Nacho Cardero-El Confidencial

  • Después de que la delegación española, con Nadia Calviño y Pedro Sánchez a la cabeza, se partiera el espinazo para conseguir 140.000 millones, no hay proyectos en los que gastarse el dinero

Volvemos a llegar tarde. Nos pasó con el coronavirus, con la coordinación entre administraciones, los rescates a las empresas en dificultades, los protocolos para la apertura de las aulas y ahora con las ayudas de Europa.

Después de que la delegación española, con Nadia Calviño y Pedro Sánchez a la cabeza, se partiera el espinazo para conseguir 140.000 millones de los fondos Next Generation, resulta que no hay proyectos en los que gastarse el dinero ni calendario de ejecución. Procrastinar y malograr los éxitos cosechados son dos de los vicios étnicos de España, que diría Ortega.

A falta de un mes para que el Ejecutivo remita a Bruselas el plan de reformas en torno al que van a pivotar estas ayudas, las sensaciones no son buenas.

“Hay un embudo por la falta de una oficina técnica que se guíe por criterios profesionales y no políticos”, explica un directivo del Ibex

“Al Gobierno le está costando articular el proyecto”, explica uno de los directivos del Ibex a los que Iván Redondo, factótum monclovita y responsable de gestionar la Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación, ha solicitado asesoramiento. “Hay un embudo por la falta de una oficina técnica de gestión que se guíe por criterios profesionales y no políticos”.

Desbordadas por el contexto sanitario y económico, tanto la Moncloa como la comisión interministerial que debería tutelar la presentación del plan a Bruselas se han visto obligadas a pedir ayuda externa entre las grandes empresas y consultores.

Los precedentes no son buenos. Tal y como destacaba Isabel Morillo en este diario, España se encuentra a la cola de los países comunitarios en ejecución presupuestaria de fondos europeos, con un 67% de fondos estructurales todavía sin gastar y un 31% de los proyectos sin ejecutar. Si no fuimos eficientes entonces, nada parece indicar que lo vayamos a ser ahora.

Es la España invertebrada. La crisis del coronavirus, primero, y el reparto de subvenciones, después, han puesto negro sobre blanco las deficiencias que arrastra el modelo territorial español y que hacen que presidentes autonómicos, como el andaluz Moreno Bonilla, reclamen su parte del pastel, esto es, que la comunidad tenga una “voz alta y clara” y una oficina específica que pueda seleccionar los proyectos que se nutrirán del dinero europeo.

Los barones regionales están preocupados por la falta de iniciativas en que gastarse el dinero y por las dudas razonables de que no se ejecuten en tiempo y forma. España no está preparada para los fondos Next Generation. Y no lo está en un momento que obliga a actuar con celeridad por mor de la devastación provocada por el covid-19.

No hay un marco adecuado por culpa de una ley excesivamente garantista que hace que proyectos que podrían adjudicarse en apenas seis meses se eternicen en el tiempo.

Ximo Puig propone un Nuevo Marco de Adjudicación de contratos públicos que acorte los plazos de tramitación

Una simple licitación de obra tarda un mínimo de 15 meses y se puede retrasar hasta los dos años o más por culpa de la burocracia administrativa. “Es imprescindible, por tanto, poder disponer de la agilidad para acortar todos estos plazos de forma que nos permita ejecutar todos los proyectos estratégicos en el menor tiempo posible”, dice un borrador de la Generalitat valenciana para la mejora de los trámites administrativos.

El propio Ximo Puig lleva insistiendo en las conferencias de presidentes en la necesidad de una serie de modificaciones legislativas que permitan agilizar los trámites y, al mismo tiempo, reducir plazos en la ejecución de los proyectos avalados por Europa.

La Generalitat quiere abrir la posibilidad de implantar un Nuevo Marco de Adjudicación mediante un procedimiento que asegure el cumplimiento de los principios básicos, pero que minimice los plazos. Al menos, para el conjunto de proyectos del Plan de Recuperación.

La mayor amenaza es la lentitud. “La normativa actual, principalmente la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, contempla plazos de ejecución muy amplios y circunstancias de apreciación de la solvencia de los operadores económicos muy rigurosas, lo que, unido a formas de impugnación sumarias y suspensivas, se adaptará muy difícilmente a un mercado sometido a mucho estrés y a la necesidad perentoria de la Administración de proveerse de obras, suministros y servicios”, dice el borrador.

Además de todo ello, con el objetivo de ser lo más ágiles posible en la gestión de los fondos del Plan Next Generation EU, la Generalitat propone, entre otras medidas, la participación de expertos regionales en la agencia de gestión del plan del Gobierno central y la flexibilización de los mecanismos de colaboración público-privada.

También prevé la posibilidad de presentar proyectos interregionales, el establecimiento de nuevos mecanismos de revisión “en ejecución” para evitar situaciones de descertificación que creen inseguridad jurídica, y el uso del régimen de excepcionalidad para establecer líneas directas para los sectores más afectados, al menos hasta el 31 de diciembre de 2021.

Grandes empresas, ejecutivos del Ibex, barones regionales del mismo y distinto color que el partido del Gobierno imploran a las puertas de la Moncloa para que aproveche esta oportunidad histórica y, como dirían los castizos, no les pille el ‘task force’ bruselense con el carrito de los helados. En un momento de depresión económica como el actual, España no puede permitirse el lujo de desperdiciar el maná de los 140.000 millones. Jamás se lo perdonaríamos.