EL MUNDO – 05/02/16
· Facilita la tramitación de un proyecto de Bildu calcado al del Parlament, que ya tumbó el TC.
El PNV se ha prestado al juego de EH Bildu al permitir la tramitación en el Parlamento vasco de la proposición de la Ley de Consultas impulsada por la izquierda abertzale, a pesar de ser consciente de que este proyecto, que constituye el paraguas normativo para que el País Vasco pueda convocar un referéndum independentista a imitación de Cataluña, está cuestionado por su inconstitucionalidad y abocado al fracaso.
La propuesta que avaló ayer para su debate el PNV es una copia casi literal de la Ley de Consultas aprobada en su momento por el Parlament –EH Bildu incluso se dejó alguna referencia catalana en la redacción del texto original– y que fue suspendida en algunos de sus preceptos por el Tribunal Constitucional, hace ahora casi un año, al sostener que lo que realmente regulaba es la convocatoria de referendos, cuya competencia corresponde en exclusiva al Estado.
Además del veto jurídico por su marcada ilegalidad, la regulación vasca también cuenta con el impedimento temporal, ya que no hay tiempo material para que sea tramitada y aprobada en lo que queda de legislatura, con las elecciones autonómicas previstas para otoño.
A pesar de ser consciente de esta realidad, el PNV ha decidido entrar al juego de EH Bildu al permitir que la denominada Ley de Empoderamiento de la Ciudadanía de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa supere su primer escollo parlamentario, sea tomada en consideración y se debata a nivel institucional.
Incluso, lo ha hecho a pesar de que el portavoz del partido, Joseba Egibar, fue crítico y reconoció que al PNV «no le gusta» y «no está de acuerdo» con la regulación de participación ciudadana propuesta por EH Bildu porque, entre otras cuestiones, «bebe de las fuentes catalanas y andaluza» y el País Vasco cuenta con instrumentos «en casa» que han superado «los filtros» para dar cauce a esta participación, como la norma foral de Guipúzcoa. «No necesitamos ir a Cataluña a descubrir nada nuevo», aseveró.
Así, justificó su aval a la tramitación de una propuesta calificada de «ilegal» e «inconstitucional» por PSE, PP y UPyD con el argumento del «sí al debate». «Nunca hay que cerrar la vía al debate», afirmó, sin querer entrar a valorar el contenido de la iniciativa. En todo caso, quiso evidenciar la «disposición» del PNV a dar pasos para que se materialice el derecho a decidir en el País Vasco a través de estas consultas «dentro del ámbito legal». «Nosotros tenemos disposición a que desde este Parlamento y desde el Congreso este pueblo tenga los instrumentos necesarios para decidir su futuro. Queremos hacer estas consultas desde el ámbito legal», remarcó.
El portavoz de EH Bildu, Hasier Arraiz, no ocultó que bajo este proyecto de Ley de Consultas se esconde el «paraguas legal» para que el País Vasco pueda «ejercer el derecho a decidir». Por ello, llamó a «buscar acuerdos» con «quien sea receptivo» a que «se materialice el derecho a decidir» fuera del Parlamento vasco, en alusión clara a Podemos, sin representación todavía en la Cámara.
PSE, PP y UPyD fueron muy duros con la actitud del PNV y del Gobierno vasco. El portavoz popular, Borja Sémper, dio la «enhorabuena» a EH Bildu por «haber logrado arrastrar al PNV y al Gobierno vasco en su estrategia política» ante una iniciativa «manifiestamente inconstitucional» que supone un «ataque a la convivencia y la democracia».
«No hay voluntad alguna de profundizar en procesos de participación ciudadana, sino de profundizar en un fin político particular: la independencia», aseveró Sémper, para arremeter contra el PNV por avalar una propuesta que constituye «una burla al Constitucional y un palmario desprecio a la legalidad».
En esta línea, el representante de UPyD, Gorka Maneiro, afirmó que «lo más vergonzoso» y «grave» es la «muestra de cobardía intelectual y política» del PNV por haber avalado una iniciativa «ilegal y profundamente antidemocrática y reaccionaria».
Por su parte, José Antonio Pastor (PSE) incidió en que se trata de una «farsa» que «no conduce a ninguna parte» y busca «engañar» a la ciudadanía, ya que la propuesta «no tiene posibilidad alguna de llegar a buen puerto por falta de tiempo» y porque «excede las competencias que tiene el Parlamento vasco».
Pastor advirtió de que «mientras no se cambie la Constitución esta regulación está fuera» de las competencias autonómicas. Por ello, enmarcó la propuesta de EH Bildu en «un nuevo episodio de la pugna por la hegemonía nacionalista» que pretende «poner colorado» al PNV y «poner en un aprieto» al Gobierno de Íñigo Urkullu tras el varapalo electoral sufrido en los últimos comicios generales.
ANC: «lo que se hace SIN VIOLENCIA no es delito» UNA MALA COPIA QUE SUMA A NAVARRA
La Asamblea Nacional Catalana (ANC) trabaja en un informe con el que trata de desmentir que los funcionarios que colaboren con la hoja de ruta independentista vayan a cometer un delito. Entre otros argumentos, la plataforma soberanista sostiene que «lo que se hace pacíficamente no es un delito». Así lo dijo ayer Joan Anton Font, uno de los autores de un informe cuyo contenido completo no se conocerá hasta el próximo 15 de febrero. La ANC avanzó ayer parte del estudio, que concluye que «ninguna actuación basada en el respeto a la democracia y a la soberanía de los ciudadanos de Cataluña, manifestada con el más absoluto civismo y corrección, puede suponer un delito de cualquier tipología». Elaborado por la sectorial de secretarios, interventores y tesoreros de la ANC, otra de las tesis del informe apunta también hacia la cadena de mando. Si los trabajadores públicos cumplen las «órdenes claras de sus mandos, del Govern y del Parlament» en el proceso hacia la creación de una «república de Cataluña», entonces «ningún funcionario incurriría en un delito». El informe insiste en que el Parlament y el Gobierno de la Generalitat «deberán dar instrucciones de forma clara, diáfana y concisa» a sus trabajadores públicos. El avance del informe de la ANC se conoció el día después de que la Audiencia Nacional pidiera a la Guardia Civil, la Policía y los Mossos d’Esquadra que la investiguen por los posibles delitos de sedición y rebelión al promulgar mociones de adhesión a la independencia en los municipios catalanes.
Artículos. Esta «mala copia» de la Ley catalana de Consultas regula, a través de 59 artículos, la posibilidad de realizar referendos populares de ámbito autonómico, foral y local por iniciativa institucional o ciudadana.
Participación. Fija la mayoría de edad para participar en estos procesos en los 16 años y plantea la creación de un registro de participación en consultas populares.
Territorialidad. El texto desborda las fronteras vascas y contempla una disposición adicional para que Navarra pueda materializar junto al País Vasco el ‘derecho a decidir’.