Ignacio Camacho-ABC
- El 8-M es el flanco más débil del Gobierno, que ha cortado la cabeza del coronel De los Cobos a título de escarmiento
El mayor error del Gobierno en la gestión de la pandemia, por su carácter icónico y simbólico, fue la manifestación feminista del 8 de marzo. Error en el más benévolo de los casos; en realidad hay motivos de sobra para pensar que se trató de un empeño ideológico premeditado, lo que agravaría la posible negligencia hasta el grado de arbitrio temerario. El deseo indisimulado de celebrar aquella marcha como escaparate programático obligó a autorizar partidos de fútbol, un congreso de Vox y otros actos multitudinarios a despecho de los indicios manifiestos de que en Madrid se propagaba ya el contagio. Esa sospecha pesa como un fardo sobre las excusas oficiales para justificar el retraso en las medidas de contención que
finalmente se tomaron, y ahora se acaba de convertir en materia judicializada con la imputación del primer alto cargo y un informe de la Guardia Civil que apunta al portavoz Simón por desaconsejar otro evento alegando ante sus organizadores la existencia de datos sobre un riesgo de infección elevado.
Ese informe ha provocado una notable tormenta en el Ejecutivo, que teme hace tiempo que las querellas le abran un frente procesal más comprometido que el político. Grande Marlaska, cuyo prestigio como juez difícilmente superará la prueba de su desempeño como ministro, se ha cobrado la cabeza del responsable de la investigación a título de escarmiento preventivo. La «pérdida de confianza» es un argumento legítimo pero no sirve para ocultar la evidente represalia; cuando la GC actúa como Policía judicial -y fue la juez quien pidió la pesquisa- no tiene obligación de dar cuenta a la superioridad jerárquica. Es más: tiene por razones obvias el deber de no darla y el coronel Pérez de los Cobos, que durante su sólido y duro testimonio en el juicio del procés demostró su experiencia en evitar las trampas, es perro viejo con muchos lances complicados a sus espaldas para tropezar en una simple rutina burocrática.
La destitución es un aviso. Sánchez no está dispuesto a que le pase lo que a Rajoy, que se enteraba por la tele de las detenciones de miembros de su partido. El presidente quiere cerrar cualquier grieta por la que la crisis del coronavirus pueda acabar con miembros de su equipo -y no digamos él mismo- sentados en un banquillo. Y sabe que el 8-M, y en general todas las referencias a la posibilidad de que el Gabinete dispusiera de certezas previas sobre la expansión de la epidemia, se han vuelto un problema de máxima delicadeza. El mensaje ha sido nítido: con ese asunto no se juega.
Siendo ése su flanco más débil, su pecado original, la oposición debería cuidarse de cometer errores. Las manifestaciones del sábado pueden servir de coartada gubernamental para salir en tromba al contragolpe y culpar a la derecha de un eventual rebrote. Cuando el adversario va perdiendo el partido conviene no meterse autogoles.