El Parlamento exige a la izquierda abertzale que asuma el daño causado por apoyar a ETA

EL CORREO 23/03/13

· El pleno sobre el ‘conflicto’ convocado por EH Bildu deriva en un duro reproche a la antigua Batasuna al no reconocer el «sufrimiento» de décadas de terrorismo.

VITORIA. El pleno monográfico convocado a petición de EH Bildu en el Parlamento vasco para abordar la «resolución del conflicto» derivó ayer en una exigencia unánime a la izquierda abertzale para que asuma el «sufrimiento causado» por tres décadas de terrorismo y reconozca su «responsabilidad» en los crímenes de ETA. PNV, PSE y PP sacaron adelante un texto en el que subrayan que «la paz y convivencia futura» requieren la asunción «de la injusticia de la violencia», así como el reconocimiento del «daño causado» y de la «dignidad de las víctimas». El documento es el mismo que esos tres partidos suscribieron al final de la pasada legislatura, junto al representante de Ezker Anitza y tres parlamentarios de Aralar –que fueron expulsados de la formación–, y que estableció el «suelo ético» para la ponencia de paz. Aquel acuerdo se convirtió en el primero que, de forma transversal, firmaban partidos de diferentes sensibilidades políticas para comenzar a abordar el pasado de violencia en Euskadi.

Con la abstención de UPyD y de la propia EH Bildu –la coalición intentó que el documento se votará dividido por puntos para apoyar alguno de ellos–, los partidos volvieron ayer a dar valor a aquel texto justo cuando la puesta en marcha de la ponencia de paz y convivencia para esta legislatura permanece bloqueada por las continuas polémicas que protagonizan el PP y la izquierda abertzale. Tres de las cuatro grandes sensibilidades políticas respaldaron una declaración en la que se subraya que «ni una sola causa política» puede quedar «por encima de los principios básicos de la ética y el respeto a los derechos humanos» y que «la vida» es «siempre superior» a cualquier «idea política o a la razón de Estado». E insistieron en la defensa de la «pluralidad de la sociedad vasca» y el compromiso con «la palabra, el diálogo y la búsqueda de acuerdos». «Ni la violencia ni la imposición sirven para resolver las diferencias».

La sesión se convirtió en un reproche continuo a la izquierda abertzale por haber «respaldado» o «permanecido en silencio» ante la actividad criminal de ETA. Todos los portavoces del resto de fuerzas, Joseba Egibar (PNV), Rodolfo Ares (PSE), Antonio Basagoiti (PP) y Gorka Maneiro (UPyD), subrayaron la necesidad de que la antigua Batasuna reconozca «su responsabilidad» y deje de permanecer como si todos estos años hubiera sido «un mero observador». Las críticas le llegaron a EH Bildu en las más variadas formas, aunque con un nexo común: la necesidad de que la izquierda abertzale, ahora trasformada en Sortu, reconozca su «culpa» por décadas de «sufrimiento».

Egibar subrayó la exigencia de que la antigua Batasuna lleve a cabo una «valoración ética» de su comportamiento porque, de no hacerlo, parecerá que «apuesta por las vías pacíficas porque la violencia ha fracasado». «No sé a qué están esperando para hacer esa reflexión porque no se puede ir por detrás de ETA», insistió.

Por parte del PSE, Ares advirtió que EH Bildu «sólo será creíble» si sus dirigentes «dicen alto y claro que repudian y rechazan las actividades terroristas». Recordó que «hace no mucho» representantes «radicales» se permitían «decir en público» que los concejales del PP y PSOE «eran objetivos legítimos a eliminar». Y se comprometió a impedir que la izquierda abertzale convierta «la derrota de ETA en un triunfo político de quienes han dado justificación y cobertura» a los asesinatos.

Un planteamiento que reiteró el popular Basagoiti al subrayar que el movimiento independentista debe «reconocer su culpa», decir que «todo fue injustificado» y condenar «de una vez por todas a ETA». «Deben decir –prosiguió– que no es justificable asesinar a nadie por pensar distinto». De no hacerlo, añadio Maneiro en su turno, el resto de fuerzas deberían unirse para no «dialogar y pactar con ellos como si fueran como nosotros». El representante de UPyD acusó a EH Bildu y Sortu de haber sido «cómplices» de una «organización mafiosa extraordinariamente cruel». «Lo cierto es que –insistió– los representantes políticos de ETA aquí sentados siguen sin condenar a la banda».

A los reproches también se unió el lehendakari, Iñigo Urkullu, aunque en un tono mucho más conciliador. Aseguró que «el terrorismo no es la consecuencia natural de un conflicto político, sino su perversión», exigió la «desaparición de ETA», reconoció el papel de las víctimas, se comprometió a abordar «la cuestión de los presos», pero, sobre todo, llamó al resto de partidos a «dialogar» para «tender puentes», «generar confianzas» y poder avanzar en la constitución de una ponencia de paz y convivencia en el Parlamento vasco. Ante el aluvión de críticas, los representantes de EH Bildu –por la mañana, en la parte más intensa, intervino el ‘número dos’, Julen Arzuaga, y por la tarde, Laura Mintegi– optaron por exponer su visión del llamado «conflicto vasco». Arzuaga habló de la «conquista por las armas» de Euskal Herria a manos de España y Francia, que mantienen a este «pueblo disgregado» y bajo la «opresión política». Aseguró que «el conflicto» pudo resolverse «con un poco de sentido común» en apenas «dos o tres años» en la Transición. Mencionó a ETA y las «graves vulneraciones» que llevó a cabo, defendió la necesidad de reconocer a las víctimas, pero sobre todo reprochó el «empleo de la violencia ilegítima» del Estado «participando en tramas terroristas» o «vulnerando derechos humanos» e infligiendo «el castigo más severo, rayano en la venganza» al que consideraba «el enemigo».

Reprochó además las «ejecuciones extrajudiciales» llevadas a cabo, según dijo, por las Fuerzas de Seguridad del Estado, «incluida la propia Ertzaintza» y la «impunidad» y «cobijo» a quienes han practicado la tortura. Y vinculó los 30 años de persistencia de ETA en plena democracia a «la negativa al reconocimiento y respeto al derecho a decidir» que «pone en jaque la convivencia libre y pacífica de la ciudadanía vasca».

EL CORREO 23/03/13