Un sector de empresarios y expertos vascos se muestra pesimista sobre el plan Ibarretxe porque afecta a la economía y puede ahondar la desconfianza hacia profesionales y empresas de Euskadi. Una fase de inestabilidad tras las elecciones del 17 de abril enfrentaría al País Vasco con el resto de España, su mercado más importante.
EL IMPACTO ECONÓMICO DEL SOBERANISMO (1)
Un alto cargo de la República Francesa preguntaba a dos periodistas de este diario en una conversación informal: «¿Creen ustedes que la unidad de España corre peligro?». No es que esa hipótesis se haya colado de rondón en la agenda del Gobierno de París. Pero la apuesta del nacionalismo por el proyecto del lehendakari, Juan José Ibarretxe, inquieta en algunas cancillerías. Se trata de un esbozo de secesión en plena Europa, además de afectar, en teoría, a territorios de Francia.
Junto a los efectos políticos derivados del reconocimiento de la soberanía vasca, el plan en cuestión exige del Estado español la cesión de las políticas económica, social y fiscal; la titularidad de puertos, aeropuertos, carreteras y demás infraestructuras en su territorio; participación en la Unión Europea y permiso del Gobierno vasco para cualquier tratado internacional que le afecte. Además, España ha de obtener de la UE el reconocimiento de los cambios.
Entonces, ¿es viable el proyecto de Ibarretxe? Por qué no; pero a condición de que «España acepte las exigencias planteadas por aquél», destinadas a «aumentar la influencia económica de la autonomía vasca y permitirle diferenciarse del Estado cuando fuera en interés de esta comunidad», contesta Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco.
La potencia de la economía de Euskadi no pudo impedir una pérdida de su peso relativo en el conjunto de España. El producto interior bruto (PIB) vasco representaba el 7,5% del total español en 1981 y ha bajado hasta el entorno del 6,3%, donde se ha estabilizado en los últimos años. En 2004 creció ligeramente por encima de la media española. Una decisión nacionalista de ponerse a remar en otra dirección implicaría riesgos económicos, por el clima de enfrentamiento que crea y la presumible reacción negativa del mercado español.
Romper la imbricación de la economía vasca con la del resto de España puede ser un mal negocio para los actores económicos. Las importaciones y las exportaciones de bienes y servicios representan el 65% del PIB de Euskadi: más de la mitad del total de sus exportaciones van al resto de España, de donde proceden casi dos tercios de las importaciones.
Euskadi vendió por valor de 15.412,2 millones de euros al resto de España en 2003 y por 13.352,4 millones al resto del mundo, según datos de Eustat, el órgano estadístico vasco. Y todavía es más clara la interdependencia a la hora de comprar: en 2003 importó por valor de 19.998,9 millones de euros del conjunto de España, frente a 10.203,5 millones adquiridos a otros países.
«Nos estamos jugando el futuro»
Lo que más inquieta a muchos economistas y a una parte del empresariado es el periodo de inestabilidad que se dibuja tras las elecciones del 17 de abril, si el nacionalismo insiste en «deslegitimar» el rechazo del Congreso de los Diputados al plan de Ibarretxe. «Nos estamos jugando el futuro», avisa Alejandro Echevarría, presidente del Círculo de Empresarios Vascos.
La tendencia al envejecimiento de la población tampoco ayuda a otro de los objetivos del plan Ibarretxe, que equivale a organizar una «frontera» social, por medio de la gestión autónoma de la Seguridad Social. Una de las más bajas tasas de natalidad, la escasez de inmigración y el abandono del territorio -por el ambiente peculiar en que se desenvuelve la convivencia- no parece el mejor marco para garantizar el futuro del sistema público de protección social. Cualquier perturbación en el mercado de trabajo, y por tanto en las cotizaciones, complicaría el sostenimiento de las pensiones y demás prestaciones que afectan a la cuarta parte de la población de Euskadi.
