El plan sesgado

Otro error en la misma dirección, lo que revela empecinamiento y obcecación aunque esto a su autor (Jonan Fernández) no parece preocuparle. Lo lamentable e incompresible es que el lehendakari no sólo no lo corrija sino que lo permita como con la inclusión en ese Plan denominado de ‘Paz y Convivencia’ de una referencia expresa a la educación de la Ertzaintza en derechos humanos. Así, por satisfacer a los victimarios que no reconocen el daño causado y que continúan orgullosos del sufrimiento ocasionado a amplios sectores de la sociedad vasca, se incluye a la Policía Autónoma Vasca en un documento que nada tiene que ver con ella puesto que tal exigencia es más propia del programa formativo de la Academia de Arkaute. Transigiendo en ese punto se deja traslucir una realidad inexistente: una hipotética tendencia de la Ertzaintza a la violación de los derechos humanos motivo por el cual hay que educarla en este campo.

Con ese mismo sesgo y con motivo, ahora, de la ‘memoria histórica’ sobre las víctimas de la Guerra Civil y especialmente la Dictadura, el plan del Sr. Fernández presentado recientemente por el lehendakari Urkullu incluye el apoyo a la demanda de «privar de efectos a la Ley de amnistía –aprobada el 15 de octubre 1977 con los votos también del PNV– en aquello que constituya aval de impunidad» para crímenes que son imprescriptibles por ser de lesa humanidad.

La visión sesgada se concreta aquí en el hecho de que el documento sólo menciona los crímenes del franquismo y guarda un silencio clamoroso y vergonzante sobre los de ETA –la oveja negra de la familia nacionalista– cuyos autores, también se beneficiaron de la misma ley de Amnistía.

Convendrá el lector conmigo que la preocupación por los crímenes de lesa humanidad no debe ser parcial o selectiva. Son crímenes muy graves. Se trata de actos que se cometen «como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque». Entre ellos, el Estatuto de la Corte Penal Internacional cita muchos de los cometidos por ETA con el apoyo, comprensión y ayuda de su brazo político: asesinato, tortura, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, desaparición forzada de personas, así como «otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física».

De los 75 crímenes de lesa humanidad cometidos por ETA, ni el Gobierno vasco ni el plan del Sr. Fernández dicen nada a pesar de que fueron amnistiados por la misma ley a la que quieren privar de efectos únicamente respecto de la Guerra Civil y de la dictadura. Aunque también permanecen impunes y sus víctimas directas e indirectas hayan sido privadas de su derecho a la justicia.

Lamentablemente, es un sesgo ideológico que caracteriza un determinado modo público, institucional, de actuar y que es deudor del hecho de que los crímenes de lesa humanidad cometidos por ETA lo han sido para imponer un proyecto político nacionalista en cuyo objetivo final –la independencia, la estatalidad– coinciden todas las ramas de esa familia. De no ser así, no se entiende la comprensión y cercanía mostradas hacia ese mundo con hechos concretos: la oposición del lehendakari Garaikoetxea a las extradiciones a España de tales criminales; los votos ‘prestados’ al sr. Ibarretxe para ser investido lehendakari; el apoyo a la elección de Josu ‘Ternera’ como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco; la impugnación por el Gobierno vasco de la ley de Partidos Políticos ante el Tribunal Constitucional y ante el Europeo de Derechos Humanos (aun a sabiendas de que no prosperaría). Y así un largo etcétera en el que destaca la denuncia del comisario de Derechos Humanos en su Informe de 2001 por la pasividad del Gobierno vasco de Ibarretxe a la hora de reprimir la ‘kale borroka’.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) presentó en junio de 2014 una demanda ante la Corte Penal Internacional contra miembros destacados o dirigentes de ETA-Batasuna por la comisión de crímenes de lesa humanidad a partir del 1 de julio de 2002 (la fecha de entrada en vigor del Estatuto de la Corte).

Conocida la sensibilidad del Sr. Fernández y del Gobierno vasco respecto de tales crímenes estamos seguros de que, en un ejercicio de coherencia, la apoyarán activamente. En la misma línea, cabe tener la certeza de que incluirán el apoyo a esa misma demanda en alguna de las actuaciones concretas con que adornan tan sesgado plan.