EL MUNDO – 30/06/16
· El soberanismo usó ayer la destitución del director de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso, para avivar el proceso soberanista y arremeter contra el Gobierno, al que acusó de utilizar las «cloacas del Estado» para minar el camino a la independencia. Puigdemont pidió que Cataluña se vaya «lo más pronto posible» de una España, según él, poco democrática.
La anunciada ejecución política de De Alfonso por el escándalo de las grabaciones de sus dos encuentros de 2014 con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sirvió no sólo para el escarnio y revocación del director de la OAC. También brindó la oportunidad al soberanismo para convertir al magistrado en reflejo de los supuestos movimientos oscuros del Estado para obstaculizar la secesión de Cataluña.
Puigdemont y el resto de partidos favorables a la independencia mezclaron el escándalo de las escuchas –«uno de los mayores de la democracia», según lo bautizó el president– con algunas de las consecuencias legales que ha provocado el proceso soberanista. Entre otros, los juicios a los que podrían enfrentarse en los próximos meses figuras como el ex president de la Generalitat Artur Mas.
Puigdemont fue ayer quien más insistencia puso en vincular ambos fenómenos. Primero acusó a Fernández Díaz de «utilizar al Estado para atacar a adversarios políticos», en referencia a la presunta conspiración entre el ministro y De Alfonso para fabricar casos de corrupción contra CDC y ERC. A continuación diluyó el caso de las grabaciones con la decisión que el juez tomó el martes de dejar a un paso del banquillo a su antecesor, Artur Mas, y a las ex consejeras Irene Rigau y Joana Ortega, acusados de desobediencia y prevaricación por organizar el referéndum independentista del 9 de noviembre de 2014 pese a que pesaba sobre él la suspensión del Tribunal Constitucional (TC). La semana pasada, cuando Público reveló el contenido de los encuentros entre De Alfonso y Jorge Fernández Díaz, Mas pidió que se archivara el caso del 9-N, el cual atribuyó al «contubernio policial, judicial y mediático» contra el soberanismo.
Puigdemont no fue ayer tan lejos, aunque sí lamentó durante su turno de palabra que «mientras el ministro se escapa de dar explicaciones en el Congreso por usar de manera ilegal y abusiva las instituciones democráticas», los tres ex miembros del Govern serán enviados ante un tribunal «por haber permitido el ejercicio de la democracia», aseguró. A continuación usó una pregunta de la CUP sobre el caso De Alfonso para, visiblemente enfadado, espolear el proceso soberanista: «¿Qué podemos hacer?, irnos lo más pronto posible, porque en un Estado así no podemos durar mucho más», zanjó.
No fueron las únicas referencias a las «cloacas del Estado» que se escucharon ayer en el Parlament. Hizo suya también la expresión la CUP para definir a De Alfonso, sobre quien pidió no sólo su destitución como director de la OAC sino también que sea «perseguido y depurado» para que no pueda volver a ejercer como juez en la Audiencia de Barcelona, donde tiene plaza en excedencia. «Ver a las cloacas del Estado caminando y juzgando sería un auténtico fraude», dijo el diputado anticapitalista Albert Botrán. La portavoz de Junts pel Sí (JxSí), Marta Rovira, incluyó en las descalificaciones al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, a quien acusó de utilizar la Oficina Antifraude para cometer «un fraude político».
La votación de ayer para destituir a De Alfonso se celebró sin sorpresas en las votaciones. Todos los partidos, a excepción del PP, votaron a favor de la revocación del magistrado por un «grave incumplimiento de sus deberes y obligaciones». La votación fue precedida de ataques de algunos partidos al ministro del Interior. El líder de Catalunya sí que es Pot, Lluís Rabell, atribuyó a Fernández Díaz un «comportamiento predemocrático propio de la cultura franquista» y el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, le acusó de ser «una chapuza de ministro, de vergüenza». Todos los partidos menos la coalición de JxSí, criticaron también que la número 2 de la OAC, Maite Masià, y quien tiene vínculos con CDC sea la sustituta interina de De Alfonso.
Justo cuando se votaba la destitución, el Síndic de Greuges –el defensor del pueblo catalán– lanzaba también duras acusaciones contra el ministro y anunciaba que llevará el caso a la Fiscalía del Tribunal Supremo «porque se constatan indicios de delitos como, por ejemplo, el de malversación de fondos y caudales públicos», informa Cristina Rubio. «Es un grave ataque al Estado de derecho», sentenció su máximo responsable, Rafael Ribó.
EL MUNDO – 30/06/16