Tonia Etxarri-El Correo

El precio de la abstención de ERC es tan alto que un partido constitucionalista como el PSOE no podría asumirlo. En teoría

Pedro Sánchez, hoy por hoy, tan solo ha logrado reunir 169 apoyos para su investidura. Si los 13 diputados de ERC apretaran el botón de la abstención facilitarían el Gobierno del PSOE y Podemos apoyado por nacionalistas y un abanico de siglas. Pero la abstención de los republicanos que tienen a su líder Junqueras en la cárcel condenado por sedición ha subido su ‘caché’. El precio es tan alto que un partido constitucionalista como el PSOE no podría asumirlo. En teoría. Los de Esquerra, marcados por la presión de los radicales de Junts per Catalunya, tienen que mostrarse exigentes con el aspirante (aún no hay candidato designado por el Rey) a presidir el Gobierno de España.

Hoy los afiliados de ERC deberán pronunciarse en la consulta a la pregunta inducida por sus dirigentes: sí o no a rechazar la investidura de Sánchez «si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación». La pregunta es larga. Del estilo de las que le gustaban a Ibarretxe. Pero se entiende todo. No pueden ser sutiles. Se juegan su credibilidad en el mundo nacionalista. La pregunta va orientada a una negativa que les permita justificar que no se lo van a poner fácil a Pedro y Pablo. El voto de los 13 diputados tiene sus contrapartidas. Sus dirigentes han puesto la amnistía y la autodeterminación sobre la mesa. Dos premisas que harían estallar las costuras de la Constitución. Y hablando de mesas, la interlocución debe ser entre gobiernos. De igual a igual. Eso quieren. El papel de Lastra y Rufián se les queda corto. Una negociación entre los dos gobiernos que recuperara, entre otras cosas, el fracasado manifiesto de Pedralbes. Aquella declaración que omitió cualquier mención a la Constitución.

Pero exigir la creación de una mesa, con su relator, aunque se la denomine con otros eufemismos, no es cuestión de fetichismo, como sostiene Idoia Mendia. Se trata de crear un organismo paralelo al Parlamento de Cataluña y al Congreso de los Diputados. Que menosprecia el papel de las instituciones democráticas, emanadas directamente de las urnas. El contrapoder al Estado democrático. Que es en lo que están los secesionistas catalanes desde que organizaron el referéndum ilegal, proclamaron la independencia unilateral vulnerando la Constitución y situando a las instituciones catalanas con un pie fuera de la ley.

La situación es endiablada. Y la cuestión está en saber en dónde piensa situar los límites Pedro Sánchez. ¿Estará dispuesto a crear una mesa opaca a donde trasladar el diálogo genuino y transparente que debería practicarse en los parlamentos?

Que los posibles acercamientos en Euskadi entre el PNV, PSE y Podemos sobre las bases del nuevo Estatuto puedan ayudar a liberar la obstrucción de Cataluña refleja más un deseo de los socialistas que la realidad. Porque el nuevo Estatuto vasco debería estar configurado dentro del marco constitucional, para que pueda implicarse el Partido Socialista. O no debería ser. Y ERC está en las antípodas de la Constitución. A no ser que empiecen a contarnos que las vulneraciones de la ley son ‘constitucionales’. Sánchez tendrá que ceder. O frenar y volver a empezar. Ya ha retrocedido algunos pasos de los que había recorrido durante la campaña en su fingido viraje al centro. Admitiendo que el problema de Cataluña ya no es de convivencia sino de territorialidad o apartando su compromiso de recuperar el delito de la celebración de referéndums secesionistas. Sus palabras tienen un breve período de caducidad.

Su validez es tan fugaz como las órdenes grabadas que se les transmitía a los agentes de ‘Misión Imposible’. Con la diferencia de que, en el caso de Sánchez, permanecen en el archivo. Pero él está inmunizado de sus propias contradicciones. Tendría que desdecirse todavía más si pretende amarrar un pacto con ERC y Podemos en la nueva Generalitat en cuanto se celebren las elecciones autonómicas en Cataluña, donde siguen con los Presupuestos de 2017. Los socialistas y la extrema izquierda de Podemos quieren establecer un cordón sanitario a Vox, la tercera fuerza del Congreso. Pero no hay nadie más de extrema derecha que Quim Torra, que deja que le quemen las calles de Barcelona. Desde que Sánchez lo equiparó a Le Pen, lejos de evolucionar, se ha enrocado en su guerra al Estado democrático. Ahora vigila a ERC. Cuanto peor vaya España, mejor para él. No es nada personal. Solo cumple órdenes de Puigdemont.