Esa inquietud se ha podido trasladar hoy, en plena crisis de confianza por la colisión entre un AVE y un Iryo nueve meses después del desastre de Adamuz, a la misma línea troncal con Cataluña, en proceso de renovación. En aras a garantizar la seguridad, puede resultar comprensible que el ministro se plantee ahora suspender temporalmente la circulación de trenes para acelerar los trabajos de remodelación -aun así, durarían hasta dos años en los que no habría servicio-. Afrontar un cierre en una arteria vital que conecta los dos grandes motores del país supondría un impacto logístico, territorial y económico de proporciones incalculables, y obligaría a pensar en por qué no se había adoptado una medida similar de Madrid a Andalucía.

Tampoco invita a la calma el relevo de puestos técnicos en Renfe y Adif por afines políticos a Puente desde que asumió el mando. La gestión de redes de alta velocidad exige un rigor especializado en seguridad, señalización y gestión de tráfico. El reemplazo de perfiles profesionales por gestores de ámbitos ajenos puede debilitar la pericia en la toma de decisiones. Las nuevas explicaciones ofrecidas ayer por el ministro de Transportes eran obligadas. Es de agradecer que dé la cara a diferencia de otros responsables públicos en crisis recientes -Carlos Mazón en Valencia, Fernando Grande-Marlaska en Ceuta-, a pesar del tono desafiante empleado en algunos momentos de su comparecencia. Óscar Puente, señalado desde todos los frentes como responsable político de dos accidentes inasumibles que han «quebrado la confianza» en el ferrocarril, se va a ir siendo él mismo. De momento, es el parapeto de Pedro Sánchez ante el 29-N.