EL CORREO – 11/03/15
· Acusa al ‘ex número dos’ jeltzale en Álava Alfredo de Miguel de liderar un «entramado societario» para conseguir contratos y solicitar el pago de comisiones.
· Roberto Ramos Juzgado de Instrucción 4 de Álava De Miguel utilizó su correo electrónico de la Diputación para reclamar una comisión de 100.000 euros
· El juez sólo deja fuera de la causa a Asier Arzalluz, hijo del histórico expresidente del PNV, y a Pablo Larrabide Varias de las «empresas pantalla» carecían de actividad económica e incluso de empleados.
A punto de cumplirse cinco años de la detención del exdiputado alavés de Administración Local y Equilibrio Territorial, el jeltzale Alfredo de Miguel, y de otras siete personas de su círculo más cercano por el supuesto cobro de comisiones ilegales en la compraventa de terrenos en el parque tecnológico de Miñano, llegó el esperado auto judicial. El juez instructor del caso hizo ayer público el documento donde señala a 26 imputados –muchos de ellos ex altos cargos, militantes y ‘fontaneros’ del PNV, en su mayoría afines al sector más soberanista– por 11 delitos en la trama de corrupción más importante destapada hasta hoy en Euskadi y que le estalla al partido jeltzale a apenas dos meses de las elecciones forales y municipales. Prevaricación, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, actividades prohibidas a funcionarios… En el escrito sólo se dicta sobreseimiento de la causa para dos implicados inicialmente en los hechos investigados: Asier Arzalluz, hijo del histórico dirigente peneuvista Xabier Arzalluz, y Pablo Larrabide, director de zona de Ipar Kutxa.
En el auto de 184 páginas –resultado de casi un lustro de diligencias impulsadas por el fiscal jefe de Álava Josu Izaguirre y la toma de declaración a 37 testigos en un sumario que ocupa 20.989 folios– queda «indiciariamente acreditada» la existencia de una red organizada en torno a la figura de De Miguel quien, con la ayuda o colaboración de otros encausados, «lideró un entramado societario» con ‘base’ en Álava y ramificaciones por territorio vizcaíno –en operaciones como la compra de terrenos en la localidad de Frúniz–. Entre sus objetivos, precisa el magistrado, aparece la consecución de manera irregular de contratos en «administraciones o entes públicos gobernados por el PNV», la solicitud de comisiones y de otras cantidades «en base a negocios jurídicos o contratos simulados».
El titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Vitoria, Roberto Ramos, dibuja el ‘modus operandi’ de una maraña de firmas constituidas «precisamente» para estos fines y que, a menudo, funcionaban como «empresas pantalla». Un importante número de ellas carecía de actividad económica, de experiencia, de conocimientos, de infraestructura e incluso de empleados, lo que no impidió que resultaran adjudicatarias de un buen puñado de contratos públicos. Y «en variadas ocasiones» cobraron, además, por trabajos que «no fueron materialmente realizados».
Nombrada en decenas de folios del auto del juez, Kataia Consulting S.L. –constituida por De Miguel, exdiputado foral y antiguo ‘número dos’ del PNV en Álava, sus amigos los exburukides Aitor Tellería y Koldo Ochandiano y sus respectivas mujeres– responde a este comportamiento y se sitúa en el origen de un caso que reventó tras la denuncia presentada a finales de 2009 por Ainhoa Alberdi, socia de Urbanorma Consulting –se hizo con el contrato de asistencia técnica para la ampliación de Miñano– que no accedió al pago de la comisión (100.000 euros) que De Miguel le reclamaba «explícitamente» desde su correo electrónico oficial de la Diputación.
Alberdi, que presentó diversos documentos y grabaciones en su denuncia, llegó a alertar de lo que ocurría al presidente de la red vasca de parques tecnológicos, Julián Sánchez Alegría, quien no comunicó la situación a las autoridades y, en su lugar, se dirigió al exdiputado foral para pedirle «que fuera más discreto con sus ‘gestiones’». Él, junto al antiguo director de Miñano, Alfonso Arriola, figuran en el auto como «responsables de la contratación irregular de Urbanorma» por más de 400.000 euros.
El abono de un 4% del coste del proyecto en concepto de comisión no era una práctica extraña en el entramado societario investigado y su entorno pues, según indica el escrito de Ramos, ocurrió en sendas obras en los municipios alaveses de Lapuebla de Labarca y Zigoitia. En ambos casos, Construcciones Loizate, adjudicataria de los trabajos y propiedad del exsocio de Urbanorma Jon Iñaki Echaburu, pagó ese porcentaje «a Kataia Consulting a través de Errexal», firma cuya gerencia recaía en Iñaki San Juan, exconcejal del PNV en Leioa y persona del círculo de De Miguel.
5 millones en unas semanas
Pero si hay una ramificación de este caso donde la relación entre diferentes empresas resulta especialmente diabólica es Zambrana. La decisión del Ayuntamiento de la localidad alavesa, entonces gobernada por la jeltzale Justi Angulo, de crear suelo industrial en la zona vuelve a colocar en el epicentro al exdiputado foral, quien puso en contacto a la alcaldesa con sus amigos Jesús y Josu Arruti –ambos hoy imputados junto a otros dos familiares más–. Padre e hijo, empresarios vinculados también a la formación jeltzale, se encargaron desde Sidepur de captar inversores interesados en liderar la operación. La catalana Construcciones Riera respondió a la llamada y, constituida como Riera Urbanizer –cuatro de sus integrantes también están encausados– en Vitoria, desembolsó en pocas semanas en torno a 5 millones de euros en opciones de compra de un millón de metros cuadrados de terreno ubicado en un área estratégica de expansión urbanística, entre el río Ebro, la A-68 y la N-124.
El PNV se implicó en este proyecto a todos los niveles: local, foral y autonómico. Pero tras cinco años de trabajo para la promoción industrial de Zambrana, De Miguel frenó el plan con la llegada del socialista Patxi López a Ajuria Enea a finales de 2009. El anterior Gobierno vasco firmó hasta 25 contratos con empresas vinculadas a la trama –de nuevo Kataia Consulting y Errexal, así como Ortzi Muga con el exedil vizcaíno San Juan también como administrador– por más de 300.000 euros sin que, en muchos casos, constara documentación de la ejecución de los trabajos.
El juez advierte de la «falta de control» e imputa al exviceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, y su director de Juventud, Xabier Sánchez Robles. Los tentáculos de la red empresarial atraparon, además, varias adjudicaciones en la Diputación alavesa –concretamente en el área que dirigía De Miguel– y en las cuadrillas del territorio.
EL CORREO – 11/03/15