EL MUNDO 08/06/15
· Hace suyos los argumentos de la Fiscalía y solicita las causas abiertas de cinco dirigentes.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco también considera que algunos de los delitos cometidos por ETA «van más allá de los meros delitos de terrorismo, ya que contienen otros elementos que sólo son abarcados por el injusto de lesa humanidad». Y para precisar si incurrieron en este tipo de crímenes cinco dirigentes etarras, ha solicitado a Policía y Guardia Civil que informen sobre la existencia de causas abiertas contra Juan Lorenzo Lasa Txikierdi, Eugenio Etxebeste Antxon, José Luis Ansola Peio el Viejo, Francisco Mujika Pakito y José Antonio Urrutikoetxea Josu Ternera.
Del mismo modo, el magistrado ha pedido a todos los juzgados centrales de instrucción que informen sobre el estado de los procedimientos seguidos por «cada uno de los hechos delictivos atribuidos a ETA» con el fin de investigarlos por separado sin emprender una «causa general».
El juez Velasco hace suyos casi punto por punto los argumentos de la Fiscalía que el 12 de mayo abría la puerta por primera vez a que los dirigentes etarras puedan ser juzgados por este tipo de delitos. Al igual que el Ministerio Público, el instructor afirma que no sólo los estados pueden incurrir en este tipo de delitos; rechaza que los atentados de ETA entren en el tipo penal de genocidio y señala una limitación importante: «La regla de imprescriptibilidad de estos delitos sólo sería aplicable a los hechos cometidos a partir de diciembre de 2010», que es la fecha en la que el legilsador español decidió que los delitos de lesa humanidad no prescribieran.
Dignidad y Justicia, que presentó la querella originaria, discrepa de esta interpretación del mismo modo que lo hizo de la Fiscalía. Sostiene que los crímenes de lesa humanidad, según varias cortes penales internacionales y la convención de la ONU, no prescriben «cualquiera que sea la fecha en la que se hayan cometido».
Dignidad y Justicia provocó la apertura de esta vía con el caso de Luis María Uriarte Alzaa, un alcalde del PP, que fue perseguido y expulsado antes de ser asesinado por ETA. Dado que jamás se conoció el autor material del ametrallamiento, los querellantes han solicitado la reapertura del caso señalando a los etarras que «marcaban las líneas políticas y militares de la organización» entre 1977 y 1983. Han acusado a siete de ellos (no cinco) y han ampliado posteriormente la lista a 45 dirigentes más.