Para los nacionalistas no hay duda: los parlamentos autonómicos no deben estar sometidos al «tribunal de turno» (Egibar). En ciertos ámbitos políticos se está reivindicando impunidad donde sólo habita la inmunidad. El debate sobre el ‘caso Atutxa’, en términos judiciales, está zanjado. Pero queda mucho que aprender de las normas básicas de la democracia.
El recurso al amparo del Tribunal Constitucional contra la condena de inhabilitación contra Juan Mari Atutxa y sus dos compañeros de la Mesa del Parlamento vasco, forma parte del guión. Antes de que el alto tribunal los condenara por no cumplir con la orden de disolver el grupo de Otegi y sus franquicias, el PNV ya había sacado a pasear la indignación a la calle para presionar a la Judicatura sin dejar de recurrir, por otras vías, a instancias que puedan atender una supuesta vulneración de sus derechos procesales.
Y antes de que el Tribunal Supremo argumentara en su sentencia que los mandatos judiciales son de obligado cumplimiento y que «ni la reforma del Estatuto podría proteger» en casos similares a la actual presidenta de la Cámara, los condenados ya estaban apurando sus tiempos. Y el choque de competencias entre la Justicia y las instancias autonómicas ha vuelto a situarse en el primer plano del debate.
Para los nacionalistas no hay duda: los Parlamentos autonómicos no deben estar sometidos al «tribunal de turno». La máxima, cuya paternidad intelectual pertenece a Egibar, la suscriben la mayoría de los nacionalistas vascos. En Cataluña también. «El Tribunal Constitucional debería ahorrarse la sentencia sobre el Estatut», advertía ayer un Artur Mas que, en tono desafiante, insinuaba, en un almuerzo en Madrid, las consecuencias negativas que acarrearía, para las relaciones entre el Gobierno de Zapatero y Cataluña en general, que el Constitucional hiciera caso de los recursos presentados.
«¿Tiene que estar la política por encima de la ley?», se preguntaba el convergente para responderse a sí mismo: «No. Es la democracia la que está al servicio de las leyes». Sin hacer caso a una de las reflexiones expuestas en la sentencia del 7 de noviembre del 2006, por Andrés Ibáñez, un magistrado alineado con el perfil de Jueces para la Democracia que llegó a decir que «el Código Penal no se detiene en las puertas del Parlamento vasco».
Ni caso, porque en determinados ámbitos políticos se está reivindicando impunidad donde sólo habita la inmunidad. El debate sobre el ‘caso Atutxa’,en términos judiciales, está zanjado. La vía judicial del recurso de casación, también. Pero queda el amparo del Tribunal Constitucional. Y ya que este organismo puede anular sentencia pero no puede pronunciarse acerca de si hubo o no delito de desobediencia, los condenados han descubierto una perla: el ponente de la sentencia fue en su día «mano derecha» del Fiscal General Jesús Cardenal; sospechoso, pues, de imparcialidad. Marchando un incidente de nulidad de sentencia. Los votos particulares, especialmente el de Luciano Varela, son los que han permitido más margen de maniobra a los condenados. Ellos se benefician sin entender que dentro de un mismo tribunal haya diferentes maneras de interpretar la ley. Hay mucho que aprender todavía de las normas básicas de la democracia.
Tonia Etxarri, EL CORREO, 23/4/2008