El órdago de Mas topa con el recelo de la sociedad

EL MUNDO 27/06/13

· El Govern admite «divergencias» sobre la «solución final» que plantee la consulta.

Más reticencias que apoyos, más matices que palmadas en la espalda. El Govern diseñó el Pacto Nacional por el derecho a decidir como el gran escaparate para proyectar la unidad en torno al proceso soberanista, pero su cumbre constitutiva sirvió más bien para revelar que el objetivo de la independencia, que CiU y ERC plantean como única meta de la presente legislatura, no es, precisamente, el horizonte predilecto de la sociedad civil catalana.

La cita se presentaba notablemente maltrecha después de que el PSC y la patronal Fomento del Trabajo declinaran acudir y sumaran su ausencia a la de PP y Ciutadans, quienes nunca llegaron siquiera a flirtear con su presencia. Sin embargo, el Ejecutivo catalán buscaba mantener la tensión sobre una reunión llamada a envolver la apuesta secesionista de Artur Mas en un apoyo transversal de los sectores económicos y asociativos de la comunidad. Las expectativas del Govern quedaron lejos de verse satisfechas a tenor de su pobre valoración del encuentro. Tras casi tres horas de diálogo con los 57 ponentes aglutinados en representación de unas 50 entidades y partidos, el portavoz del Govern, Francesc Homs, resumió en escasos 15 minutos la cita. Estuvo parco el también conseller de Presidencia porque pocas fueron las conclusiones a narrar.

Por ello, y porque la más destacada fue que el Ejecutivo catalán constató las «divergencias» sobre «la solución final» a la que debe conducir la consulta. No obstante, Homs prefirió destacar el mínimo común denominador expresado: «La pluralidad de opciones se diriman votando». «Incluso, ha habido intervenciones diciendo que el día que se pueda votar, no fijarán posiciones», precisó.

En la cumbre estaban representadas patronales como PIMEC o Fepime, los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, o los presidentes de las cuatro diputaciones provinciales. Pero todos ellos rehusaron dar la cara tras el encuentro. Lo mismo hizo ERC. Únicamente el consejo de cámaras de comercio marcó su postura mediante un comunicado en el que pidió «plenas garantías legales» y un «resultado vinculante» para la futurible consulta y alertó de que el «principal riesgo del proceso es la incerteza que pueda paralizar las decisiones de inversión».

Entre los frutos de la cumbre ni tan sólo puede contarse la creación de un manifiesto que marque la hoja de ruta. Sólo se acordó encargar dicho cometido al ex presidente del Parlament Joan Rigol, que deberá aglutinar el diverso y hasta contradictorio sentir de los presentes y plasmarlo en un documento de consenso que verá la luz en las próximas semanas.

En ese plazo se concretará también el segundo mandato que salió de la cita, y que viene a satisfacer las aspiraciones de ERC: trasladar formalmente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la voluntad expresada en la cumbre de que Cataluña pueda decidir su futuro político en las urnas. El Govern expondrá en una misiva las cinco vías que, a su entender, podrían propiciar una consulta legal. Pues éste, el de la «legislación vigente», y el «diálogo» fue el paraguas que ayer Homs presentó como el perseguido. Antes de que Rajoy responda, CiU ya alertó a través de su portavoz, Jordi Turull, de que «no hay marcha atrás» en el camino hacia la consulta.

No del todo ajeno al Pacto Nacional permaneció el PSC. Fabian Mohedano, miembro de la ejecutiva y del sector catalanista del partido que exigía la presencia en la cumbre, acudió como secretario general de Movimiento Laico Progresista. Sin infiltrados vivió la cita el PP, quien censuró el «montaje por el derecho a dividir». Tampoco Ciutadans, quien diagnosticó que Cataluña no cuenta con Govern, sino con un «comité de operaciones separatistas» obsesionado con las «performances».

 

Cinco posibles vías para convocar la consulta legal

El Gobierno catalán no cesa en su empeño de agotar todas las fórmulas disponibles para poder realizar una consulta sobre el derecho a decidir amparada por la actual normativa. El director del Instituto de Estudios Autonómicos, Carles Viver i Pi-Sunyer, expuso ayer en el Parlamentlas cinco vías que este organismo considera que existen para convocar un referéndum soberanista, pese a calificar de «imposible» el encaje constitucional de Cataluña en España. En concreto, las propuestas del Instituto son:

· Aplicar el artículo 92 de la Constitución para que el Estado convoque un referéndum sólo en Cataluña.

· Traspasar la competencia de convocar referendos a través del artículo 150.2 de la Constitución.

· Utilizar la Ley de Consultas por Vía de Referéndum, que está en vigor, aunque está recurrida por el Estado.

· Aplicar la Ley de Consultas distintas al referéndum que se está elaborando en el Parlament catalán y que, según Viver i Pi-Sunyer, está amparada por el Estatut.

· Modificar la Constitución.

Además, el director del Instituto de Estudios Autonómicos, que fue magistrado y vicepresidente del Tribunal Constitucional, reclamó un «respeto escrupuloso» por el Estado de Derecho, pese a que recordó el «principio democrático» que tiene toda sociedad a decidir su futuro. Pi-Sunyer también destacó que «no se puede mantener la tesis de que la Constitución impone un criterio restrictivo por lo que respecta a los mecanismos de participación política», y recordó que la mayoría de países «potencian mecanismos de regeneración democrática», como las consultas o las preguntas a los ciudadanos. En este sentido, afirmó que son «complementos necesarios de la democracia representativa».

Viver Pi-Sunyer también indicó ante la Comisión parlamentaria de Asuntos Institucionales que «los problemas jurídicos son superables si hay voluntad jurídica», por lo que reclamó diálogo del Govern con el Estado para hacer la consulta. Además, explicó que las cinco vías se pueden desarrollar de forma simultánea y recordó que su informe no es vinculante.

EL MUNDO 27/06/13