Ignacio Marco-Gardoqui-El Correo
El gobierno se ha metido en un jardín con el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal, los ERTE’s. Cuando pactó con Bildu la derogación completa de la reforma laboral le llovieron críticas desde todos los ángulos: la oposición al completo, su propio partido al incompleto y e incluso algunos miembros del propio Gobierno, al parcial. El motivo fue el convencimiento general de que las medidas a adoptar en el terreno laboral, en el asunto del empleo, han de ser consensuadas con los agentes. Las bondades del diálogo social se convirtieron en un dogma, máxime cuando habían dado tan buen resultado en la declaración de los ERTE’s que sustituyeron a los ERE’s, que contuvieron el previsible descalabro del empleo.
Tanto fue así que de aquel extraño pacto no se ha vuelto a saber nada. Parece archivado en el atestado armario que cobija las promesas incumplidas y los acuerdos abandonados. Incluso los socios de Podemos, tras emular a Pilatos con aquello de «lo escrito, escrito está» se relajaron y dejaron de exigir el cumplimiento literal de lo escrito. Bildu, por su parte, se conformó con su segundo de gloria, no ha pasado a mayores y ha aflojado la presión.
Pues ahora, el gobierno se encuentra con un caso de libro para aplicar el mantra del diálogo social y el acuerdo entre los agentes que lo lideran. La patronal y los sindicatos mantienen unidos su petición de prórroga del mecanismo de defensa. Primero intentaron que fuera hasta finales de año, aunque ahora aceptarían acortar el plazo hasta finales de septiembre, siempre y cuando se mantengan las condiciones actuales de aplicación. Pero el gobierno no lo acepta y estira las negociaciones hasta el plazo límite, lo que, de entrada, supone una nueva abolladura del principio de la seguridad jurídica. Ese que ha concitado el clamor unánime de los empresarios en la Cumbre que los reúne a lo largo de estas semanas.
El juego es peligroso. La petición de empresarios y sindicatos no responde a un capricho. Responde a la evidencia de que el confinamiento ha pasado, pero la actividad no ha vuelto al completo. Hay sectores que padecen una atonía preocupante, a quienes la eliminación de los ERTE’s dejaría a la intemperie y cuyo empleo podría colapsar. Los empresarios lo padecen y por eso lo exigen. Los sindicatos lo saben y por eso lo apoyan.
Al final habrá acuerdo. Principalmente porque si no fuera así y el gobierno se mantuviera insensible, su posición frente a la evolución del paro quedaría demasiado expuesta…, porque la atribución de responsabilidades sería demasiado evidente.