Luis Garicano-El Confidencial
Si los ERTE no se adaptan a la realidad, la ‘nueva normalidad’ será una catástrofe para millones de empresarios, trabajadores y autónomos
Los españoles estaban expectantes por escuchar el plan de desescalada que Pedro Sánchez debía ofrecer tras la reunión del Consejo de Ministros. El presidente estuvo más de una hora hablando de los detalles de su plan por fases, pero no explicó qué tiene pensado hacer su Gobierno para apoyar el mantenimiento del empleo mientras se ejecuta la desescalada. Los trabajadores, los autónomos y los empresarios que estaban escuchando saben que no fue un ‘olvido’. Cuando le preguntaron por segunda vez por la flexibilización de los ERTE, Sánchez despachó la cuestión diciendo: “El Gobierno de España lo está estudiando”. Seguramente muchos pensaron en sus casas que ojalá lo estudie mejor que los paseos de los menores.
La labor de un presidente del Gobierno en estos tiempos difíciles es transmitir certidumbre y confianza. Por desgracia, nada más lejos de la realidad. Los españoles necesitamos saber que el Gobierno está comprometido de verdad con el objetivo de que las empresas salgan adelante para que se mantenga el empleo. Sánchez no lo dejó claro ayer y generó una ansiedad innecesaria en muchos ciudadanos que no duermen bien, que no viven bien, porque están muy preocupados por su futuro.
Lo que necesitan empresas y autónomos para poder mantener el empleo es que la ayuda del Estado les garantice flexibilidad para poder ir saliendo del congelador poco a poco, al ritmo que les marque el mercado, y no el Gobierno. El BOE puede legislar que los hoteles abren en el mes de mayo, pero no puede obligar a que tengan clientes. La flexibilidad tiene que reflejarse en el principal instrumento que se ha utilizado en nuestro país para mantener el empleo durante esta pandemia: los ERTE.
Antes de que la ideología y los prejuicios de la ministra de Trabajo apareciesen en escena, el Gobierno tomó una buena decisión al posibilitar los ERTE por fuerza mayor y hacerse cargo de las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores obligados a quedarse en sus casas. Siguiendo esa misma lógica, el Gobierno solo debería exigir a las empresas que puedan abrir sus puertas que saquen de los ERTE al mismo porcentaje en que tienen permitido su aforo. De esta manera, un restaurante con el aforo al 30% podría dejar en el ERTE, que seguiría cubriendo los costes laborales, como máximo al 70% de su plantilla. También debería tener la opción de sacar del ERTE a los trabajadores a media jornada, cubriendo la mitad de los costes en este caso.
Esta misma lógica es perfectamente aplicable a los alquileres de locales comerciales en el sector de la restauración, que, no nos olvidemos, es de los más afectados por la onda destructiva del impacto económico del virus. Si el aforo está restringido, el Gobierno debería legislar para que la renta del alquiler disminuya en la misma cuantía que el aforo permitido.
Si no se toman estas medidas, y otras similares, nuestras empresas no tendrán un mero problema de liquidez, que se podría solucionar con líneas de crédito. Tendrán un problema de solvencia, antesala de su quiebra, porque el Gobierno, al empujarlas a abrir, las estará condenando a la ruina. Y las consecuencias en el empleo y en las vidas de millones de empresarios, trabajadores, autónomos y familias son perfectamente imaginables para todos aquellos que conozcan el mundo en el que viven y se guíen por un principio, el de realidad, que jamás deberían abandonar los gobernantes responsables.
*Luis Garicano, jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, es vicepresidente y portavoz económico de Renew Europe.