EL MUNDO – 30/09/15
· La candidatura de Convergència y ERC elevó ayer la imputación de Artur Mas a la categoría de ataque del Estado contra Cataluña. Con ello, Junts pel Sí intenta mantener vivo el desafío independentista y defender la necesidad de que el presidente de la Generalitat en funciones vuelva a ser investido y continúe liderando el proceso soberanista.
Después de perder el plebiscito del 27-S y comprobar cómo la CUP sigue firme en su veto a Mas, Junts pel Sí llamó ayer a los catalanes a «culminar» la secesión como «mejor manera» de responder a la imputación del president por organizar el 9-N desobedeciendo al Tribunal Constitucional. «Se está imputando a los dos millones de catalanes que participaron en la consulta», esgrimió CDC en un intento de recuperar el apoyo perdido en las urnas.
El partido de Mas demostró ayer una vez más su querencia por identificar sus intereses políticos con los de toda Cataluña, especialmente con los de la Cataluña independentista. Sobre la premisa de que lo bueno para Convergència es también bueno para los catalanes, Josep Rull tildó la imputación del presidente en funciones como una afrenta «a la dignidad de todo un país». El número dos de Convergència acusó al Estado de estar utilizando la Justicia para «encarcelar a Cataluña» y advirtió al Gobierno de que «no habrá sentencia o tribunal que impida a Mas ser president si así lo decide el Parlament».
Este último matiz es importante, porque, a día de hoy, la investidura de Mas sigue en manos de una CUP inflexible. Las negociaciones entre Junts pel Sí y los radicales comenzaron ayer, pero la postura del líder de la extrema izquierda independentista no ha variado un solo milímetro. «No votaremos sí, no lo investiremos», ratificó ayer Antonio Baños, quien exigió una vez más a Junts pel Sí un candidato alternativo a la Presidencia de la Generalitat que cumpla unas premisas inasumibles para Mas: no estar vinculado a un partido con casos de corrupción ni haber impulsado recortes sociales.
Comprobada la intransigencia inicial de la formación antisistema, Convergència recibió la imputación del president como agua de mayo. Aunque la CUP subrayó ayer que la negociación de investidura y la imputación de Mas pertenecen a «planos diferentes», CDC confía en que los radicales cambien de postura y acepten la reelección de Mas para protegerlo del Estado que «arremete judicialmente» contra el artífice del 9-N y el 27-S.
Aspira el partido de Mas a que los antisistema cedan a la presión social para respaldar a un mártir que tendrá que declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el 75º aniversario del fusilamiento de Lluís Companys. Que la cita del jefe de filas de Convergència con el juez coincida con el 15 de octubre se convirtió en la mejor de las municiones para su partido, sus socios y el propio Govern, que también tomó partido.
«O es un acto de provocación o de una estupidez rotunda, o las dos cosas a la vez», consideró Rull. Oriol Junqueras prefirió tildar de «monstruosa» la coincidencia y blandió la imputación de Mas como la mejor prueba de que «la pertenencia a España es inviable». Y, pese a su teórico rol institucional, la portavoz del Govern, Neus Munté, atribuyó la elección de la fecha a los «los tics antidemocráticos de la Fiscalía y el Gobierno del Estado».
Munté calificó ayer la imputación de Mas –que también afecta a la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, y a la ex vicepresidenta del Ejecutivo catalán Joana Ortega– de «juicio político» y cuestionó el procedimiento por haber citado a los testigos antes que a los imputados para «crear un relato» contrario a los organizadores del 9-N.
Asimismo, la vicepresidenta del Govern calificó de «cinismo absoluto» las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ayer sostuvo que la imputación de Mas no se ha conocido antes para no interferir en el proceso electoral. A juicio de Munté, «la presión que se hizo sobre la Fiscalía no cesó en ningún momento, tampoco en la campaña electoral».
Lo cierto es que el TSJC ha tardado casi 10 meses en imputar a Mas, Rigau y Ortega por su delito de desobediencia. La querella de la Fiscalía consideraba que los ahora imputados habían cometido supuestamente los delitos de prevaricación, desobediencia, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones u obstrucción a la Justicia. Finalmente, el magistrado instructor de la causa, Joan Manel Abril, inició la investigación por la desobediencia al tribunal pese a que algunas de las pruebas reclamadas también están relacionadas con el dinero usado por el Govern para la organización del proceso participativo.
A la espera de que Mas rebata su imputación, Rigau y Ortega ya se defendieron ayer. La consejera de Enseñanza se mostró «convencida de haber hecho lo correcto» al promover la cesión de las escuelas de la Generalitat para instalar las mesas de votación y la ex vicepresidenta del Govern aseguró que volvería a dirigir el operativo del 9-N.
Desde el bando constitucionalista, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, instó a CDC a dejar de utilizar políticamente la imputación de Mas porque, «como cualquier ciudadano, está sometido al Estado de derecho», y el popular Xavier García Albiol pidió al president en funciones que renuncie a su investidura porque su imputación lo «deslegitima».
No opina lo mismo la ANC, que ya prepara manifestaciones para respaldar a Mas y convertir su comparecencia en un acto de presión para salvar el procés.
EL MUNDO – 30/09/15