ABC – 27/02/15
· La hacienda propia no se ajusta al Estatuto ni a la Constitución, según el Consejo de Garantías.
· Patrimonio español El órgano rechaza el asalto al patrimonio español y el control de la seguridad de infraestructuras básicas.
Nuevo varapalo al proceso secesionista de Artur Mas. Un día después de que el Tribunal Constitucional (TC) tumbara la ley de consultas y el decreto de convocatoria del 9-N, el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) de la Generalitat emite un dictamen en el que rechaza las «estructuras de estado» que el Gobierno catalán quiere crear de cara a una virtual independencia de Cataluña.
Este órgano, encargado de velar por el ajuste de las leyes catalanas al Estatuto de Autonomía y la Constitución, niega a la Generalitat su pretensión de constituir una hacienda propia que gestione todos los tributos, propios y estatales, y de crear una Agencia Catalana de Seguridad Social. También rechaza los preparativos para asumir la seguridad de las infraestructuras básicas –nucleares, transporte, luz…–, así como la pretensión del Ejecutivo de Mas de hacer un inventario del patrimonio nacional en Cataluña con la finalidad, tal como avanzó ABC, de proceder a un reparto equitativo como establece la Convención de Viena.
«Punto y final»
La resolución del CGE, una especie de «tribunal constitucional a la catalana» regulado en el Estatuto, responde a una petición de dictamen del Grupo Parlamentario Popular sobre la ley de medidas fiscales, financieras y administrativas, conocida como la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2015. El portavoz del PP en el Parlamento catalá, Enric Millo, aseguró que tras la resolución del Consejo, la «columna vertebral» del proceso independentista «se ha roto», lo que supone el «punto y final» a una «aventura separatista irracional e ilegal».
El Consejo falla contra cinco enmiendas pactadas por CiU y ERC, socios en el proyecto independentista catalán. Sobre la ley tributaria de Cataluña, cuyo fin es la independencia fiscal, el Consejo recuerda que el Tribunal Constitucional ha avalado la regulación autonómica de determinados aspectos de los tributos cedidos, pese a advertir de que ésta deberá hacerse en el marco establecido por el Estado, determinado por la Lofca (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidad Autónomas) y precisado en la correspondiente ley de cesión de tributos»,
Así pues, dice el CGE, «toda extralimitación en el ámbito de la cesión de tributos comporta la inconstitucionalidad de las normas autonómicas». Y, en el caso del proyecto catalán, la gestión alcanzaría a los tributos estatales no cedidos. Los miembros del CGE dejan muy claro que la Seguridad Social forma parte del «ámbito competencial de titularidad exclusiva del Estado» por lo que la creación de una Agencia catalana no puede equivaler al traspaso directo de esas competencias.
«Esta posibilidad solo se puede operar a través de los correspondientes mecanismos de transferencia o delegación a las comunidades autónomas, mediante una ley orgánica». Sobre el proyecto de Ley de patrimonio de la Generalitat, que prevé un inventario del patrimonio del Estado en Cataluña, el CGE precisa que la Generalitat es competente para detallar el conjunto de bienes de «las administraciones públicas de Cataluña», pero «en ningún caso, la regulación se podrá hacer extensiva a las administraciones públicos del Estado», porque «se extralimitaría competencialmente». Sobre la Convención de Viena invocada en caso de independencia de Cataluña con la finalidad de «repartir equitativamente» esos bienes, recuerda el Consejo que la citada convención «no ha sido ratificada por España».
El dictamen añade que el legislador catalán «no puede requerir al Gobierno para que, en el actual marco constitucional y estatutario, elabore un proyecto de ley» sobre seguridad pública» que ponga en manos de los Mossos d’Esquadra el control de las infraestructuras estratégicas de Cataluña, pues se trata de una «competencia exclusiva del Estado».
ABC – 27/02/15