Si los partidos del Gobierno tripartito (PNV, EA y Ezker Batua) obtuvieran la mayoría absoluta en las urnas, las pretensiones económicas y sociales reflejadas en el plan Ibarretxe podrían resumirse así:
– Que el Estado acepte incondicionalmente las normas que dicte la comunidad autónoma en su territorio, tanto tributarias como de regulación económica.
– Que el Estado supedite a la opinión del Gobierno vasco las decisiones y acuerdos internacionales que puedan interesarle.
– Que la comunidad vasca obtenga representación directa en el Banco de España y en otros organismos estatales de regulación y supervisión. Además de representación efectiva en la Unión Europea.
– Que Euskadi gestione la Seguridad Social de sus ciudadanos, eliminando posibles riesgos financieros futuros para el sistema de pensiones.
«En este contexto es obvio que el plan sería beneficioso económicamente para la comunidad autónoma vasca», reflexiona Ignacio Zubiri. «Pero el plan Ibarretxe no se puede aplicar unilateralmente porque exige que el resto de España acepte unas reglas que afectan a su capacidad de decisión y a su economía. Es evidente que los aspectos económicos del plan Ibarretxe no pueden aplicarse sin el acuerdo del Estado; intentar hacerlo conduciría a un caos legal y económico».
A pie de obra no son pocos los que temen consecuencias inmediatas. Uno de los empresarios que lo expresan abiertamente es Ricardo Benedí, que preside un grupo de sociedades familiares en la margen izquierda del Nervión. En apariencia, este hombre de 56 años lo tiene todo para ajustarse al modelo mimado por el nacionalismo, porque su clientela es centroeuropea al 90% y, por lo tanto, contribuye al giro progresivo de las exportaciones vascas desde el resto de España a los mercados internacionales, un fenómeno muy valorado por las autoridades. Pero Benedí, que fue distinguido como «mejor empresario» de Euskadi, está convencido de que pretenden arrancarle de cuajo de España y por ahí no pasa.
La inestabilidad no aporta beneficio
Se trata de una cuestión de principio, a la que se unen preocupaciones profesionales muy concretas. Con cuatro fábricas en funcionamiento (310 empleados), Benedí se ha metido en un fuerte endeudamiento para una quinta (110 puestos). «Si quedo en situación de no poder vender mis productos, no podría cumplir con el plan financiero. Y eso puede ocurrir si mis clientes piensan que esto es una geografía llena de inestabilidad política y no quieren seguir comprando aquí».
Benedí se considera español, sin dejar de sentirse «terriblemente vasco». La prueba tangible: «Estoy invirtiendo 20 millones de euros; hechos son amores y no buenas razones». Reconoce haber recibido estímulos de instituciones vascas para sus inversiones, pero no ve la menor ventaja en la aventura nacionalista.
«Mis clientes pagan unos moldes muy costosos para que yo fabrique piezas destinadas a camiones, automóviles, tractores», explica. «Nos han dejado en depósito unos activos de decenas de millones de euros. Si el cliente llega a pensar que los útiles que ha dejado aquí no están en buenas manos, ¿quién puede impedirle irse a otro sitio a comprar? Si empiezan a aparecer dificultades fronterizas; si se crea un problema arancelario donde antes no lo había; si reciben productos que ya no vienen de España, sino de algo desconocido para ellos como es Euskadi… ¡Imagínese qué idea pueden hacerse unos alemanes sobre eso de un Estado libre asociado!».
El nacionalismo minimiza el riesgo, basándose en que el País Vasco es una zona rica, cuyos niveles de producción y renta le sitúan en el grupo de cabeza de las comunidades españolas y superan la media de la Unión Europea. El PIB vasco ascendió a 47.277,7 millones de euros en 2003 (medido a precios de mercado), el 6,3% del total de España.
Si Euskadi presenta un buen cuadro macroeconómico, no le faltan debilidades internas. «Ya tenemos empresas que han hecho las maletas para acudir al panal de costes laborales que ofrecen en el centro y este de Europa, o para concentrar en otras partes de España la producción que venían obteniendo en Euskadi», explica Roberto Velasco, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco.
