El documento que el Ministerio ha enviado a las consejerías del ramo es la quintaesencia del emotivismo, la cursilería, el adocenamiento intelectual y el desprecio por el conocimiento que caracterizan la propuesta educativa de este Gobierno, que parece empeñado en ahondar aún más el principal problema de España: el educativo.

Entre los objetivos del Ministerio con relación a la educación primaria (de los 6 a los 12 años) destacan, por lo grotesco, la perspectiva de género en la asignatura de matemáticas o el fomento de los diferentes dialectos del castellano como primera competencia específica de la asignatura de Lengua castellana y Literatura.

El colofón de la vergonzosa exclusión del español como lengua vehicular que, si bien no queda establecida por ley, sí se consagra abiertamente.

El desarrollo curricular de la LOMLOE que describe el esbozo ministerial es, si cabe, aún más siniestro que el planteamiento general de la ley. Es un cúmulo de disparates que, una vez más, ponen de manifiesto la irrefrenable voluntad de control social de este Gobierno, que pretende absolutizar su ideología colectivista e iliberal y convencernos desde la cuna de que no hay alternativa al relativismo moral absoluto, que en la práctica sólo sirve para imponer plácidamente sus propios dogmas y apuntalar su hegemonía cultural.

De ahí la importancia de librar la batalla intelectual desde el liberalismo y no dejar que nuestra sociedad asuma definitivamente la idea de que no vale la pena la búsqueda de la verdad y el conocimiento, porque entonces estamos abocados a la más absoluta decadencia cultural.

En su obra La crisis en la educación (1954), Hannah Arendt apunta los males que ya entonces aquejaban al sistema educativo estadounidense y que hoy lastran el nuestro: el desprecio a la autoridad (que no autoritarismo) y a la tradición (que no tradicionalismo), que según Arendt son condición sine qua non para el desarrollo de una sociedad abierta de ciudadanos libres y con criterio propio.

Ese desprecio por el conocimiento que rezuma la Ley Celaá tiene como corolario necesario el menosprecio del mérito y la renuncia a la excelencia educativa que se desprende de la previsión que permite a los alumnos pasar de curso sin límite de suspensos. Se trata, en suma, de una auténtica exaltación de la mediocridad cuyos efectos en la educación de nuestros hijos pueden resultar devastadores.

Como sostiene Gregorio Luri, con la LOMLOE “la izquierda está vaciando la escuela de conocimientos en nombre de una equidad por lo bajo que dificulta cada vez más la promoción social”, por lo que los más perjudicados por la reforma serán precisamente los hijos de familias desfavorecidas. Los padres de clase acomodada seguirán gastando cantidades ingentes de dinero en idiomas y refuerzo extraescolar, lo que profundizará sobremanera la brecha educativa.

Con el pretexto de reducir las diferencias culturales, el Gobierno arrumba el conocimiento y lo sustituye por la actividad práctica, olvidando que para montar en bicicleta es imprescindible aprender primero a andar. Esa pedagogía practicista (por decirlo en palabras de José Ortega y Gasset) que considera que Don Quijote y Hamlet estorban en la escuela porque “no capacitan, no preparan para la vida” sólo puede redundar a la larga en desasosiego y frustración para nuestros hijos.

Lo dice un padre de tres hijos en edad escolar que, en aras de la felicidad de sus retoños, considera imprescindible dotarles de saber para facilitar su intelección del mundo a través de la razón y su propio crecimiento personal e intelectual.

Decía al principio que el principal problema de España es el educativo, que por desgracia no tiene visos de resolverse mientras el resto de los partidos de ámbito nacional sigan desoyendo la propuesta de Ciudadanos de alcanzar un Pacto Nacional por la Educación basado en el mérito, la razón, la cultura del esfuerzo, la excelencia de alumnos y docentes y la igualdad real de oportunidades. Es urgente.

*** Nacho Martín Blanco es portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña.