EL MUNDO – 04/06/17
· PSE, PNV, Bildu y Podemos alegan que está enfermo pero no cumple los requisitos legales.
De nuevo, un paso más en la presión social a favor de los presos de ETA y de la excarcelación de terroristas. Esta vez, los grupos políticos que conforman el Parlamento vasco –PSE, PNV, EH Bildu y Podemos–, excepto el PP, firmaron un texto en el que apoyan la excarcelación del etarra Ibon Iparragirre, alegando que debe salir de prisión porque está «gravemente enfermo».
Fuentes penitenciarias advirtieron a este diario de que el interno no cumple con los requisitos legales. Conviene precisar que no son los parlamentos los que dictan las órdenes de excarcelación, sino que es la Audiencia Nacional, a través del juez de Vigilancia Penitenciaria, la que pone en marcha un protocolo para el cumplimiento de las penas. Es más, son los forenses y especialistas los que dictaminan las enfermedades de los internos y su gravedad.
Iparragirre está condenado a 299 años de prisión como miembro del comando que atentó contra la comisaría de Ondárroa (Vizcaya), causando 18 heridos, entre ellos 13 miembros de la Ertzaintza. La Audiencia Nacional le consideró culpable de 13 delitos de intento de asesinato terrorista contra agentes de la Policía vasca, condenándole a 17 años de cárcel por cada uno de ellos. Además, le declaró también culpable de cinco delitos de intento de asesinato terrorista contra personas civiles, por los que le castigó a 12 años de prisión por cada uno. Es más, también recibió una pena de 18 años por un delito de estragos terroristas.
Ibon Iparragirre está internado en el Centro Penitenciario de Madrid 2 –en la enfermería–.
No obstante, tuvo que ser ingresado en la Unidad de Custodia del Hospital Gregorio Marañón, en Madrid, por una neumonía con derrame pleural. Según explicaron fuentes penitenciarias, se trata de un interno con mala conducta, enfermo de VIH –enfermedad cuyo tratamiento médico rechaza de forma recurrente– y en cuyo historial figuran amenazas de muerte gravísimas y reiteradas en el tiempo, tanto a funcionarios de prisiones como a ertzainas, apuntaron las fuentes.
Según las fuentes penitenciarias, no existen informes médicos o forenses que evidencien que la enfermedad que padece –y sobre todo su disposición para no tratarse– suponga un peligro patente para su vida y justifique su acceso a la libertad condicional. Además, estas mismas fuentes apuntan que el nulo arrepentimiento por sus acciones, su solidaridad y apoyo a la violencia terrorista, y la gravedad de los incidentes carcelarios que ha protagonizado hacen inviable la concesión del tercer grado penitenciario.
EL MUNDO – 04/06/17