TONIA ETXARRI-El Correo
La Cámara de Vitoria vuelve a acusar la falta de unanimidad sobre los pasos a dar para evitar un cierre en falso del terrorismo
No sería concebible la concesión de beneficios penitenciarios que no están incluidos en la ley a los presos de ETA
Hace ya casi una semana que ETA se disolvió y la mayoría de instituciones se pronunciaron con mayor o menor entusiasmo. Menos el Parlamento vasco. La Cámara de Vitoria ha vuelto a acusar la falta de unanimidad de los grupos políticos ante los pasos que se deben dar ahora para contribuir a que el cierre de la historia del terrorismo no sea en falso. La iniciativa de los socialistas de proponer una declaración institucional sobre el fin de la violencia quedará, hoy, en agua de borrajas porque a la izquierda abertzale no le interesa aceptar un emplazamiento a los presos de ETA para que «asuman la injusticia de sus actos». Si considerasen que fue injusto lo que hicieron no les rendirían homenajes, a medida que van saliendo de la cárcel después de haber cumplido condena, para aplaudir sus ‘méritos’. Si el texto hubiese exigido al Gobierno de Rajoy el acercamiento de los presos, sin matices, ahora que ETA ya no está y parece que el problema del planeta (vasco) sea la vida carcelaria de quienes cumplen condena por haber matado o haber colaborado a que otros lo hicieran, a EH Bildu le habría gustado. Pero al PP no. Al PSE tampoco. Ni a Elkarrekin Podemos, seguramente. Por lo tanto, el Parlamento vasco perderá hoy una gran oportunidad de aportar su pronunciamiento solemne sobre los pasos que se tendrían que dar a partir de ahora.
Queda mucho por hacer. Pero no sólo en las cárceles sino en la desactivación del odio. Sobre la política penitenciaria está todo dicho. El lehendakari Urkullu y la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, han propuesto al presidente Rajoy un acercamiento de los presos de ETA. Pero no sería concebible la concesión de otros beneficios que no estén contemplados en la ley. Los justificadores de ETA tendrán que admitir que aunque la banda ya no exista quienes cometieron delitos en su nombre tendrán que seguir pagando por ello. Y la ley ha permitido, y así se demostró con la ‘vía Nanclares’, propiciar la reinserción y el acogimiento a beneficios penitenciarios después de un reconocimiento del pasado criminal. Sobre la desactivación del odio aún estamos en mantillas. Mientras algunos partidos políticos aceptan que la izquierda abertzale ponga en marcha el ventilador para esparcir las cenizas del sufrimiento a partes iguales, como si tuvieran que compartir la misma responsabilidad quienes mataron y quienes murieron, las familias de las víctimas solo tienen en el horizonte de sus vidas las visitas a los cementerios y la exigencia de la reparación del daño causado. Resultaría obsceno, y doblemente humillante, que ahora algunas instituciones les contaran que quienes asesinaron a sus seres queridos contribuyeron a la paz.
No se puede relativizar el mal en democracia. No se debe frivolizar con quienes incumplen la ley diciendo que son el ejemplo de la «desobediencia civil». El pasado terrorista de ETA ahí está y no se puede descafeinar. Fue una bomba nuclear contra la democracia cuyos efectos duraron demasiado tiempo y cuyas secuelas políticas aún están produciendo esa parálisis sobre el relato de lo que ocurrió porque ya se encarga la izquierda abertzale de desviar el foco. En el Parlamento vasco lo está haciendo con gran habilidad. ¿Qué está aportando la ponencia de Memoria y Convivencia a la reparación de la víctimas? No era éste el final de ETA, sin arrepentimiento, que se merecía la sociedad, desde luego. Tampoco es comprensible esta indefinición del Parlamento vasco.