EL MUNDO – 11/10/15 – EDITORIAL
· Secesión unilateral e inmediata de España, proclamación de la República Catalana y un plan contra la crisis que pasa por auspiciar una economía socialista y autogestionaria que expulsaría a Cataluña de la zona euro para hundirla en un modelo más propio de las extintas repúblicas soviéticas. Las exigencias de la CUP para apoyar un gobierno formado por Junts pel Sí son aún delirantes aspiraciones que se sitúan lejos de la realidad política y jurídica. Sin embargo, la desobediencia a las leyes nacionales y el rechazo a España que proclaman hallan un sustrato social en la conducta, abiertamente rupturista, que empieza a calar en una parte de la Cataluña interior.
EL MUNDO muestra hoy la posición insumisa y desafiante de algunos de los responsables municipales de las quince localidades que gobierna la formación de ultraizquierda. «Todo cambio va a venir de la desobediencia y no va a haber independencia si no hay desobediencia a la legalidad española». Las palabras de Montserrat Venturós, alcaldesa de Berga (Barcelona), municipio de casi 16.500 habitantes, ilustran la felonía de la CUP. Su desafío está basado en una argamasa ideológica cimentada en los casals –casas okupas– y en una amalgama de entidades orientadas al activismo liberatario. El argumentario de los ediles de la CUP guarda muchas semejanzas con el empleado por Companys cuando proclamó unilateral e ilegalmente el Estat Català en 1934. «¡Porque tenemos la razón! ¡Y porque tenemos la fuerza!», espetó a las autoridades españolas quien entonces presidía la Generalitat. En el caso de la CUP, resulta alarmante tanto el desacato a las normas y a las sentencias de los tribunales españoles, como el hecho de que sus munícipes se planteen una insubordinación fiscal, por ejemplo, negándose a retornar al Estado los impuestos que recaudan.
La CUP es un partido antisistema y de corte netamente asambleario, que no tiene ningún pudor en exhibir un mensaje extremista. Defienden la salida del euro y de la UE, el impago de la deuda, la renacionalización de la banca y la aprobación de una renta mínima vital. Y, aunque su prédica es aún minoritaria –obtuvo el 8% de apoyo–, lo relevante es que empieza a cundir en amplias bolsas de la geografía catalana que ya han desconectado emocionalmente de España y para quienes la deslealtad al Estado es ya moneda común.
Los resultados del 27-S han convertido a los diez escaños de la CUP en la llave del proceso independentista. El president en funcionesadvirtió ayer de que la proporción de diputados –Junts pel Sí suma 62– «debe ser respetada», en alusión a las exorbitadas exigencias formuladas por los portavoces de la CUP. Mas ha encallado ahora en una tesitura diabólica porque el modelo político y económico que propugna este partido choca frontalmente con el ideario conservador que ha ahormado el centroderecha catalán desde la Transición.
La torpeza y el radicalismo del líder de CDC ha dinamitado el catalanismo tras forzar la apuesta soberanista, lo que desembocó en la escisión de Unió. Ahora, su huida hacia adelante amenaza también con devastar a su propio partido, en cuyos postulados descansa buena parte de las aspiraciones de la burguesía catalana. El presidente de la Generalitat aseguró ayer que CDC ha contribuido a que mucha gente que hace unos años no estaban a favor de la independencia ahora lo esté. Y en esto tiene razón. Pero, lejos de ser un mérito, supone la consecuencia de su renuncia al diálogo y a la moderación. Mas ha abocado a Cataluña al peligro de extrapolar al conjunto de esta comunidad la doctrina bolivariana de la CUP.
La incertidumbre de un horizonte de difícil gobernabilidad no le va a salir gratis a todos los catalanes, no sólo al 48% que apoyó opciones independentistas el 27-S. A las dificultades para articular un gobierno estable que saque a Cataluña del atolladero económico en que la ha sumido Mas, se añade la rebaja de Standard&Poor’s de la calificación de la deuda catalana, que el viernes pasó de BB a BB- (bono basura con perspectiva negativa).
La independencia de iure de un territorio siempre encuentra un reflejo anterior de facto. De ahí la gravedad del comportamiento social de insubordinación extendido en parte de Cataluña. Tras años de inacción, el Gobierno se enfrenta un doble reto. Primero, velar por el cumplimiento estricto de las leyes españolas. Y, segundo, recuperar el impulso perdido para reconducir políticamente una situación que la CUP amenaza con desbordar.
EL MUNDO – 11/10/15 – EDITORIAL