EL MUNDO 11/01/14
· Tras la decisión del juez Velasco de prohibir la manifestación que iba a celebrarse hoy en Bilbao para reivindicar la excarcelación de los presos de ETA, los líderes de PNV, Sortu y el resto de la izquierda abertzale comparecieron ante los medios para convocar un nuevo acto a la misma hora bajo el lema «Derechos humanos-Acuerdo paz».
Sus promotores eludieron cualquier referencia a los presos y a la manifestación prohibida, pero Andoni Ortuzar, presidente del PNV, señaló que la convocatoria obedece a «las medidas excepcionales negativas» del Estado que «conculcan los derechos humanos». Ortuzar hizo hincapié en el carácter silencioso de la movilización de esta tarde y se negó a dar más explicaciones. A pesar de esta ambigüedad calculada, resulta evidente que lo que está haciendo el PNV es prestarse al juego de Sortu y la izquierda abertzale, que eran los verdaderos organizadores de la manifestación prohibida por la Audiencia Nacional. Al convocar un nuevo acto con distinto lema, el PNV se convierte en aliado político de Sortu y se pone tras su estela en una estrategia al servicio de ETA, que es realmente la que impulsa las movilizaciones en favor de sus presos.
No deja de resultar sorprendente este giro del PNV, que en la etapa de Iñigo Urkullu como presidente del partido y luego del Gobierno vasco, había mostrado una notable moderación. Ahora vuelve a acercarse a los radicales y a pactar con la izquierda abertzale, tal y como lo hizo en 1998 en el Pacto de Lizarra, bendecido por ETA.
Aquel acuerdo supuso la creación de un frente que desembocó en el Plan Ibarretxe y generó fuertes tensiones políticas con el Gobierno de la nación. Ahora el gesto del PNV podría interpretarse como un primer paso hacia una entente con el nacionalismo radical para impulsar un proceso semejante al que ha iniciado Artur Mas en Cataluña. No en vano, los asesinos excarcelados reivindicaron en Durango «el derecho a decidir». En cualquier caso, el desafío que plantea al Gobierno esta hipotética alianza no es nada desdeñable, puesto que lo peor que le podría pasar a Rajoy es que se le abriera un segundo frente soberanista. Al mismo tiempo el Ejecutivo tiene un grave problema de credibilidad tras las concesiones realizadas en una política antiterrorista que parece seguir la hoja de ruta pactada con ETA en la legislatura anterior.
El actual Gobierno cedió a las presiones de la izquierda abertzale al excarcelar a Bolinaga, luego utilizó la vía Nanclares para conceder beneficios a los teóricamente arrepentidos de ETA y, por último, no hizo nada para impedir la lesiva sentencia del Tribunal de Estrasburgo contra la doctrina Parot.
Ahora la estrategia de la banda y sus apéndices políticos se centra en exigir la progresiva liberación de los presos sin siquiera pedir perdón por sus crímenes. En este contexto, no le queda otro remedio a Rajoy que mostrar firmeza frente a estas reivindicaciones y no retroceder ni un centímetro en la defensa de la legalidad. Contra el vicio de pedir está la virtud de no dar porque el Estado de Derecho no le debe nada a ETA.
EL MUNDO 11/01/14