El trámite de investidura imposible de Alberto Núñez Feijóo no se vio sobresaltado por las mociones de ERC y Junts presentadas el jueves y aprobadas ayer en el Parlamento de Cataluña, condicionando solemnemente el apoyo imprescindible de ambas formaciones a la investidura de Pedro Sánchez a la amnistía y el referéndum. En la sesión definitiva del Congreso absolutamente nadie hizo mención a lo que había pasado en la Cámara catalana. Ni siquiera las portavoces de ERC y de Junts. A pesar de que la noticia incrementó las apuestas de una repetición electoral. Y no sólo por la réplica de Salvador Illa: «Si hay que volver a elecciones, iremos». Algo tan extraño podría explicarse, principalmente, porque ya todo se da por descontado. Pero también porque los más proclives a la aventura empiezan a sentir vértigo al aproximarse al punto de no retorno.

Los observadores tendemos a pensar que todo lo que ocurre en la política es premeditado. En realidad, hacemos nuestra la narrativa de los protagonistas de la obra, que necesitan presentarse dominando la escena. Ni Junqueras ni Puigdemont ni Aragonès ni Nogueras admitirían que no saben exactamente cómo obrar. Tampoco lo puede admitir Sánchez. Pero coinciden en algo. No les interesa dejar que la hipótesis de la repetición electoral se instale con fuerza en la opinión pública. Más bien necesitan que la amnistía siga calando en el ánimo general como algo inexorable. Dispuesto el independentismo político a aceptar la contraoferta de Moncloa: más amnistía a cambio de menos autodeterminación.

La dificultad estriba en que los interlocutores para la investidura del actual presidente en funciones no son plenamente dueños de aquello con lo que pretenden negociar. El PSOE y Sumar pueden estar en condiciones de suscribir una declaración de intenciones respecto a eso de que «un conflicto político nunca debió desembocar en procesos judiciales». Pero la promulgación de una ley de amnistía no podría sortear el parecer, aunque no sea vinculante, de otras instancias. Y su tramitación vía proposición de ley para eludir dictámenes previos incrementaría las críticas. A pesar de que Sánchez se muestre convencido de poder jugar sin marca, para así disuadir a los marcadores.

ERC y Junts siguen yendo por separado, aunque se encontrasen en las mociones parlamentarias. Y tampoco están negociando con algo que les pertenezca plenamente dentro del ecosistema secesionista. La ambigüedad calculada es un recurso limitado por la división. Amnistía ya, o para después de la investidura de Sánchez. Referéndum a lo largo de los próximos cuatro años, o una legislatura para convencer ‘a Madrid’ de que sería mejor pactarla. Nada sería más comprometido para el marcaje de Junts sobre ERC, o para el marcaje que –en un giro de guion– podría empezar a ejercer ERC sobre Junts, que unas nuevas elecciones en enero. Los independentistas son los últimos interesados en retratarse en las urnas, aunque reclamen votar. De ahí que Salvador Illa se lo advirtiera.