Gabriel Albiac, ABC 31/12/12
Cada día en el cual el Gobierno español ejerza de ejecutor de la «justicia» cubana, será un día menos de democracia.
Ahora, Ángel Carromero está en España. Aislado en una celda de la cárcel de Segovia. Y, una vez más, la dictadura caudillista de los caribeños hermanos Castro impone su arbitrio sobre una España siempre dispuesta a hacerle el trabajo sucio: siempre a precio de ganancia hostelera. Es la eterna historia. Tanto más sórdida ahora: a los tenebrosos enjuagues entre Franco y Castro —cosas de paralelos dictadores—, siguió la cínica pesadez de la ganancia rápida. Los empresarios de aquí perseveraron en lo suyo: el beneficio. Lo que quedaba de la fastuosa infraestructura hotelera expropiada por Castro, fue transferido a empresas turísticas españolas. Era el negocio ideal: playas fantásticas, hoteles que habían sido los mejores del Caribe, mano de obra semiesclava, turismo sexual baratísimo, con el Estado como garante proxeneta… El paraíso. Al alcance de cualquiera. Y a beneficio de aquel que aceptara ser mamporrero del Caudillo local y pagar la corrupción pactada. El dinero, como siempre, prima sobre las convicciones; y los cambios ideológicos en los sucesivos gobiernos de España, en nada modificaron tal criterio. La vergüenza acumulada por España en Cuba no tiene nombre. O sí, claro que lo tiene; pero es demasiado feo.Ahora, Ángel Carromero está en España. Y el Gobierno español acepta ejercer vigilancia penitenciaria al servicio de la sentencia ejemplar impuesta por los Castro. Cumplirá —en el modo que sea, pero cumplirá— una pena de cuatro años de cárcel por el delito de haber tenido un accidente —en el caso de que lo fuera— en una desvencijada carretera cubana. Es difícil entender tal disparate.He —hemos— guardado silencio durante estos meses en los cuales Carromero ha sido rehén de la dictadura. He –hemos– guardado silencio, porque sé —sabemos— lo que vale la vida en una cárcel cubana: cero. Y porque salvaguardar al secuestrado joven era prioritario. Lo era sacarlo de allí, al precio que el corrupto déspota dictase. Hasta el instante en que Ángel Carromero pusiera pie en España. Ni un segundo más. En ese mismo instante, es el Gobierno español quien estaba obligado a ejercer el mínimo de garantía democrática, sin el cual ningún ciudadano puede decir que vive en una democracia. Y esa obligación cabía en dos puntos: 1) liberar de inmediato y sin limitaciones, a Ángel Carromero y rendirle homenaje por su esfuerzo de ayuda a las víctimas del castrismo y por el duro precio por ello pagado; 2) denunciar la barbarie del régimen castrista y exigir que una comisión internacional investigue el oscuro avatar que se cerró con la muerte de Payá y su compañero. Y, si a los empresarios turísticos españoles no les gusta eso, que se joroben. Un Estado democrático no puede envilecerse sólo para que una banda de hoteleros preserve sus beneficios.
Es lo que hay. Y en eso se juega la poca dignidad política que nos queda. Cada día en el cual el Gobierno español ejerza de ejecutor de la «justicia» cubana, será un día menos de democracia. En un país ya demasiado herido por sus políticos.
Gabriel Albiac, ABC 31/12/12