EL MUNDO 27/06/13
· El Govern admite «divergencias» sobre la «solución final» que plantee la consulta.
Más reticencias que apoyos, más matices que palmadas en la espalda. El Govern diseñó el Pacto Nacional por el derecho a decidir como el gran escaparate para proyectar la unidad en torno al proceso soberanista, pero su cumbre constitutiva sirvió más bien para revelar que el objetivo de la independencia, que CiU y ERC plantean como única meta de la presente legislatura, no es, precisamente, el horizonte predilecto de la sociedad civil catalana.
La cita se presentaba notablemente maltrecha después de que el PSC y la patronal Fomento del Trabajo declinaran acudir y sumaran su ausencia a la de PP y Ciutadans, quienes nunca llegaron siquiera a flirtear con su presencia. Sin embargo, el Ejecutivo catalán buscaba mantener la tensión sobre una reunión llamada a envolver la apuesta secesionista de Artur Mas en un apoyo transversal de los sectores económicos y asociativos de la comunidad. Las expectativas del Govern quedaron lejos de verse satisfechas a tenor de su pobre valoración del encuentro. Tras casi tres horas de diálogo con los 57 ponentes aglutinados en representación de unas 50 entidades y partidos, el portavoz del Govern, Francesc Homs, resumió en escasos 15 minutos la cita. Estuvo parco el también conseller de Presidencia porque pocas fueron las conclusiones a narrar.
Por ello, y porque la más destacada fue que el Ejecutivo catalán constató las «divergencias» sobre «la solución final» a la que debe conducir la consulta. No obstante, Homs prefirió destacar el mínimo común denominador expresado: «La pluralidad de opciones se diriman votando». «Incluso, ha habido intervenciones diciendo que el día que se pueda votar, no fijarán posiciones», precisó.
En la cumbre estaban representadas patronales como PIMEC o Fepime, los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, o los presidentes de las cuatro diputaciones provinciales. Pero todos ellos rehusaron dar la cara tras el encuentro. Lo mismo hizo ERC. Únicamente el consejo de cámaras de comercio marcó su postura mediante un comunicado en el que pidió «plenas garantías legales» y un «resultado vinculante» para la futurible consulta y alertó de que el «principal riesgo del proceso es la incerteza que pueda paralizar las decisiones de inversión».
Entre los frutos de la cumbre ni tan sólo puede contarse la creación de un manifiesto que marque la hoja de ruta. Sólo se acordó encargar dicho cometido al ex presidente del Parlament Joan Rigol, que deberá aglutinar el diverso y hasta contradictorio sentir de los presentes y plasmarlo en un documento de consenso que verá la luz en las próximas semanas.
En ese plazo se concretará también el segundo mandato que salió de la cita, y que viene a satisfacer las aspiraciones de ERC: trasladar formalmente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la voluntad expresada en la cumbre de que Cataluña pueda decidir su futuro político en las urnas. El Govern expondrá en una misiva las cinco vías que, a su entender, podrían propiciar una consulta legal. Pues éste, el de la «legislación vigente», y el «diálogo» fue el paraguas que ayer Homs presentó como el perseguido. Antes de que Rajoy responda, CiU ya alertó a través de su portavoz, Jordi Turull, de que «no hay marcha atrás» en el camino hacia la consulta.
No del todo ajeno al Pacto Nacional permaneció el PSC. Fabian Mohedano, miembro de la ejecutiva y del sector catalanista del partido que exigía la presencia en la cumbre, acudió como secretario general de Movimiento Laico Progresista. Sin infiltrados vivió la cita el PP, quien censuró el «montaje por el derecho a dividir». Tampoco Ciutadans, quien diagnosticó que Cataluña no cuenta con Govern, sino con un «comité de operaciones separatistas» obsesionado con las «performances».