Beatriz Parera-El Confidencial
El juez instructor de la causa del ‘procés’ ha recibido con indignación la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de no defenderle en Bélgica
El juez instructor de la causa del ‘procés’, Pablo Llarena, se siente abandonado. Ha recibido con indignación la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de no defenderle ante los tribunales belgas frente a la demanda civil interpuesta por Carles Puigdemont y otros cuatro investigados en el procedimiento que ha dirigido. Según informan a El Confidencial fuentes de su entorno, el magistrado interpreta que el Gobierno ha caído en la estrategia de los investigados que han maniobrado en Europa en un intento por desacreditarle.
El Ministerio de Justicia hizo pública este jueves su postura frente a la demanda de amparo que le había reclamado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pese al criterio de la Abogacía del Estado, el departamento que dirige Dolores Delgado, aprobó no defender al juez por sus manifestaciones privadas sino únicamente por su labor jurisdiccional. Así, contratará a un letrado belga pero exclusivamente para proteger «la inmunidad de jurisdicción» del Reino de España.
Esto provoca que si el magistrado quiere argumentar contra las acusaciones sobre su falta de independencia lanzadas por Puigdemont y sus ‘exconsellers’, basadas en las palabras que pronunció en una conferencia celebrada en Oviedo, deberá hacerlo pagando a un letrado de su propio bolsillo. En esas ya famosas afirmaciones, Llarena se limitó a contestar a una pregunta sobre si en su causa había «presos políticos». «En este procedimiento no los hay», respondió. Agregó que instruía sobre «comportamientos recogidos en el Código Penal». «Con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les hubiese llevado a cometerlos, tienen que ser investigados», dijo entonces.
Justicia considera que estas declaraciones forman parte del ámbito privado del juez y no de su labor instructora. Para justificar esta decisión ha concretado que la demanda incluye «referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado, ajeno a su función».
Llarena no alcanza a comprenderlo. Considera que se le ha demandado «por ser el instructor» y «no por otra cosa» y que los demandantes tomaron la iniciativa con la intención de hacerle daño «en vendetta» por su labor profesional, y no solo por «desacreditar el proceso», aseguran las fuentes consultadas. Su teoría es que, para lograr este fin, buscaron provocar las declaraciones que ahora esgrimen en su contra. La intención desde el inicio era la de ir en su contra.
Una trampa en la que ha caído el Gobierno de Pedro Sánchez -dice- que se ha dejado arrastrar por lo que fuentes cercanas al juez califican como «intención dañina» de los investigados. Renuncia a defenderle y lo hace en contra del criterio de la Abogacía del Estado dirigida por una nueva jefa designada por Sánchez hace escasos dos meses. Ahora el juez se encuentra con un panorama que le obliga a asumir el pago de los honorarios de un abogado «que costará miles de euros de su bolsillo» o a arriesgarse a quedar en manos de un abogado contratado por el Ejecutivo pero que no defiende sus intereses. Aún no ha tomado una decisión y está estudiando sus opciones.
El instructor no entiende que se le deje tan solo. «Nadie defenderá al Estado si el Estado no defiende a sus instrumentos de actuación», opina según las fuentes consultadas. También destaca la inconsistencia de la acusación y se pregunta si se pretendía que declarara en aquel acto en Oviedo que los investigados en prisión son «presos políticos». Un instructor que decreta la prision de alguien, lo hace porque entiende que han cometido delitos y no por sus actuaciones políticas, destaca. «Si alguien cree que no hay delitos políticos es precisamente el juez que decreta su prisión», insiste.
Su lectura es que el Gobierno permite con esta decisión «que se le desacredite» y le abandona frente a la acción judicial en la que los demandantes piden el pago simbólico de un euro. «Mi queja es la de cualquier juez que se vea en riesgo por hacer su trabajo», ha dicho el juez a su entorno más cercano.
El criterio elegido por Justicia choca de frente con lo expresado en dos informes, uno de ellos firmado por la propia Consuelo Castro, la abogada general, y otro avalado por los servicios contenciosos de la Abogacia. En ellos se defendía incluso la procedencia de asumir una hipotética condena en costas mediante la contratación de un seguro. «Se considera necesario proceder a la contratación de un abogado local en Bélgica a fin de llevar a debido efecto la representación y defensa en derecho ante esos tribunales del magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo de España don Pablo Llarena Conde», reza textualmente el dictamen, al que ha tenido acceso El Confidencial.
Llarena ha sido citado el próximo 4 de septiembre a las nueve de la mañana ante la Primera Sala del Juzgado de Primera Instancia de Bruselas. El tribunal belga trató de hacerle llegar la comunicación a través de dos vías. La primera de ellas no funcionó: el Juzgado Decano de Madrid rechazó en tramitarla. Hubo un segundo intento mediante su envío directo y nominativo al magistrado demandado por correo certificado con acuse de recibo, en la sede del Tribunal Supremo. La citación fue entregada en dicho órgano acusándose recibo de su recepción por personal del mismo, desvela el escrito de la Abogacía.