DIARIO VASCO, 20/5/12
La izquierda abertzale espera con optimismo este fallo, que aún y todo puede no emitirse de forma inmediata
El pleno del Tribunal Constitucional debatirá en su reunión de este martes el recurso de amparo presentado por Sortu para su legalización. Más de un año después de que la Sala del 61 prohibiera el registro del partido de la izquierda abertzale y cuando se cumplen doce meses de las elecciones municipales y forales a las que Sortu pretendió concurrir por primera vez, el pleno del TC debate, aunque eso no supone que emita inmediatamente un fallo, sobre la dividida sentencia del Tribunal Supremo que consideró, por nueve votos contra siete, que la formación era una sucesión fraudulenta de la ilegalizada Batasuna.
Los argumentos que los siete magistrados discrepantes esgrimieron en su voto particular conjunto sirvieron de base a la defensa ejercida por los letrados Iñigo Iruin y Adolfo Araiz para solicitar, hace también un año, el amparo del TC, por lo que consideran «una ilegalización preventiva» de un partido que recogió en sus estatutos fundacionales un rechazo expreso a la violencia de ETA, un hecho de «indudable trascendencia objetiva» -recoge el recurso- que el Supremo obvió.
La izquierda abertzale se muestra optimista respecto al fallo que emitan los once magistrados del alto tribunal, que para este caso tiene como ponente a Elisa Pérez Vela. Los jueces deben determinar si efectivamente el partido que la izquierda abertzale presentó en febrero de 2011 se acoge a las exigencias constitucionales, como defendieron en su voto particular los jueces discrepantes del Supremo, y por tanto, admite la inscripción en el Registro de Partidos Políticos la marca propia de dicha corriente.
El precedente de Bildu, que obtuvo la aprobación del mismo tribunal hace un año, también predispone a la izquierda abertzale para pensar en un veredicto favorable. De hecho, los argumentos que el TC empleó para dar luz verde a las listas de la coalición forman parte también de las alegaciones de la defensa. «La pretensión de asegurar a ultranza, mediante controles preventivos, la seguridad del Estado constitucional pone en primer lugar en riesgo al propio Estado constitucional», sentenció el TC.
DIARIO VASCO, 20/5/12