EL MUNDO 17/02/15
· Si la respuesta es afirmativa, Eloy Velasco tiene previsto ejecutar la orden internacional de detención, paso previo a la solicitud de extradición
La Audiencia Nacional reabrió ayer la causa contra José Ignacio de Juan Chaos. Con la noticia de EL MUNDO en la mano, el juez Eloy Velasco envió un oficio a la oficina de Interpol en España pidiendo que compruebe si efectivamente el etarra reside en la localidad venezolana de Chichiriviche. El oficio del magistrado instructor está dirigido a Interpol España, que será quien traslade la petición a la oficina en Venezuela.
Velasco es el magistrado responsable de instruir la causa abierta contra De Juana por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo tras su salida de prisión. La nueva imputación de la Audiencia provocó la huida del terrorista, primero a Belfast y luego a Venezuela, donde ha sido localizado y fotografiado. La falta de éxito en la localización de De Juana llevó al archivo provisional de la investigación, reabierta ahora.
La actuación del juez se ha limitado a la solicitud a Interpol, ya que el elemento clave para su arresto, la orden internacional de detención, fue dictada en 2008 y hoy sigue vigente. Si llegara a ser arrestado, la Audiencia Nacional pondría entonces en marcha una petición de extradición que debería cursar el Gobierno.
Hasta la fecha, las autoridades venezolanas han ignorado la solicitud de la Justicia española, como ya ha ocurrido en casos más graves como el del etarra Arturo Cubillas. Fuentes del caso no son más optimistas y prevén que la respuesta de Venezuela sea la misma: silencio. Ya ocurrió así cuando hace un año el etarra fue fotografiado en la localidad de Nueva Barcelona. Cuando el juez pidió confirmación oficial de su paradero no hubo respuesta alguna.
España y Venezuela han suscrito un Tratado de Extradición, vigente desde 1990, que en casos de etarras ha tenido poco uso pese a que expresamente excluye que los delitos de terrorismo puedan interpretarse como políticos y, por tanto, quedar fuera de una posible extradición.
Esa normativa sí ofrece varias situaciones para justificar la denegación de una entrega. Por ejemplo, puede denegarse la de los que tengan la nacionalidad venezolana, que era el caso de Cubillas aunque no es el de De Juana. También exige que el delito por el que se reclama sea perseguido en ambos países. El enaltecimiento del terrorismo es una figura jurídica que tiene difícil encaje en leyes penales de otros países. El juez instructor ya tuvo problemas para convencer a los magistrados de Belfast de que debían entregárselo por ese motivo. Al final lo consiguió, pero para entonces el etarra ya había cambiado de escondrijo.
El delito de enaltecimiento está penado en España con hasta dos años de prisión, justo el límite mínimo a partir del cual el tratado permite reclamar una extradición.
Al margen de la actuación judicial, la exclusiva de EL MUNDO marcó ayer buena parte de la agenda política española. Los ministros de Justicia, Interior y Asuntos Exteriores se apresuraron, cada uno por su lado, a colocar la pelota de la petición de extradición en el tejado de los jueces.
Rafael Catalá, Jorge Fernández Díaz y José Manuel García-Margallo coincidieron en declarar que es «el juez Andreu» quien tiene que cursar la petición, antes de que el Gobierno la tramite ante las autoridades venezolanas.
Por su parte, los portavoces de los partidos se sucedieron en las críticas, primero al etarra. «Me produce especial indignación y repugnancia», dijo el popular Carlos Floriano, «es asqueroso que un individuo de estas características pueda estar en libertad». Pero también hubo críticas dirigidas al propio Ejecutivo.
El portavoz de UPyD del País Vasco, Gorka Maneiro, consideró «asombroso que el Gobierno de España no haya movido un dedo para tratar de localizar a De Juana Chaos y haya sido un medio de comunicación quien lo haya hecho». Además, la misma formación pidió al Ejecutivo que llame a consultas al embajador en Venezuela. Como es sabido, el Gobierno de Maduro retiró hace meses a su embajador en Madrid.
El PSOE, no obstante, fue mucho menos duro. La portavoz socialista en la Comisión de Exteriores, Trinidad Jiménez, se limitió a decir que «en este caso, como en todos, lo que hay que hacer es cumplir la ley si hay razones para pedir su extradición, y si no las hay, pues no».
LOS ‘VENEZOLANOS’
A. Cubillas. Deportado. Se le atribuyen tres muertes, aunque puede haber prescripciones. Pendi ente el caso de las FARC.
Martín San Sebastián Aguirre Deportado. Acusado de dos asesinatos, su extradición fue solicitada. Se dio orden de detención, pero no hubo entrega.
Eugenio
Según fuentes abiertas, las Fuerzas de Seguridad le atribuyen seis asesinatos.
Odón Ulibarrena. Se le atribuye su participación en un atentado contra una tanqueta de Policía. Hubo un muerto y varios agentes fueron gravemente heridos.
Aldana Barrena España pidió su extradición en 1996 por seis asesinatos. Un juez venezolano lo soltó.
Luis Elisardo Roncero. Fue condenado por colaboración con el ‘comando Araba’. Facilitó datos sobre dos objetivos. Estuvo en prisión, pero tiene una requisitoria de 2011.