Urge volver a los fundamentos de la democracia, irreconocibles entre la quincalla añadida por utopías, ideologías de parte e ingenierías políticas varias. Veamos: la democracia no es la supremacía de la identidad, ni el gobierno de los más ricos o los más listos, ni tampoco el de los pobres o los débiles. No, la democracia es, como expresa claramente su nombre clásico, el poder o autogobierno del demos. Punto: ni de la familia, ni de los amigos, ni de los turistas.

La democracia es ciudadanía, no identidad

Usualmente “demos” se ha traducido como “pueblo”, y democracia como “gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo”, según la famosa máxima de Lincoln. Pero ese concepto de “pueblo” está adulterado por el romanticismo, el nacionalismo, el socialismo y todos los populismos que en el mundo han sido. Así que volvamos a lo esencial para intentar aclarar el problema planteado por la nefasta Ley de Nietos. Si democracia es autogobierno del demos, ¿qué debemos entender por eso? (pista: los griegos distinguían “demos” de “ethnos” o etnia: ser griego étnico no bastaba para ser ciudadano de una polis).

Pues bien, el demos es la comunidad política o personas reconocidas como ciudadanos de pleno derecho, sea por nacimiento, o por pacto de unión entre ellas. Una vez establecida la regla de membresía, y la de cómo se entra al demos o comunidad (por nacimiento, por concesión expresa, por conquista o revolución), la consecuencia es doble: solo quienes pertenecen al demos, o ciudadanos, tienen derecho a proponer leyes, votarlas y aplicarlas, o sea, de gobernarse a sí mismos; y nadie ajeno al demos tiene ese derecho. No por egoísmo excluyente, sino por sentido común y para que el sistema funcione.

En la democracia moderna esa comunidad política ha ido creciendo incluyendo a categorías sociales antes excluidas.  En concreto aboliendo esclavitud y servidumbre, derogando privilegios de sangre y fortuna para que haya igualdad ante la ley, eligiendo instituciones representativas, ampliando a todos los hombres mayores de edad el sufragio activo y pasivo y, a continuación, a las mujeres, hasta hacer el sufragio verdaderamente universal. Lo que nunca se había hecho, hasta la España de Sánchez, es incorporar al demos a gente sin más vínculo que descender de un antepasado para reconocerles todos los derechos y ninguna obligación. Me refiero a residir, tributar y aportar a la comunidad lo que las leyes establezcan (desde el servicio militar del pasado o la escolarización obligatoria, al sorteo para formar un jurado o una mesa electoral).

Si todo el mundo es ciudadano, nadie lo es

Por eso no es posible considerar miembros de la comunidad democrática a quienes no nacen ni residen en la comunidad política, ni contribuyen ni están vinculados de manera práctica alguna a su vida social, y no solo sentimental como que uno sea argentino y su abuela de Mondoñedo. De lo contrario, la comunidad política dejaría de serlo para ser otra cosa completamente distinta a una democracia (al modo en que la república romana pasó a imperio cosmopolita, por ejemplo).

Al inicio de la revolución francesa ya apareció este problema: los utopistas que defendían la ciudadanía democrática universal, como el extravagante alemán Anacharsis Cloots, fueron derrotados por el sentido común: la ciudadanía francesa no podía extenderse a turcos, chinos y mohicanos por muy miembros que fueran de la fraternidad del género humano. Ser ciudadano conlleva obligaciones y derechos simétricos, concretos y presenciales, no solo remotos y metafísicos.

¿Derechos sin obligaciones?

La Ley de Nietos sostiene que para pertenecer al demos y proponer, votar y vigilar leyes, o ser titular de derechos políticos, basta con tener un antepasado de la comunidad política. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que personas que no van a vivir bajo las leyes y gobierno de esa democracia, ni para bien ni para mal, decidirán en cambio las leyes de una comunidad a la que no pertenecen ni contribuyen de ningún modo. Si la base de la comunidad democrática es el ADN, hagamos caso a Anacharsis Cloots y demos la ciudadanía española al 100% de la humanidad, aunque eso cree problemas al sistema de pensiones.

La asimetría de derechos sin obligaciones es, ya lo sabemos, la piedra angular de la izquierda populista, típicamente asumida por la derecha panoli que desea ser querida por la primera. Destruye por completo la regla fundacional de la democracia, donde ciudadanía es tanto tener obligaciones legales y morales con la comunidad como disfrutar de protección y derechos.

Compra de votos en el extranjero

Creo fundamental subrayar que la destrucción de la ciudadanía en nombre de la nacionalidad sentimental es el principal atentado contra la democracia de la Ley de Nietos. Degenera el ser ciudadano en gracia concedida en masa por el Gobierno a millones de aspirantes sin mérito personal alguno, instaurando la verticalidad de la tiranía: los derechos son graciosas concesiones que se compran y venden, o sea, puro sanchismo corrupto.

La Ley de Nietos, como todas las del sanchismo, ha sido manipulada adicionalmente con la obvia intención de comprar en el extranjero los votos perdidos en casa, es decir, los votos de quienes sí soportamos su poder. Y con la descarada intención de redirigir esos votos de nietos “étnicos” a las provincias donde se disputan escaños clave por pequeñas diferencias.

Añadamos la extravagancia genealógico-ideológica de reparar la injusticia del exilio republicano (que incluyó no pocos criminales políticos) y de ningún otro exilio como el del País Vasco por la persecución terrorista. No sin milagros como el descubierto por Pedro Corral: en Cuba, 500 exiliados republicanos documentados habrían tenido más de 350.000 descendientes certificados (previo pago) por la dictadura cubana, fertilidad que eclipsa la de los prolíficos conejos.

Pero si nos quedamos sólo en denunciar los vicios de procedimiento y aplicación de una Ley inaceptable en los principios, nos pasará lo mismo que con la corrupción sistémica del sanchismo: que no entenderemos el cómo ni el por qué hasta que el destrozo sea monstruoso, como el actual. Les pasa a los predicadores del conformismo, de derechas y de izquierdas, que no ven nada malo, en realidad, en convertir en ciudadanos a quienes no pueden serlo por no formar parte de la comunidad. Personas que pueden decidir nuestro Gobierno, pero no van a aguantarlo, que reclamarán asistencia de nuestros impuestos, pero sin poner su parte. Otra vez el daño de la corrupción y la estulticia utópica trabajando mano a mano.