ABC – 25/05/16
· La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, quiere que diputados de Podemos respondan por los 7 millones dados a CEPS para crear un partido.
· La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, citará a diputados de Podemos para que informen sobre los pagos que recibieron, a través de la fundación CEPS, de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
El parlamentario opositor venezolano Luis Florido anunció ayer que han solicitado al presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea, Freddy Guevara, que «por favor en su comisión (…) cite a los diputados de Podemos para que puedan informar sobre los dineros que han recibido de los fondos públicos».
Entre los parlamentarios de Podemos que han pasado por CEPS están Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa y Alberto Montero –el profesor que dio la beca universitaria a Errejón y presidió la fundación–, entre otros.
Florido hizo estas manifestaciones en una sesión especial de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea en la que intervino Albert Rivera. Guevara, por su parte, señaló que la comisión que preside «está muy interesada en poder contar con la colaboración no solamente del Congreso español, sino también de las autoridades españolas para poder encontrar precisamente dónde está ese dinero que se dice que se envió al financiamiento (…) de Podemos».
El diputado especificó a ABC que han solicitado a la Policía española los elementos que tienen las autoridades de nuestro país sobre la financiación del chavismo a Podemos, pero «sólo nos han respondido al 5% de nuestra indagatoria porque alegan que el resto se encuentra en fase sumarial y no pueden revelarlo hasta que no concluyan sus investigaciones».
Victoria de la oposición
Tal y como avanzó este diario, la Asamblea Nacional de Venezuela abrió el pasado enero una investigación sobre los contratos de asesoría que firmaron los gobiernos de Chávez y Maduro con la Fundación CEPS, a la que ha pertenecido toda la cúpula de Podemos. Varios diputados opositores comenzaron esta investigación el año pasado, pero la mayoría chavista la mantenía bloqueada. Tras la victoria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que aglutina a la oposición al chavismo, la investigación se oficializó en dos comisiones, la de Política Interior y la de Contraloría. Analizan contratos y remuneraciones de la Fundación CEPS con seis ministerios y el banco del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América). Varios de estos convenios fueron publicados por ABC entre los meses de enero y marzo del año pasado.
Según las fuentes consultadas por este diario, hay indicios de la comisión de dos delitos: uno contra la Hacienda Pública y otro de malversación de caudales públicos.
CEPS recoge en sus memorias haber cobrado de los gobiernos de Venezuela 4,2 millones de euros hasta el año 2012 (dos años antes del registro de Podemos), aunque el documento publicado en exclusiva por ABC el pasado 5 de abril presupuestaba casi 7,2 millones.
Ese dinero no serviría solo para pagar las asesorías de CEPS, sino también para «estrechar lazos y compromisos con reconocidos representantes de las escuelas de pensamiento de izquierdas, fundamentalmente anticapitalistas, que en España puedan crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más afines al gobierno bolivariano».
El informe, titulado «Punto de cuenta al Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela» y con fecha 28 de mayo de 2008, lo redactó el entonces ministro del Poder Popular para las Finanzas, Rafael Isea, y lo aprobó de su puño y letra Hugo Chávez Frías. En el documentos se citaba expresamente a tres líderes de esas incipientes fuerzas de corte bolivariano en España: Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge.
La autenticidad del documento fue certificada por su autor, el propio Rafael Isea, en una declaración en el Consulado de España en Nueva York ante dos agentes de la UDEF el pasado 12 de abril, desvelada por ABC. Isea, que pidió asilo en Estados Unidos tras denunciar en Venezuela vínculos del chavismo con el narcotráfico y el terrorismo, calificó el documento como «vinculante y de ejecución inmediata»: «Es de máximo nivel administrativo, pues traduce la voluntad del presidente de la República, que debe ser ejecutada por todas las autoridades públicas del Estado», dijo.
Isea también apuntó que es muy probable que CEPS no pagara impuestos por los cobros, uno de los presuntos delitos que investiga la Asamblea Nacional. El otro, la malversación de caudales públicos, se centra en que las asesorías de CEPS estaban encaminadas a perpetuar el chavismo y luchar contra la oposición, pese a que se pagaban con dinero de todos los venezolanos.
ABC – 25/05/16