En vez de dirigirse directamente a la nación en una comparecencia pública desde el palacio de La Moncloa, o a las Cortes en un sesión del Congreso de los Diputados, el presidente ha utilizado las redes sociales para anunciar una suerte de apartamiento temporal de sus funciones constitucionales durante unos días en los que va a dedicarse exclusivamente a reflexionar sobre su continuidad o no en el cargo. El lunes anunciará su decisión, primero al Rey y después a la ciudadanía.

Durante ese tiempo habrá que entender aplicable el artículo 13 de la ley de Gobierno, que prevé que, en ausencia o enfermedad del presidente, asumirá sus funciones el titular de la vicepresidencia primera. El precepto está previsto para casos de desplazamientos del presidente fuera de España por razones del cargo, para supuestos de enfermedad y también para las vacaciones. Las funciones presidenciales deben estar siempre cubiertas. La situación de estos días, aunque carece de precedentes, debe interpretarse por analogía como unas vacaciones o una enfermedad.

Las razones aducidas parecen desproporcionadas en relación a una posible dimisión. La apertura de unas diligencias judiciales de investigación a su esposa sobre un eventual delito de tráfico de influencias no es previsible que tenga largo recorrido. Las acusaciones del presidente a los medios de comunicación no son admisibles en una sociedad democrática. Los medios no han acusado a la mujer de Sánchez, se han limitado a informar de algunos hechos de los que no cabe deducir en principio ningún ilícito penal (para eso está la investigación judicial), pero que sí implican una falta de prudencia. En todo caso, de lo publicado cabe deducir un reproche ético, pero no penal. A salvo de que haya otros hechos que la opinión pública desconozca.

Me parece más plausible que las razones que explican la carta no son las que en ella figuran, sino otras. El presidente es consciente de que ha conducido al país a una situación de ingobernabilidad material. La inconstitucional renuncia del Gobierno a presentar un proyecto de Presupuestos es un significativo síntoma de ello. El Parlamento está inoperante, centrado exclusivamente en la tramitación de la amnistía. No se aprueban leyes ni se desarrolla un programa de gobierno digno de tal nombre.

La dependencia gubernamental de fuerzas políticas separatistas y abiertamente contrarias al orden constitucional hace imposible la gobernación del país. Y, en ese contexto, la carta de Sánchez es una apelación típicamente populista dirigida a sus partidarios para cerrar filas. Se trata de un órdago. En otro caso, habría presentado su dimisión sin más preámbulos.

En este contexto, el lunes nos encontraremos con uno de estos cuatro posibles escenarios. El primero, que Sánchez comunique su decisión de continuar en el cargo. El segundo, que haga pública su decisión irrevocable e inmediata de dimitir. En ese eventual supuesto, por segunda vez en la historia de nuestra democracia (la primera fue el 29 de enero de 1981 cuando dimitió el presidente Adolfo Suárez), sin previa celebración de elecciones deberá aplicarse el artículo 99 de la Constitución y el Rey iniciará las preceptivas rondas de consultas para proponer un candidato a la presidencia del Gobierno.

El tercero, que anuncie que permanecerá en el cargo hasta el 5 de junio, fecha en la que puede disolver las Cortes y convocar elecciones generales para el 28 de julio. Esta demora es obligada porque la Constitución impide disolver las Cortes hasta transcurrido un año desde la última decisión de ese tipo, que tuvo lugar el 29 de mayo pasado. Un cuarto y último escenario sería que anunciase la intención de someterse a una cuestión de confianza (artículo 112 de la Constitución), como expediente constitucional para encauzar el órdago lanzado en su carta. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados.

Sea de ello lo que fuere, lo ocurrido pone de manifiesto que vivimos una situación de inestabilidad muy preocupante. Inestabilidad que tiene por causa el hecho de que la mayoría que sostiene al Gobierno carece de un programa que vaya más allá de la amnistía y la confederalización del Estado. Así es imposible gobernar. Esto es lo que explicaría la sorprendente carta presidencial y no las informaciones publicadas sobre su mujer.