EDITORIAL EL MUNDO – 20/01/16
· Si antes de las elecciones generales el desprestigio de la clase política había caído a niveles preocupantes, la semana transcurrida desde que el pasado día 13 se inaugurase la legislatura ha acabado por proyectar una lamentable imagen de nuestros representantes políticos. A la falta de altura de miras de algunos líderes como Pedro Sánchez que, ajeno a la necesidad de pactos que expresaron las urnas, antepone sus intereses partidistas a la gobernabilidad del país, se unen ahora los movimientos desesperados de los grupos minoritarios y pretendidamente regeneracionistas para intentar conseguir con acuerdos contra natura lo que le negaron los ciudadanos el 20-D.
Si desde estas páginas criticamos duramente que el PSOE cediese dos parlamentarios a ERC y otros dos a CDC para que los dos partidos que piden la ruptura de España pudiesen tener grupo propio en el Senado, no podemos dejar de censurar el acuerdo estratégico al que llegaron ayer IU, Bildu y ERC en el Congreso. La coalición encabezada por Alberto Garzón ha pedido integrarse junto con la formación abertzale en el grupo parlamentario de ERC, sólo para poder recibir un dinero al que no tiene derecho, ya que según el reglamento de la Cámara con sus resultados electorales no puede formar grupo propio.
Dado que tras recibir la subvención, los diputados de ambas formaciones se incorporarían al Grupo Mixto, estamos ante un fraude que no debe ser aceptado por la Mesa del Congreso, que se reúne hoy, ya que obligaría a entregar dinero público a dos organizaciones a las que no les corresponde. Alberto Garzón, que vio ayer frustrada su pretensión de formar grupo con Compromís, está pagando su confusa estrategia de ir en coalición con las mareas en Galicia y en Cataluña (que han terminado por fagocitar a sus diputados) y con sus siglas en otras provincias, por lo que está condenado a la irrelevancia política en la Cámara Baja.
Igual de censurable era la pretensión, retirada sólo a última hora de la tarde de ayer, de Pablo Iglesias, que con 69 diputados quería formar cuatro grupos parlamentarios. Ello le habría procurado no sólo multiplicar las subvenciones económicas sino también la presencia en comisiones parlamentarias y la posibilidad de intervenir de forma independiente en los debates parlamentarios.
Hicieron bien PSOE, PP y C’S al no ceder a las pretensiones de Podemos, porque ello contravenía flagrantemente el reglamento de la Cámara. El artículo 23.2 del mismo especifica que en ningún caso «podrán formar Grupo Parlamentario separado los Diputados que, al tiempo de las elecciones, pertenecieran a formaciones políticas que no se hayan enfrentado ante el electorado».
Por eso no se entiende que cuando Iglesias se avino a formar un único grupo, sus socios de Compromís se desmarcasen y, desafiando al líder de la coalición, presentaran la petición para formar uno independiente con sus 4 diputados. Una pretensión que, en virtud del reglamento, deberá ser rechazada por la Mesa del Congreso, ya que en ningún caso se puede sostener que la de Compromís era una candidatura diferente a la de Podemos. La estrategia de alianzas le dio a Iglesias buen resultado en las elecciones, pero ahora se enfrenta a la dificultad de gestionar un grupo parlamentario (un «grupo de grupos», como anunció Errejón) que no considera incuestionable su liderazgo y que le convertirá en rehén de las ambiciones soberanistas de En Comú Podem, controlado por Ada Colau, y de las mareas de Galicia.
Es cierto que de la formación de los grupos parlamentarios dependen la marcha y el funcionamiento así como la visibilidad que cada uno de ellos tendrá en la legislatura, pero no es lícito intentar forzar el reglamento en beneficio propio. Esa importancia no justifica el lamentable espectáculo que hemos visto estos días, en el que formaciones como Podemos han intentado hasta el último momento burlar el reglamento interno de la Cámara para obtener ventajas económicas y políticas, lo que supone un doble fraude de ley a sus propios votantes y a todos los españoles.
Es necesario que los partidos dejen de mercadear con el dinero público y con la voluntad de los ciudadanos expresada en la urnas. Estos les votaron para que lleguen a acuerdos y realicen las reformas necesarias y para que no haya que lamentar que ésta sea una legislatura fallida, un lujo que los españoles no podemos permitirnos.
EDITORIAL EL MUNDO – 20/01/16