El documento Convivencia democrática y deslegitimación de la violencia con el que el Gobierno ha reformulado el Plan de Educación para la Paz y los Derechos Humanos del Ejecutivo anterior no termina de convencer al PNV, sobre todo en lo relativo a la presencia física de las víctimas del terrorismo en los centros escolares. El plan del tripartito de Juan José Ibarretxe lo descartó por considerarla demasiado «abrupta».
Los grupos parlamentarios y las asociaciones estudian en estas semanas el texto remitido por el Gobierno, que apuesta ahora por una presencia «directa y activa» de las víctimas, y para el que busca el máximo consenso posible. El propio plan reconoce que la asistencia de las víctimas del terrorismo a las aulas resulta «mucho más delicada» que la de otras víctimas, «debido a que no existe un consenso total de condena social del terrorismo». Pero, lejos de tomar ese extremo como un motivo para eludirla, lo considera «un acicate» para contribuir desde la educación a que la condena sin paliativos de la violencia terrorista llegue a ser un valor de total coincidencia social.
El portavoz peneuvista en el Congreso, Josu Erkoreka, dejó ayer ver las dudas que alberga su partido respecto a esta cuestión. «La posición crítica con el terrorismo es un valor a incorporar al sistema educativo», dijo Erkoreka, «pero eso no significa que tenga que traducirse necesariamente en algunas de las medidas que se proponen, como la presencia efectiva de algunas víctimas».
«No cualquier víctima vale para esa tarea», afirmó a Europa Press. En su opinión, las personas que vayan a desarrollarla tienen que haber «racionalizado su situación» y estar «en condiciones de dar un testimonio equilibrado».
El diputado peneuvista se refirió en concreto a dos posibles obstáculos: por un lado, dudó de que existan «víctimas suficientes como para llenar las aulas de todos los centros» con testimonios personales, que deben ser «no de rencor, sino de transmisión de valores y principios», y, por otro, alertó sobre la posibilidad de que no todo el profesorado se halle «en condiciones de desempeñar esa función en términos ponderados».
Las prevenciones de Erkoreka figuran de algún modo recogidas, y respondidas también, en el propio documento del Gobierno. Respecto a las condiciones que deban reunir las víctimas del terrorismo que vayan a trasladar personalmente su experiencia a los colegios, la preocupación de Erkoreka está en parte contemplada: «La víctima tendrá las capacidades personales que se precisen» en relación con los parámetros exigibles a una intervención que es, sobre todo, pedagógica, y que busca sintetizar un acercamiento tanto cognitivo, como emocional y motivador de conductas en los adolescentes a que se dirigirá.
El documento acota más aún el terreno en que deberán moverse las víctimas que entren en contacto directo con los jovenes: ofrecerán «testimonios y reflexiones situadas en el ámbito de los derechos humanos» y deberán hacerlo «con imparcialidad razonable respecto a posturas partidarias legítimas», pero que quedarán fuera de su testimonio en las aulas.
En lo que toca a la preparación del profesorado, el Ejecutivo asume de antemano que los educadores tendrán que afrontar dificultades especiales y se compromete «como contrapartida», a facilitarles «todos los medios formativos y de apoyo que precisen». El documento aborda también, de un modo preventivo, lo que atañe, no ya a la preparación, sino a la disposición de los docentes. En este aspecto, el Gobierno es tajante al aclarar lo relativo a la «neutralidad» que el profesorado deba observar ante las opiniones diversas que puedan expresar los alumnos.
Esa neutralidad es conveniente, «incluso necesaria», afirma, cuando esas opiniones encajen «dentro de la amplia pluralidad que los derechos humanos posibilitan». Pero dejará de estar justificada, y se considera «inadecuada» e incluso se tacha de «claudicación moral» cuando las opiniones o convicciones que un alumno pueda expresar se oponga a los derechos humanos. En ese capítulo entra cualquier apoyo, justificación o comprensión» hacia el terrorismo. En ese momento, el docente «no debe ser neutral» y formará parte de sus obligaciones sostener con nitidez la ilegitimidad total de toda legitimación del terrorismo».
EL PAÍS, 8/4/2010