La designación de Nadia Calviño por el Ecofin como nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) este viernes, a priori, supone una buena noticia para España.
Al colocar por primera vez a un español en el banco público de la Unión Europea (y la mayor institución financiera multilateral del mundo), nuestro país gana influencia y visibilidad en los órganos directivos de Bruselas y en la estructura financiera comunitaria.
Previsiblemente, la dirección de Calviño del brazo financiero de la UE resultará ventajosa para España, uno de los Estados miembro que más se beneficia de las líneas de crédito destinadas a la financiación de proyectos a largo plazo para la consecución de los objetivos de la Unión.
El problema es que el peso que el Gobierno de Sánchez ganará en Bruselas lo perderá a su vez en Madrid.
La vicepresidenta primera personificaba un importante ascendiente del Gobierno sobre Europa. Lleva desde 2006 ocupando distintos puestos en la Comisión Europea, y era su directora general de Presupuestos cuando Sánchez la eligió para su gabinete en 2018. Calviño posee un conocimiento exhaustivo del ecosistema bruselense, tiene línea directa con las altas magistraturas de la Unión, y está muy bregada en las estrategias de negociación con el resto de socios.
Los galones de esta dilatada experiencia en Bruselas son lo que la ha convertido en un perfil muy respetado fuera de España, y poseedor de una credibilidad ante los inversores internacionales que generaba confianza en la capacidad de nuestro país para cumplir con los compromisos adquiridos en materia de reducción de deuda y déficit.
Esta labor de garantías resulta ahora más necesaria que nunca. Porque la reforma del Pacto de Estabilidad que los ministros de Economía de la UE están a punto de aprobar impone unas reglas de disciplina fiscal más exigentes para los países con elevados niveles de déficit y deuda pública.
Esto implica, tal y como informa EL ESPAÑOL-Invertia, que España tendrá que afrontar a partir de 2024 un ajuste más estricto del gasto que el resto de socios, cifrado en 6.600 millones anuales. A lo que se suma el expediente sancionador que recibirá nuestro país la próxima primavera por déficit excesivo.
A la notable dificultad de encontrar un reemplazo para una figura tan respetada en Bruselas se le añade la pérdida para el Ejecutivo de Sánchez de quien ejercía de contrapeso frente a las propuestas extravagantes de la cuota de Sumar y Podemos, encarnando la ortodoxia económica europea.
Sánchez se ve obligado a prescindir de la ministra que ha moderado en no pocas ocasiones las iniciativas más disparatadas de Yolanda Díaz, protagonizando sonados encontronazos a cuenta de medidas como la subida del SMI, la ley rider, la reforma laboral o la reciente propuesta de revisión del subsidio de desempleo.
Y eso pese a que Calviño ha tolerado, junto a María Jesús Montero, algunas medidas demagógicas como el aumento de la presión fiscal o los impuestos extraordinarios a las grandes fortunas, energéticas y banca que emborronan un historial gestor por lo demás merecedor del aprobado.
Con todo, la vicepresidenta siempre ha sido más cercana al mundo de la empresa y quien más ha salido en su defensa frente a las acometidas de la parte populista del Gobierno.
Veremos cómo se las arregla Sánchez para encontrar un nuevo ministro que pueda cumplir con este papel mientras mantiene la interlocución preferente con Europa. No está claro que entre los nombres que se manejan en las quinielas haya uno que reúna competencia internacional y buen nombre en el sector financiero, capaz de capitanear con pericia las negociaciones con la UE.
Por lo pronto, Sánchez se queda con tres vicepresidencias muy ideológicas. Y sin un perfil independiente al que el presidente quiso politizar para reconvertirlo en activo electoral durante la campaña del 23-J, y que ahora retoma su querencia tecnocrática.