su relación con Díez y sobre las razones de sus encuentros con esta conspicua militante socialista, que no eran otros que alzar en torno a Sánchez un muro de seguridad frente a las investigaciones de personas próximas. Allí por donde pasó la llamada ‘fontanera’ florecen las imputaciones penales. A la Justicia le está correspondiendo asumir un proceso catártico para purgar de corrupción al sistema público. No tendría que ser esta la función de los jueces, pero el secuestro de las Cortes, la alienación de la Fiscalía General, la servidumbre del poder inversor del Estado (la SEPI) y la sumisión de la cúpula de la Guardia Civil, convierten a la Justicia en la más necesaria línea de defensa de la legalidad. Y conviene no olvidar que al PSOE también le llegó ayer un aviso de Pedraz, porque, en la misma resolución con la que cita a declarar a la directora general y al DAO, requiere al PSOE datos sobre la contratación del abogado Teijeilo, con una advertencia que solo se hace a quien puede o va a ser imputado: que tiene derecho a no contestar si considera que la respuesta puede incriminarle como persona jurídica. Nunca había sido tan explícita una advertencia judicial al PSOE sobre su responsabilidad penal por las ‘cloacas’ de Ferraz; una advertencia que acerca de forma significativa su imputación y emplaza directamente a su secretario general, Pedro Sánchez.