EDITORIAL EL MUNDO – 06/05/17
· Se trata de una pantomima irresponsable sobre la que no merecería la pena el más mínimo comentario. Pero es una pantomima irresponsable organizada por una institución democráticamente elegida, el Parlamento de Cataluña, lo que la convierte en una cuestión grave. Nos referimos a la comisión que pretende crear la mayoría independentista de esa Cámara para investigar lo que denominan la Operación Cataluña, un supuesto complot político, mediático, policial y judicial orquestado por el Estado contra el procés. Nada más y nada menos.
La excusa de los independentistas para la creación de esta comisión son las conversaciones filtradas entre el anterior ministro de Interior Jorge Fernández Díaz con el ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso. A partir de ahí el Parlament quiere organizar un proceso para averiguar los recursos públicos y fondos reservados invertidos por el Gobierno para «investigar a políticos catalanes y frenar el proceso soberanista». Es decir, Junts pel Sí y la CUP se descubren porque ya tienen las conclusiones sacadas antes del inicio de la supuesta investigación. Por eso decimos que lo que en realidad pretenden es organizar una pantomima, un «engaño o fingimiento para ocultar una cosa», como define ese término el Diccionario de la Real Academia Española.
A esa comisión está llamado el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a quien la CUP denomina «el jefe de la cloaca del Reino de España» para justificar su comparecencia –presencia, por cierto a la que sólo se ha opuesto el PP, mientras que Ciudadanos se ha abstenido de forma incomprensible– en el Parlament. Junto a Rajoy se encuentran Soraya Sáenz de Santamaría, los dos últimos ministros del Interior, Alicia Sánchez-Camacho, representantes de la agencia de detectives Método 3, miembros de las últimas cúpulas policiales, ex jefes de la Unidad de Delincuencia Económica de la Guardia Civil, la ex amante de Jordi Pujol Ferrusola, el ex presidente de la Banca Privada de Andorra y algunos abogados y empresarios. En medio de este batiburrillo los independentistas han incluido a algunos profesionales de los medios de comunicación.
No está claro si los altos cargos tienen la obligación de acudir –la Abogacía del Estado consideró en su momento que Fernández Díaz y Cristóbal Montoro no debían presentarse en la comisión de investigación sobre la fortuna de Jordi Pujol–, pero unos políticos que se jactan de desobedecer las leyes del Estado que no les convienen, no tienen fuerza moral para exigir su cumplimiento a otros. Lo más sensato sería, pues, que muchos de los citados no se prestaran al espectáculo y que la comisión cayera por su propio peso, que es lo previsiblemente va a suceder.
Pero este episodio de funambulismo político-mediático no puede desviarnos de la realidad, porque la Generalitat continúa dando pasos en irresponsable desafío al Estado. Ya ha anunciado que va a licitar la contratación de 8.000 urnas para la celebración del referéndum, cuando los independentistas saben que el Tribunal Constitucional ha paralizado cualquier partida de los Presupuestos que se destinen al proceso soberanista. Aunque en un alarde de valentía, en la convocatoria oficial del concurso no se especifique qué uso se dará a esas urnas, como publicamos hoy.
Con todo, lo importante es que la respuesta del Estado también sigue su curso. El próximo lunes deberán comparecer en calidad de investigadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la secretaria primera de la Cámara, Anna Simó, por permitir votar varias resoluciones soberanistas los pasados 5 y 6 de octubre de 2016, a sabiendas de que el Tribunal Constitucional había prohibido en julio de ese mismo año cualquier acto vinculado con el proceso separatista. Y con Forcadell, ya hay varios políticos catalanes imputados o condenados en distintas causas, entre ellos, el ex president Artur Mas.
Haría mejor el independentismo en dedicar esos recursos a investigar de verdad las responsabilidades políticas en los años de Jordi Pujol y de Artur Mas, con comportamientos que convirtieron la Generalitat en un lodazal de corrupción. Como dice el viejo proverbio chino, los necios se fijan en el dedo pero no miran a la luna que apunta.
EDITORIAL EL MUNDO – 06/05/17