Editorial, EL MUNDO, 7/6/12
LA REACCIÓN del Síndic de Greuges catalán a nuestra denuncia de sus numerosos y exóticos viajes por todo el mundo a cargo del contribuyente es la prueba del disparate autonómico y ayuda a explicar por qué España ha llegado a la situación crítica en la que se encuentra. Lejos de arrepentirse de sus viajes a Bermudas, México o Zambia para participar en debates intrascendentes, Rafael Ribó asegura que sus desplazamientos al extranjero han sido de gran utilidad «en la tarea de liderazgo y representación del país con la señera».
Está claro que para algunos líderes autonómicos la cuestión identitaria está por encima incluso de servicios públicos fundamentales. Prefieren implantar el copago sanitario a cerrar embajadas, rebajar el sueldo a los funcionarios a suprimir sus canales de televisión y recortar becas a dar un paso atrás en su programa de construcción nacional.
Ribó se limitó a justificar ayer su labor con argumentos paupérrimos, como que el coste de los viajes representa una parte menor dentro del presupuesto de la institución o que aprovechó los largos vuelos para leer libros. Sin embargo los números son escandalosos. El equivalente al Defensor del Pueblo en Cataluña ha gastado 156.000 euros en dos años en viajar por todo el mundo, el departamento tiene un presupuesto que roza los siete millones de euros y cuenta con 87 empleados. Y sólo es un eslabón más de una larga cadena construida por organismos consultivos de toda índole, incluido una suerte de Tribunal Constitucional paralelo.
Que el Síndic de Greuges es un organismo superfluo lo corrobora que Castilla-La Mancha haya suprimido hace unos meses su equivalente y no se conozca ninguna merma ni en los derechos ni en la calidad de vida de los castellanomanchegos. Tan es así, que todas las comunidades gobernadas por el PP podrían acordar en breve la supresión de una figura que se solapa con la del Defensor del Pueblo.
La perversión que se produce en las comunidades con gobiernos nacionalistas es que miden el valor de estas instituciones no por su repercusión real en el día a día de la vida de los ciudadanos –entre muy escasa y nula, en casi todos los casos– sino por su rentabilidad como herramienta para seguir jugando a construir un Estado al margen del Estado español. Sólo así se explica que unos días después de que Mas reconociera implícitamente que Cataluña está en quiebra y que necesita ayuda del Estado porque no tiene dinero para pagar las nóminas de sus funcionarios, Ribó dijera ayer que las cifras de sus extravagantes desplazamientos «son racionales» y que cuenta con el aval del presidente Artur Mas y de quienes le antecedieron en la Generalitat, Montilla y Maragall.
En efecto, envolverse en la señera hoy en Cataluña convierte automáticamente en «racionales» situaciones que desde cualquier otro punto de vista son una temeridad. Lo dramático es que en ese pedaleo hacia el precipicio sigan dándose relevos nacionalistas y socialistas, permitiendo que el patriotismo se convierta en una coartada para el despilfarro.
Editorial, EL MUNDO, 7/6/12