El papelón de los Álvaros

La Junta de Fiscales del Supremo acaba de comprar boletos para ingresar por méritos propios en la fachosfera. Resulta que esta institución ha puesto de color bermellón la cara de los Álvaros: don Alvarone García Ortiz, fiscal general del Estado, y Álvaro Redondo que, siguiendo las instrucciones de aquel de quien depende la Fiscalía, como sentenció Pedro Sánchez, se había autoenmendado, al estilo de la casa, para exonerar a Carles Puigdemont del delito de terrorismo, justo lo contrario de lo que dijo 72 horas antes. Pues este segundo informe del fiscal del Supremo, que le había obligado a arrastrar mucho la toga por el polvo del camino sanchista, ha sido tumbado por la Junta de Fiscales por una amplia mayoría de doce frente a tres. Es decir, el Ministerio Público aprecia delitos de terrorismo en el socio del presidente y en el fugado Wagensber: lo que defiende el juez García-Castellón y contra lo que dispara todo el orfeón presidencial, en una vergonzosa unanimidad para salvar el trasero a Su Sanchidad.

El revolcón a Sánchez de la pasada semana no se podía repetir así que Moncloa había dado orden de que la Fiscalía neutralizara la labor del magistrado en el sumario sobre Tsunami y los indicios por terrorismo contra Puigdemont y Marta Rovira. Que hay que obligar al fiscal Redondo a cambiar de opinión tras ser apercibido por otro Álvaro (García Ortiz), pues se hace y listo. Si eso no funciona, siempre se podrá cambiar el Código Penal y convertir la escandalera de la ley del ‘solo sí es sí’ en una broma pesada, cuando empiecen a salir de las cárceles las decenas de yihadistas que están en la trena «solo» por preparar explosivos, lo mismo que hicieron las hordas dirigidas por la Generalitat en 2019, tras la sentencia del Supremo contra el procés.

El tal Redondo ya firmó el 26 de enero un escrito que sostenía que «la participación de Puigdemont en las conductas consistentes en realizar actos que afectaron a dichos bienes jurídicos, con la evidente intención de atentar gravemente contra la paz pública, puede considerarse como ilícito penal, y concretamente como delito de terrorismo». Pero hace unos días, tras hablar con su jefe, donde dije digo, digo Diego (o Carles). Ayer el Consejo Fiscal le dio un pescozón que, en cualquier servidor público, supondría un desdoro del que es difícil recuperarse. Pero ya les digo que los Álvaros no se darán por aludidos.

A Sánchez solo le interesa la justicia en la medida en que pueda controlarla enteramente. Por eso, todas esas declaraciones pretendidamente consternadas por el incumplimiento de la Constitución por parte del PP por no proceder a la renovación del CGPj son mentira cochina. Porque, aunque el Consejo no tenga ninguna labor jurisdiccional, de su pleno dependen los nombramientos de puestos clave en los órganos judiciales. Solo colonizándolo completamente –al estilo del CIS, la Abogacía del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General, el Tribunal Constitucional– Sánchez tendría el camino expedito para hacer cualquier concesión a Puigdemont sin tener que topar con los jueces que no deben su toga al poder político. Ahora, que sume también a los fiscales del Supremo.

Por eso, Bolaños no acepta las propuestas de renovación hechas por el PP, que atienden a la directiva europea que marca que, al menos, la mitad de los vocales sean elegidos por los propios jueces. Si de verdad creyera en la imperiosa reposición, ya lo habría aceptado sin necesidad de acudir, junto a González Pons, a la terapia de pareja que les administró la semana pasada el comisario Reynders. Por eso es tan escandaloso que mientras se hace el buenecito en Bruselas, el Gobierno siga negociando, también en Bélgica, con el casero de Moncloa y su rottweiler, Miriam Nogueras.

En resumidas cuentas, hubo terrorismo en Tsunami y su cabeza visible era Carles. Y el papelón de los Álvaros es de cese inmediato. Pero no pasa nada: ya se le ocurrirá a Pedro otra maniobra más, no vaya a ser que su poltrona huela a pólvora.