La purga iniciada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y que, de momento, se ha saldado con el cese de varios de sus consellers parece no tener fin. Con la llegada de Lluís Puig (Cultura), Jordi Turull (Presidencia), Joaquim Forn (Interior) y Clara Ponsatí (Enseñanza) se espera una reestructuración de altos cargos en estos departamentos. También afectará al negociado del nuevo secretario del Govern, Víctor Cullell, hombre cercano a Artur Mas y al arquitecto legal de la llamada transición nacional, Carles Viver Pi-Sunyer.
La intención de Puigdemont es situar a personas afines al soberanismo que no duden en llegar hasta el final en su pulso hacia el Estado y no tengan miedo a hipotéticas consecuencias judiciales por tomar decisiones para permitir la votación.
Dentro de la estrategia de desobediencia pensada por el presidente de la Generalitat para que las urnas estén en la calle el próximo 1 de octubre se cuenta con la fidelidad de los Mossos d’Esquadra, que serán los que recibirán órdenes directas de los tribunales respecto a qué medidas tomar durante el referéndum. Por eso consideran clave la figura del director general de la Policía, el máximo cargo político de Mossos que debe dar estas directrices a los agentes.
Ante las dudas que genera Albert Batlle, el actual director general de la Policía de la Generalitat, el soberanismo ha empezado a reclamar su cabeza. Lo primero que hizo el actual consejero de Interior Joaquim Forn nada más ocupar su cargo el pasado viernes fue dejar su continuidad en el aire, ya que aseguró que estaba en conversaciones con el personal de su departamento ante posibles cambios. «Estoy hablando con todo el mundo, también con el señor Batlle, con quien me vi ayer, y no puedo garantizarle ni una cosa ni la otra», aseguró Forn quien dejó la puerta abierta a nuevos relevos.
El partido Reagrupament, asociado al PDeCAT, fue más allá y ayer exigió a Forn la «destitución inmediata» del director de los Mossos por «las muestras de falta de compromiso con el proceso» soberanista. Esta formación independentista, que expresó su «apoyo total» a Carles Puigdemont en los cambios realizados en su Ejecutivo porque «garantizan el éxito» del eventual referéndum, subrayó que la presencia de Batlle en el Govern es «totalmente inasumible» en las actuales circunstancias.
De esta forma, Reagrupament, que tuvo un papel importante en el congreso de fundación del PDeCAT, se sumó a la CUP en la misma reivindicación. El partido antisistema lleva años pidiendo la cabeza de Batlle al anterior consejero de Interior Jordi Jané, que tenía un perfil más moderado.
La CUP empezó a pedir el cese de Batlle a raíz del desalojo por parte de los Mossos del Banc Expropiat en Barcelona en mayo de 2016, e insistía cada vez que la Policía catalana ejecutaba órdenes judiciales de detención de miembros de este partido por quemar fotos del Rey o por desobedecer a un tribunal, como la alcaldesa de Berga Montse Venturós y el concejal de Vic Joan Coma. La gota que colmó el vaso de la CUP fueron las declaraciones de Batlle en febrero pasado a TVE cuando afirmó que los Mossos seguirán cumpliendo con «la legalidad vigente».