ABC – 10/12/15
· La Mesa de la Cámara catalana ha pedido un informe jurídico sobre los efectos del fallo.
· Junts pel Sí y la CUP se reunirán cada día hasta el 22 de diciembre para negociar la investidura de Mas.
«La decisión del Tribunal Constitucional no anula la voluntad de un pueblo». Con esta réplica el presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, despachaba la semana pasada la sentencia del alto tribunal que anuló la declaración de ruptura que el Parlament aprobó el pasado 9 de noviembre con los votos de Junt pel Sí y la CUP.
La presidenta de la Cámara autonómica, la también independentista Carme Forcadell, repitió la consigna de Mas. «Seguimos adelante», abundó el «president». Pero ni él –aún negociando con la CUP su «sí» a la investirle–, ni el Parlamento catalán osan mover ficha para concretar los pasos que anunciaron en la resolución impugnada; un camino que debía llevar a la independencia en 18 meses. Al final resultará cierto lo que la Cámara catalana alegó ante el TC cuando suspendió cautelarmente la declaración y notificó –aviso a navegantes– su fallo a los miembros de la Mesa, al presidente Mas y a su gobierno. «Es una declaración de intenciones, la expresión de una voluntad», argumentó el Parlamento.
La Mesa del Parlamento catalán comunicó ayer que «ha tomado nota» de la sentencia del TC que anula su resolución rupturista, que se publicará en breve en su boletín. E informó de que ampliará el encargo de un informe jurídico sobre sus posibles consecuencias que ya hizo cuando la citada declaración fue suspendida de forma cautelar, el pasado 11 de noviembre.
Asimimismo, la Mesa también admitió ayer a trámite la solicitud del grupo parlamentario del PP para que el presidente Mas comparezca ante el pleno para que informe sobre las consecuencias en los planes de su gobierno del citado fallo del alto tribunal.
La declaración de ruptura impulsada por JpS y la CUP instaba a iniciar en el plazo máximo de un mes la tramitación de leyes que concretarían la anhelada «desconexión» con el Estado. Como la de la Seguridad Social o la de la Hacienda propia. Sin embargo, más allá de que exista la voluntad/coraje de llevar a cabo estos planes, el hecho de que la Generalitat siga con un gobierno en funciones imposibilita grandes gestos. El ejecutivo no puede presentar proyectos de ley –aunque sí decretos leyes–, y el Parlamento no puede tramitar iniciativas legislativas hasta que no se constituyan sus comisiones, lo que exige de un nuevo gobierno investido.
Por ahora, las negociaciones entre Junts pel Sí y la CUP de cara a investir a Mas, a cambio de un plan de choque social, avanzan. Los negociadores de cada formación acordaron ayer reunirse cada día hasta el 22 de diciembre para intentar llegar a un acuerdo que la CUP someterá a votación en su asamblea del 27 de diciembre. El plazo límite para llegar a una entente es el 10 de enero. Si no, habrá que convocar nuevas elecciones.
Desde Junts pel Sí se lanzan estos días mensajes de optimismo que auguran un final con pacto para la investidura de Mas. Con todo, desde la CUP se sigue marcando distancias y para hoy mismo han convocado una rueda de prensa para denunciar que el Gobierno catalán en funciones sigue avanzando en proyectos sanitarios que los antisistema censuran, como privatizaciones o externalizaciones de servicios sanitarios.
Por otra parte, la Generalitat anunció ayer que el Gobierno catalán coordinará , junto a los asociaciones de municipios independentistas (ACM y AMI), la actuación que lleven a cabo los ayuntamientos investigados por la Audiencia Nacional a raíz de aprobar mociones de apoyo a la declaración de ruptura del Parlamento anulada por el TC.
ABC – 10/12/15