El cuadro macroeconómico presentado por el Gobierno y las líneas generales del plan de reformas —comunicado por Pedro Sánchez en Moncloa y no en el Congreso— nos imponen una tarea patriótica hercúlea. No se trata de un patriotismo de bandera y grito. Se trata de otro: del de la responsabilidad, de la solidaridad con los más débiles y vulnerables, del compromiso con el proyecto común de los españoles. Las cifras y porcentajes son tan expresivos que relevarían de apelaciones a la unidad y al sentido solidario que España requiere en su clase política y dirigente.

La caída del PIB será del 11,2%; el paro se encaramará por encima del 17%; el consumo descenderá un 12%; la inversión se contraerá por encima del 18%; las exportaciones disminuirán un 22%; el déficit público escalará a más del 11%, y nuestro endeudamiento podría llegar al 120% de nuestra riqueza nacional. Todas estas previsiones, además, están sometidas a que la pandemia y acontecimientos políticos decisivos (como las elecciones presidenciales en Estados Unidos el 3 de noviembre) no produzcan convulsiones adicionales a las que ya padecemos.

Si queremos que España supere este gravísimo trance, hay que aplicar coherencia política e institucional. Es el momento de remediar las fragilidades del sistema constitucional que desde determinados partidos se alientan sin descanso. O en otras palabras, no podemos rescatar España si el Gobierno y el Partido Popular no alcanzan un acuerdo que libere el país de los que lo maltratan, de aquellos que quieren quebrarlo territorialmente, de las fuerzas políticas centrífugas cuyo objetivo es construir sus proyectos divisivos sobre las ruinas de nuestro trabajado modelo de convivencia tras las anormalidades históricas del siglo pasado: una Restauración monárquica fallida, una II República fracasada, una Guerra Civil de tres años y un régimen dictatorial de casi 40.

Necesitamos para eso que el PSOE sea el mejor PSOE —que es, sin duda el que contribuyó decisivamente al pacto de la Transición— y que el PP recupere su identidad y se comporte como un partido de Estado y construya una alternativa verosímil. Quizá los dirigentes del PSOE y del PP debieran conocer mejor las aspiraciones de sus electores. Según la última encuesta de Metroscopia (6 de octubre), el 65% de los consultados vería como aceptable un acuerdo presupuestario del Gobierno con Ciudadanos, y el 59% con el PP. El porcentaje de aceptabilidad cae respecto de un pacto también con el PNV (este partido en la imagen colectiva aparece como mercantilista) y se queda en el 47%. Pero el rechazo es abierto al pacto con ERC (solo aceptable para el 35% de los consultados) y más aún con Bildu (lo aceptaría el 26%) y con Vox (contaría con el visto bueno de un escuálido 25%).

Los resultados de este sondeo permiten suponer que los ciudadanos están más y mejor orientados que la clase política. Y el dictamen popular consiste en que ni ERC, ni Bildu ni Vox son fiables para avalar nada menos que unos Presupuestos Generales que se quieren adjetivar —y lo son— ‘de país’ y particularmente excepcionales. Se estaría imponiendo —también por los desgarros que produce la pandemia del coronavirus— una voluntad ciudadana que rechaza severamente la polarización política y la competición desaforada entre distintas instancias de poder. Existe un veredicto de culpabilidad de la crispación política y otro de exigencia severa con aquellas formaciones —extremistas e independentistas— cuyos objetivos confesados consisten en descalabrar el sistema constitucional.

Esquerra Republicana de Catalunya es una formación independentista, con antecedentes históricos etnonacionalistas y autoritarios (véase el caso póstumo de Heribert Barrera y las adhesiones de Torra al filofascismo secesionista del primer tercio del siglo pasado), EH Bildu sigue apadrinando las tesis justificativas de la banda terrorista ETA, además de profesar un independentismo que, aunque tintado de izquierdismo, bebe de las fuentes xenófobas de ese fundador universal de todo el nacionalismo vasco que fue Sabino Arana, y Vox representa la España reaccionaria y atrabiliaria que dejamos atrás cuando se alumbró la Constitución de 1978. ¿Cómo van a trabajar esos partidos en un proyecto presupuestario que tiene el propósito de rescatar España cuando el suyo es derruirla?

El cuadro macroeconómico presentado por el Gobierno y el plan de reformas (que habrá de concretarse en el mes de abril del año que viene) requieren del aval europeo, y la Unión está hoy regida por una coalición de socialistas, populares y liberales. España tiene que ser coherente con ese directorio europeo de fuerzas vertebrales y alinearse internamente con ellas a través de acuerdos políticos transversales en los que el PSOE y el PP encuentren puntos de conexión que nos libren de los partidos destructores. Si no lo hacen, y a la vista de esas cifras tan escalofriantes, contraerían una responsabilidad de lesa patria y, por lo tanto, imperdonable.

Concretamente, el Gobierno no puede seguir en complicidad con las organizaciones que maltratan el país, trabajan en deteriorar su imagen internacional, atentan verbal y gestualmente contra la Constitución (lo hicieron en 2017, delictivamente) y pretenden blanquear el horror terrorista que ha durado medio siglo. Tampoco debieran tener protagonismo aquellos que nos quieren devolver a la España reaccionaria del siglo XIX.

Aquí hay que aplicar el patriotismo de la solidaridad, no el de la épica, la bandera, el himno y la exclamación. Un patriotismo racional y solidario, integrado en un sistema democrático que una minoría no tiene derecho a arrebatar a la mayoría de los ciudadanos. Es una contradicción insuperable reconstruir el país con quienes desean dinamitarlo.