DIARIO VASCO, 27/8/11
Ambos partidos no renuncian a acabar convenciendo a jeltzales y CiU pero no variarán el núcleo duro del pacto ni habrá referéndum
El PSOE y el PP intentarán en los próximos días que alguna de las fuerzas nacionalistas del Congreso se sume a su pacto para constitucionalizar la obligación de que todas las administraciones públicas mantengan el equilibrio presupuestario y cumplan con el límite de déficit y de deuda que marque la Unión Europa a partir de 2020. El PNV, sin embargo, aseguró ayer que no apoyará la reforma, según pudo saber este periódico de fuentes solventes.
El Gobierno replica al PP y niega que el Banco Central Europeo le plantease modificar la Carta Magna
Tanto el PP como el PSOE afirmaron estar satisfechos de la fórmula pactada y convencidos de que su introducción inmediata en la Carta Magna es indispensable para que España estabilice sus cuentas públicas y refuerce su credibilidad ante Europa y los mercados financieros, por lo que no les temblará la mano si la próxima semana tienen que aprobar la reforma constitucional en el Congreso con el único apoyo de sus 321 diputados.
Las direcciones de ambos partidos saben que las puertas a las que pueden llamar en las próximas horas son muy limitadas. Todos los grupos de la izquierda parlamentaria, IU, ERC, BNG y NaBai, ya han dejado claro a PSOE y PP que ni se molesten en contactar con ellos porque su respuesta va a ser un ‘no’ rotundo. De hecho, el afán de IU, además de en votar en contra, se centrará en conseguir convencer a un número suficiente de diputados socialistas para que se rebelen y alcanzar el 10% de firmas que obligaría a convocar un referéndum.
El abanico de posibilidades de respaldo se reduce a los dos diputados de UPN, que ya han anticipado que el viernes dirán sí a la reforma en el pleno, y a CiU y Coalición Canaria, que aún no se han atrincherado en el ‘no’, aunque desde que José Luis Rodríguez Zapatero realizó el sorpresivo anuncio el martes cada una de sus declaraciones se han contado por críticas. CiU cerrará su posición en la reunión de su comité de dirección del lunes en Barcelona.
El Gobierno tampoco renuncia a convencer al PNV, pero fuentes jeltzales consultadas por este periódico, que admitieron la existencia de contactos en la jornada de ayer, señalaron que no darán su apoyo a la reforma, en la que, además, el PNV pretende incluir el derecho de autodeterminación, algo que no aceptarán ni PSOE ni PP.
La parlamentaria de UPyD, Rosa Díez, tampoco ha marcado su postura, pero no parece proclive a abordar la reforma de la Carta Magna para una cuestión tan limitada.
Los dirigentes socialistas y populares, animados por el propio Ejecutivo, van a iniciar una ronda de conversaciones, pero desde la posición de fuerza que les da contar ya con votos de sobra en ambas cámaras para completar la mayoría de tres quintos que exige la Constitución para poder aprobar este tipo de reforma. De hecho, como aviso a navegantes, los portavoces de ambos partidos dejaron ayer claro que la negociación con terceros no podrá modificar el núcleo duro del acuerdo que cerraron la pasada madrugada, que es ya inamovible, y que no están dispuestos a ceder en lo que sin duda es la demanda mayoritaria de casi todos los grupos opositores, la convocatoria de un referéndum para que la ciudadanía ratifique o tumbe el cambio constitucional.
Último esfuerzo
Alfredo Pérez Rubalcaba, el líder de ‘facto’ del PSOE, se mostró dispuestos a hacer «esfuerzos» para sumar a otros grupos al consenso mayoritario y prometió «cierta flexibilidad» a la hora de aceptar enmiendas, pero explicó que los hipotéticos cambios no van a «desnaturalizar el acuerdo». Consideró que el hecho de que no se introduzca en la Constitución tope concreto alguno de déficit y que se haya alcanzado una formula «flexible», que deja el desarrollo de la regla a una ley y otorga margen a los gobiernos para actuar ante imprevistos, podría ayudar a atraer al PNV y a CiU, que también se oponían a «petrificar» el límite de déficit en la Carta Magna. Soraya Sáenz de Santamaría, la portavoz del PP en el Congreso, se mostró dispuesta a analizar las enmiendas que los grupos presentarán a partir del martes, pero aclaró que «el principio de acuerdo debe preservarse».
Lo que ya saben el Gobierno y los dos grandes partidos es que el deseo expresado el martes en el pleno por Zapatero, que la reforma cuente a poder ser con más consenso incluso que el que permitió en 1978 aprobar la Constitución, es imposible. La Carta Magna contó con el apoyo de UCD, AP, PSOE, PCE y CiU y con la abstención del PNV. El próximo viernes, cuando el Congreso apruebe el cambio, no habrá nuevos grupos que se sumen al consenso, IU -que incluye al PCE- y PNV votarán en contra, y no es descartable que los catalanes se aparten también del acuerdo. Por su parte, el portavoz del Gobierno, José Blanco, replicó al PP y negó que el Banco Central Europeo haya obligado a esta reforma constitucional.
DIARIO VASCO, 27/8/11