EL CORREO 26/11/13
· La iniciativa recae de momento en Ortuzar, que propondrá esta semana a los partidos «un método» para impulsar la ponencia.
La ponencia de autogobierno, que explorará la consecución de un nuevo estatus político para Euskadi, será una realidad en las próximas semanas pero nacerá marcada por el recelo que despierta en la oposición y por la calculada ambigüedad con la que el PNV la pone en marcha. De hecho, en puertas de su constitución en la Cámara de Vitoria, que muy probablemente no se produzca hasta febrero, Sabin Etxea administra con cuentagotas los avances para echar a rodar el foro, que Andoni Ortuzar en persona impulsa con manifiesto secretismo, y sin dar demasiadas pistas sobre el objetivo concreto que persiguen al abrir, de nuevo, el melón soberanista. Un debate que el PNV no puede soslayar porque se comprometió a darle cauce en campaña y porque la sombra de la izquierda abertzale es siempre alargada, pero que, en un momento en el que los desvelos ciudadanos se centran en la crisis económica y el desempleo, genera una indisimulada incomodidad en Lehendakaritza, que ha preferido de momento delegar toda responsabilidad en el Parlamento.
No obstante, el lehendakari Urkullu, consciente de que los partidos rivales le reprochan que haya optado en este asunto por la estrategia del avestruz, decidió ayer dar un paso al frente y ofrecerse a liderar el debate sobre la revisión del estatus de autogobierno y la consiguiente reforma del Estatuto de Gernika si los grupos parlamentarios así se lo exigen. Según dijo en una comparecencia pública en Logroño tras reunirse con Pedro Sanz, aunque es partidario de que cada grupo presente su propuesta en sede parlamentaria y sean sus representantes quienes asuman la responsabilidad de refundirlas en un texto articulado que debería después someterse a refrendo popular, «si no lo quieren hacer así y quieren que sea una iniciativa del Gobierno vasco, les pediría que fuera un encargo de los grupos parlamentarios».
En la práctica, eso supone que si, como es de esperar, PSE, PP, EH Bildu y UPyD presionan para que el lehendakari se moje, dé la cara y concrete su propuesta de nuevo estatus político negro sobre blanco, Urkullu se vería forzado a dar un giro de 180 grados a su postura actual, que oficializó en su discurso de política general el pasado 19 de septiembre. En aquel pleno, el jefe del Ejecutivo de Vitoria confirmó su intención de delegar el debate en los partidos para no generar «división». El lehendakari ha tomado buena nota de la experiencia de Ibarretxe –a quien su afán por presentar una ‘hoja de ruta’ soberanista tasada acabó conduciendo a un callejón sin salida– y de Artur Mas, en una situación similar ante la negativa rotunda del Ejecutivo central a autorizar una consulta legal en Cataluña. El presidente vasco, que siempre ha defendido el modelo escocés, con un plebiscito acordado y con todos los parabienes legales, lograría así salirse de foco y centrarse en asuntos más urgentes, como son la gestión de la salida de la crisis y el asentamiento de la paz definitiva.
Está por ver, por lo tanto, si la presión política le fuerza a redactar un ‘plan Urkullu’, pero, por el momento, el PNV, en una posición cómoda desde que el acuerdo de estabilidad con el PSE le garantizó tranquilidad hasta el final de la legislatura, sigue gestionando el asunto desde la planta noble de Sabin Etxea, a su ritmo y sin enseñar sus cartas. De hecho, y aunque el mandato expreso tiene a los grupos parlamentarios como destinatarios, es el presidente jeltzale, Andoni Ortuzar –que abandonó su escaño porque es incompatible con su cargo–, quien por la enjundia del asunto y los riesgos políticos que entraña contactará a lo largo de esta semana y la próxima, en una ronda de encuentros discretos al más alto nivel, con los líderes del resto de fuerzas del arco parlamentario para tratar de pactar un «método» para poner en marcha la ponencia, en la que participarán todos los grupos. El PNV, que con toda probabilidad sí situará a su portavoz parlamentario, Joseba Egibar, en el foro una vez arranque, pretende cumplir con su compromiso de impulsar el órgano en este período de sesiones. No obstante, la preceptiva tramitación de la proposición no de ley hace presagiar que, dado que enero es inhábil, no se iniciarán sus trabajos hasta febrero.
La fecha, difusa
Ortuzar tratará de acordar formato y calendario, sin ninguna intención de concretar la propuesta que el PNV presentará para definir esa nueva relación bilateral de Euskadi con el Estado que defendía en su programa electoral. De hecho, aquel documento, que especificaba que la ponencia se crearía «a propuesta del Gobierno vasco» –Lehendakaritza sostiene que ese paso se dio en el debate de política general–, profundizaba más en el asunto de lo que lo ha hecho el PNV iniciada ya la legislatura e incluso anunciaba unas jornadas internacionales de debate «auspiciadas» por Lehendakaritza. Hablaba de someter el texto acordado a refrendo en 2015 –una fecha ahora difusa– y fijaba como objetivo lograr un «gran acuerdo nacional que suponga el reconocimiento político y jurídico de la nación vasca, afirmando el derecho y la capacidad del pueblo vasco a decidir libre y democráticamente su futuro».
El PP vasco, por boca de su portavoz, Borja Sémper, ya se adelantó ayer a denunciar el «guirigay» y la «confusión» de los jeltzales en este terreno, y es previsible que el líder del PSE, Patxi López, se pronuncie hoy. Socialistas y populares reprochan lo mismo al lehendakari y al PNV, su falta de claridad a la hora de establecer los límites del debate y de identificar los títulos concretos del Estatuto que deberían reformarse. Los jeltzales pretenden, en cambio, con el argumento de que la vasca es la única norma fundamental autonómica que no se ha reformado, que cada grupo presente su propia propuesta. «Euskadi no tiene un problema con su Estatuto, sino con la falta de liderazgo de su lehendakari», sostuvo Sémper, que auguró que el debate, «inoportuno», reabrirá «tensiones» en la escena política vasca.
EL CORREO 26/11/13