La inversión prefiere Madrid
Atrás quedan también los tiempos en que los vascos desempeñaban un papel fundamental en la estructura económica, industrial y productiva española, y en el que lanzaban iniciativas como la primera fusión bancaria importante, protagonizada por el Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya, o la de Iberduero con Hidroeléctrica Española -origen de la actual Iberdrola-.
«Las empresas vascas siempre han llevado la iniciativa, y eso se ha traducido en el liderazgo del sector económico español», comenta un importante empresario vasco, que prefiere permanecer en el anonimato a causa de su relevante posición. «Ahora, si miramos los últimos diez años, esto se ha acabado. La iniciativa económica se lleva en Madrid o Barcelona, pero el País Vasco casi ha desaparecido de ese escenario. Esto sí es culpa del enfrentamiento que tenemos y la falta de confianza del resto del Estado con respecto a los políticos, empresarios y profesionales del País Vasco», afirma.
Los efectos de la desconfianza se notan en la escasez de inversiones. «El Gobierno [español] y los lobbies tiran absolutamente hacia Madrid, que va a terminar como el distrito federal de México, donde se concentra la mayoría de la población del país. Eso me parece un modelo equivocado de desarrollo. Aquí se juntan la influencia de la centralización de la economía con el problema general del País Vasco».
La inversión extranjera, desde luego, es muy inferior en Euskadi al peso de su economía. Según datos del Ejecutivo vasco, la región de Madrid captó el 67% de las inversiones extranjeras en empresas españolas no cotizadas, entre 1993 y 2002, frente al 4% del País Vasco. A su vez, el poder de las grandes empresas está en Madrid, convertida en la base de operaciones de BBVA, Iberdrola y Gamesa, las tres empresas vascas del Ibex 35.
Otro dato relevante: Bilbao, la principal metrópoli vasca, no figura en el grupo de 35 ciudades «de tercer nivel» del planeta (donde Madrid aparece en el segundo nivel y Barcelona en el tercero), pese a su intensa transformación. Y sólo emerge en el trigésimo segundo entre las ciudades europeas más adecuadas para los negocios, en una lista en que Barcelona es la sexta, y Madrid, la séptima, según datos de la página en Internet del economista Alberto Alberdi, asesor del Gobierno vasco.
¿Qué ofrece el proyecto nacionalista? Arrancar más autogobierno, considerándolo la receta para «la segunda transformación económica» del país (la primera habría sido la superación de la crisis industrial de los setenta y ochenta, gracias al Estatuto de Gernika y al Concierto Económico vigente). ¿Cuál es el riesgo? Incrementar la desconfianza entre Euskadi y el resto de España. El propio Alberdi reconoce que «el mercado español es más importante para Euskadi que todo el resto de países», aunque su peso disminuye en favor de la internacionalización. «Sea como sea, el resto de España es y será para Euskadi un cliente tan importante como el resto de la UE y mucho más que cualquiera de sus Estados miembros», pronostica el profesor Roberto Velasco.
En caso de conflicto abierto, la construcción y los servicios son sectores menos expuestos que la industria y el comercio. De las 6.135 empresas vascas que figuran en el Catálogo Industrial y de Exportadores (CIVEX), el 60% no se dedica a la exportación y una parte considerable trabaja en el ámbito de la economía española. El otro 40% son exportadores, casi la mitad con un lustro o menos de experiencia.
El Rey apoya a Mondragón
Entre las sociedades vascas que disponen de oficinas comerciales o de fábricas en el extranjero sobresale Mondragón Corporación Cooperativa (MCC), el mayor grupo industrial y comercial de Euskadi, en plena expansión internacional, lo cual no representa un seguro contra una eventual «guerra» comercial interna.
La hipótesis de que esto ocurra no parece temeraria: que se lo pregunten a los productores y exportadores de cava catalán, que «pincharon» durante la última campaña navideña: 12,3% menos de botellas vendidas en el área metropolitana de Madrid y efectos más reducidos en Andalucía y en otras áreas del interior de España, según la consultora IRI. Todo ello a causa del boicoteo aventado únicamente desde foros de Internet y tertulias varias, como reacción a las palabras de Josep Lluís Carod-Rovira, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), contra la candidatura olímpica de Madrid 2012.
