Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 8/6/2011
Los profesionales de la protección creen que para que la “plena libertad” se establezca en las calles del País Vasco y Navarra es preciso acabar antes con el terrorismo. Entienden que su trabajo ha sido “pieza fundamental” para garantizar la seguridad de los cargos públicos y reclaman información directa de las administraciones.
David García es el único concejal del Partido Popular en la localidad vizcaína de Elorrio. Un solo escaño, pero decisivo, ya que García puede dar la alcaldía a la candidata del PNV, empatada a ediles con la lista de Bildu. El PP y su concejal ya han hecho saber que romperán el empate a favor del PNV, y eso ha provocado una reacción mediante octavillas acusatorias contra el edil difundidas en la localidad con la firma de Bildu. El mismo día que el líder de los populares vascos, Antonio Basagoiti, denunciaba en su blog la existencia de esas octavillas, el PNV realizaba una advertencia similar: en Ortuella habían aparecido pintadas y dianas contra los concejales nacionalistas.
ETA no ha cometido un atentado en España desde hace veintiún meses y la situación de seguridad es notablemente mejor que en el pasado. Hay cargos públicos que han renunciado a llevar escolta y los responsables de Interior se lo han autorizado, algo impensable hace poco tiempo. Sin embargo, el miedo de muchos representantes no ha desaparecido. En los últimos días se ha conocido que el PP ha consultado a las Juntas Generales de Vizcaya la posibilidad de que la declaración de bienes de sus electos se presente en la diputación en lugar de hacerlo en los ayuntamientos, ante el temor de que sus datos caigan en manos de Bildu. No son los únicos, algunos concejales del PNV, aunque no sean mayoría, ya lo han hecho en mandatos anteriores y lo volverán a hacer ahora.
En ese clima de sentimientos encontrados, los planes de los responsables de Interior de los gobiernos vasco y central para reducir el número de escoltas han encontrado alguna resistencia. El PP ha pedido prudencia antes de adoptar medidas que, a su juicio, podrían tener “consecuencias irreparables”, ya que “mientras exista ETA el riesgo sigue siendo el mismo”. Los populares reclaman que se haga un análisis de los riesgos de seguridad en el que no primen los criterios económicos y la necesidad de ahorrar. Eso es, precisamente, lo que alegan los responsables de Interior, que rehúsan discutir el asunto en público. Indican que permanentemente se hacen evaluaciones de seguridad y se adoptan las medidas que se creen oportunas. En los últimos meses se ha retirado la escolta en el País Vasco y en Madrid a bastantes personas que han tenido protección durante años y para la que ya no se encuentra justificación.
Ahora se anuncia la posibilidad de reducir el número de agentes de protección a cargos públicos vascos para después del verano. Los ex concejales dejarán de tener escolta y los concejales tendrán un policía o vigilante privado en lugar de dos como ahora. Se estima que si no rebrotan los riesgos podrían retirarse hasta 300 escoltas.
La medida ha provocado las protestas de los escoltas, que temen por su puesto de trabajo y que se sienten “maltratados” por los gobiernos. Los profesionales de la protección creen que para que la “plena libertad” se establezca en las calles del País Vasco y Navarra es preciso acabar antes con el terrorismo. Entienden que su trabajo ha sido “pieza fundamental” para garantizar la seguridad de los cargos públicos y reclaman información directa de las administraciones.
Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 8/6/2011