El plan de paz de Garitano incluye la amnistía para lograr la reconciliación

El Plan de Convivencia de la Diputación de Gipuzkoa, gobernada por Bildu, aboga por aplicar los principios que inspiran la «justicia transicional», entre los que cita «las leyes de amnistía e indulto», para avanzar hacia una reconciliación en Euskadi que permita «sanar las heridas» y «tomar en cuenta el daño causado a todas las víctimas sin distinciones, ni clasificaciones ofensivas».
El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, y la directora foral de Derechos Humanos, Marina Bidasoro, han expuesto las líneas generales de su Plan de Derechos Humanos, Recuperación de la Memoria y Convivencia, un documento de 53 páginas mediante el que la institución foral pretende «trabajar» en la reparación de «los sufrimientos y las conculcaciones de derechos humanos de todas las víctimas de las distintas violencias».
Entre las soluciones que recoge dicho plan figura la aplicación de la llamada justicia transicional que permita «realizar el tránsito de una situación de conflicto a un tiempo de paz», siguiendo el modelo aplicado en países con «conflictos armados» como Sudáfrica, Irlanda, Yugoslavia, Chipre, Argentina, Chile o Perú.
Dos días después del plan de paz presentado por el lehendakari, Iñigo Urkullu, el modelo que plantea Garitano consiste en emprender un «conjunto de mecanismos jurídicos y políticos» que logren el equilibrio necesario «entre las necesidades de paz y las de justicia». Como instrumentos judiciales, cita «las leyes de amnistía e indulto», y entre los políticos incluye «las indemnizaciones, reconocimientos morales y los homenajes a la memoria de las víctimas».
Garitano, que el pasado lunes estuvo visitando en la cárcel de Logroño al exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, ha asegurado que el objetivo de la justicia transicional sería «evitar en lo posible la impunidad, proveer de justicia a las víctimas y responsabilizar a los culpables».
«En la actualidad, no existe todavía una política pública de las víctimas relacionadas con la vulneración de derechos humanos de motivación política que contemple a todas las víctimas sin distinciones basadas en quiénes sean los perpetradores de los hechos», reza el documento de la Diputación. Y añade que existe una «legislación asimétrica» que dan cabida a una «normativa penitenciaria de excepción en vigor violan constantemente los derechos de las personas en prisión».