Empresarios vascos tienen la mosca en la oreja tras la visita de los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, al grupo cooperativo de Mondragón en diciembre pasado, para inaugurar la ampliación de una fábrica de electrodomésticos y poner la primera piedra del polo tecnológico Garaia. «La razón de la visita del Rey fue la de contribuir a frenar la caída de ventas del grupo en el mercado español», asegura un miembro del Círculo de Empresarios, que descarta una «repentina conversión monárquica» del equipo dirigido por Jesús Catania.
El Rey se acercó a los periodistas para que les quedara claro el mensaje: «Habría que crear muchos grupos como las cooperativas de Mondragón en España», les dijo, en lo que fue interpretado como un gesto explícito hacia un grupo con marcas populares (Fagor, Eroski), muy expuestas a movimientos entre los consumidores.
Catania preside un pequeño grupo multinacional de más de 200 empresas y casi 72.000 empleados, de ellos el 48% en Euskadi, el 40% en el resto de España y los demás en el extranjero. Tras la visita real, él mismo pidió «a los políticos» que no añadan más incertidumbre al mundo económico. «La visita del Rey beneficia a todos», comentan prudentemente en el grupo Mondragón, sin entrar en si se nota o se teme la presión: «No nos posicionamos políticamente, ni a favor de Ibarretxe ni en contra de Zapatero, ni de nadie».
Otras empresas punteras aceleran también en la expansión internacional, como CAF, pero gran parte de su negocio sigue siendo el suministro de trenes a Renfe o al metro de Madrid. A su vez, directivos de Gamesa e ITP reconocen: «Si perdemos el mercado español y el europeo, cerramos», lo cual sería una absurda catástrofe en el campo de la ingeniería. «¿Y cómo se solucionaría un movimiento de retirada de fondos de las entidades financieras?», apunta el catedrático Mikel Buesa, vicepresidente del Foro Ermua y hermano de una de las víctimas de ETA.
«Lo más negativo es la inestabilidad social y política del proceso que el lehendakari ha puesto en marcha», resume Felipe Serrano, catedrático de la Universidad del País Vasco. A juicio del también profesor Roberto Velasco, hace falta incrementar la apuesta por la investigación y aprovechar el capital humano, pero también «recuperar los valores y el protagonismo que tradicionalmente ha jugado la iniciativa privada en Euskadi»; además de buscar consenso político y diálogo social.
Búsqueda de soluciones
Los planes del Gobierno tripartito implican costes económicos. El primero se refiere a la pérdida de cuotas de mercado y la consideración de proyectos de traslado fuera del territorio vasco, insinuados en ciertos medios. El segundo, las repercusiones sobre el empleo. Y a ello se añade la gestión de la Seguridad Social en el ámbito vasco.
En las últimas semanas, el ambiente creado por la apuesta política de Ibarretxe ha cerrado muchas bocas, en una actitud de prudencia extrema, que muestra la sensibilización al problema político. Medios empresariales creen que se buscan soluciones detrás de las bambalinas. Mientras, la patronal vasca, Confebask, ha optado por el silencio, tras haberse opuesto inicialmente al plan cuando fue consultada por el lehendakari en 2002. La oficina de la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, ha denegado la posibilidad de contrastar los planteamientos de empresarios y expertos sobre los costes del plan.
El portavoz económico del PNV en el Congreso, Pedro Azpiazu, resta importancia a los temores de los empresarios. «Ellos conocen lo que el PNV ha hecho por la actividad y el empleo y no deben tener dudas», afirma Azpiazu. «El autogobierno ha generado bienestar en Euskadi; lo que necesitamos ahora es blindar nuestras competencias con el nuevo estatuto para que no puedan ser desvirtuadas. No se puede hacer economía-ficción; no pretendemos la ruptura política ni económica; no queremos salir de Europa».
EL PAÍS, 7/3/2005