EL MUNDO 20/03/14
· El Gobierno confía en que aproveche la negativa para recular en sus aspiraciones, mientras que ERC cree que se elevará la tensión porque se les «empujará» a la ilegalidad.
· Coincidencia plena. Todas las fuerzas políticas se muestran satisfechas con el adelanto al próximo 8 de abril del debate sobre la consulta secesionista catalana.
Evidentemente, las razones de unos y otros no son las mismas, aunque al final se confluye en un acuerdo que, probablemente sea el único que vean los españoles en torno a esta cuestión.
Las fuerzas constitucionalistas –esencialmente PP, PSOE y UPyD– coinciden en pensar que la discusión parlamentaria y la posterior votación, en la que las tres garantizarán el no al traspaso de la competencia a la Generalitat para celebrar el 9 de noviembre la consulta secesionista, servirá para poner negro sobre blanco los argumentos esenciales recogidos en la Carta Magna y que reducen a absoluta ilegalidad el derecho a decidir que reclaman una parte de los catalanes.
En este sentido, los tres grupos se muestran de acuerdo en que el debate del 8 de abril servirá para «dejar claras las cosas», e incluso sugieren que tras la negativa que expresará un 86% del Congreso al referéndum, el presidente de la Generalitat Artur Mas, escudándose en la posición rotunda del Parlamento, podría encontrar una «vía de salida» al «callejón imposible» en el que se ha ido adentrando.
Admiten que esto último puede quedarse en mero deseo porque, como argumentan desde el PSOE, a estas alturas, tras los bandazos y cambios de actitud del president, resulta difícil anticipar la reacción que tendrá ante la posición mayoritaria que expresará la Cámara Baja.
En cualquier caso, los socialistas recalcan que es bueno que el Parlamento se pronuncie «cuanto antes» para «no dar más alas al enfrentamiento entre la Generalitat y el Gobierno».
Y advierten: «En caso de que PSOE y PP insistan en negar el derecho de la Generalitat y del Parlament a consultar a la ciudadanía catalana, la consulta se realizará bajo el amparo de la legalidad catalana y de la legislación internacional que reconoce el derecho de los pueblos a decidir libremente su futuro».
En el PP, y en el Ejecutivo, también defienden como necesario el debate inminente de las tres iniciativas catalanas en sede parlamentaria. Lo hacen por motivos «de Estado» y también, aunque rechacen expresarlo públicamente, por razones electorales.
Mantienen que en la discusión –protagonizada previsiblemente por el propio presidente Mariano Rajoy o, en su defecto, por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría– «se marcará nítidamente el camino de la legalidad» y esperan que Artur Mas «así lo comprenda». Señalan que si el president esperaba una señal que le permita retroceder en sus posiciones, la negativa del Parlamento debería ser la ocasión apropiada.
Para los populares, el adelanto del debate catalán es, además, muy oportuno porque les permitirá establecer con toda contundencia la posición del Gobierno antes de las elecciones europeas. «Quedará todo dicho y ratificado por los votos», señalan.
En CiU también se muestran satisfechos con la inminencia del debate. Aunque en esta formación se aprecian diversas sensibilidades, predomina la sensación de que la discusión parlamentaria podría servir para «desbloquear» una situación que se caracteriza por el inmovilismo, en su opinión, forzado por Rajoy. Desde Unió se cree incluso que el 8 de abril podría marcar un antes y un después, y que si se aprovecha con inteligencia y flexibilidad debería permitir la reanudación de un diálogo entre las partes.
El debate del 8 de abril marcará en cualquier caso oficialmente el inicio de la campaña de las europeas. Será por tanto un arranque potente para Rajoy, que defiende con toda firmeza la indisoluble unidad de la nación y el principio de soberanía indivisible en manos del conjunto del pueblo español.
Ayer mismo, el presidente defendió este planteamiento en su cara a cara parlamentario con el portavoz de ERC, Alfred Bosch, que nuevamente urgió al Gobierno a permitir el pronunciamiento en las urnas de los catalanes. Bosch incluso le tomó la palabra al jefe del Ejecutivo y le retó a convocar una consulta sobre la aspiración catalana a nivel nacional. «Yo no quiero una Cataluña empobrecida, que es adonde nos llevaría lo que algunos pretenden», replicó Rajoy, que insistió en que la comuniadd quedaría fuera de la UE, del euro o de la ONU. «Nadie se lo merece, ni siquiera usted, señor Bosch», señaló el presidente dirigiéndose al parlamentario independentista.
Para ERC, la negativa anunciada del Congreso a su demanda no será sino «un paso más». Aprueban el adelanto del debate porque temían que el asunto «se alargara hasta la eternidad», pero para ellos es evidente que la batalla continuará e incluso con «más tensión». «Nos gustaría que el proceso fuera legal pero está claro que el 8 de abril constataremos que nos empujan», avisan.
Este argumento coincide con el mantenido ayer en la sesión de control por Bosch cuando advirtió a Rajoy que si no cambia la luz del semáforo de rojo a verde y permite así a los catalanes cruzar la calle dentro de la legalidad, se verán obligados a buscar un «paso de cebra» alternativo.
Con estas palabras, el portavoz de ERC ya adelantaba con claridad su posición: la consulta debe celebrarse sí o sí y, en el caso de que arroje una respuesta mayoritariamente afirmativa a la independencia, apostarán por declararla unilateralmente constituyéndose como una República.
Desde ERC se añadía que, en su opinión, el día 8 de abril el Parlamento español tendrá la oportunidad de «evitar el conflicto democrático que se puede producir entre la legitimidad y legalidad del pueblo de Cataluña». Los republicanos independentistas catalanes creen que autorizando la consulta PSOE y PP no sólo evitarían el choque de trenes sino que, además, «podrían hacer campaña por el no», en tanto que ellos podrían hacerlo por el sí y, finalmente, sería el pueblo de Cataluña quien decidiera.
EL MUNDO 20/03/14