Jesús Cacho-Vozpópuli
Cuentan que la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, decana de la Facultad de Derecho de la Autónoma de Madrid, acostumbra a despachar a los representantes de la patronal CEOE con un “pues dos a uno y a otra cosa”. Dos a uno porque ella y los sindicatos sienten lo mismo, respiran al unísono, hacen piña frente a la soledad de la patronal. Y eso ocurre siempre que un tema más o menos complicado, más o menos polémico, salta sobre la mesa del dialogo social. El Gobierno Sánchez se pone de hoz y coz al lado de los sindicatos, sin dar opción a CEOE a hacer valer sus argumentos. Quienes crean empleo no cuentan para este Gobierno. En eso estamos. Y Yolanda lo suelta a la cara de los patronos: si no estáis de acuerdo “pues dos a uno y a otra cosa”, mariposa. “La contrarreforma [laboral] está muy trabajada, se ha debatido largo y tendido en la mesa de diálogo social, estamos haciendo retoques y me encantaría conseguir unanimidad”, ha dicho la ministra Valerio. Es decir, me gustaría que CEOE pasara por el aro.
Al margen del estropicio que en términos políticos amenaza provocar Pedro Sánchez en cuestiones clave para el futuro de España como la crisis catalana, el Ejecutivo está llevando a cabo una discreta revolución silenciosa en lo económico-financiero cuyas consecuencias pueden ser igualmente graves para el crecimiento, la inversión y el empleo. Son materias que pasan más o menos desapercibidas ante el ruido mediático de asuntos como el catalán, pero en las que Sánchez se juega mucho, se lo juega casi todo, porque detrás de la carta de “lo social”, de la teórica defensa de los trabajadores, de los mancillados por los rigores de la crisis, hay millones de votos con los que el heroico limpiabotas de Torra pretende contrarrestar el descrédito de su Gobierno. Se trata de tirar del dinero del Tesoro para fidelizar ese voto. Al precio que sea, incluso de descuadrar las cuentas públicas.
La subida de las pensiones por encima de lo pactado el pasado abril entre PP y PNV; la de las bases máximas de cotización, que supondrá una pérdida real de renta para muchos trabajadores cualificados; la del sueldo de los funcionarios; la del Salario Mínimo Interprofesional (SMI); el acuerdo bajo mesa alcanzado entre Gobierno y sindicatos para desactivar los aspectos más descollantes de la reforma laboral del PP, son algunos de los botones de muestra de esa gravosa revolución silenciosa. Gobierno y sindicatos manejan la aguja de marear sin dar vela en este entierro a CEOE. La gran patronal es el enemigo a batir. Enfrentado al desgaste de un Gobierno en minoría obligado a satisfacer las exigencias de quienes le mantienen en Moncloa, para el PSOE es vital transmitir ante su parroquia la imagen de que está enfrentado a muerte con la representación del capital, los abanderados de los recortes sociales, “los enemigos de la clase obrera”, al mismo tiempo que vende la idea de su estrecha relación con los sindicatos.
¿Y cómo enfrenta CEOE una situación tan compleja? Muy malamente. Esta semana, la patronal inauguró oficialmente la nueva etapa abierta por la llegada a su presidencia de Antonio Garamendi -un guechotarra de 60 años, licenciado en Derecho, hasta ahora presidente de Cepyme- con la celebración este miércoles de su primera Junta Directiva en la que se aprobaron los nombramientos de vicepresidentes, de los miembros de su Comité Ejecutivo y de los responsables de las distintas comisiones. Una etapa más difícil aún que las anteriores, porque la presencia de la patronal en la sociedad española y su capacidad de interlocución no ha dejado de caer desde los tiempos de José María Cuevas, aquel hombre tan vituperado por la izquierda -a menudo también por la derecha- como valioso para las empresas porque, en torno a su indudable capacidad de liderazgo, reunía dos cualidades difíciles de ensamblar en estos tiempos que corren de cobardía al por mayor: la de ser un tipo muy inteligente y, además, la de tenerlos bien puestos.
Las consecuencias de un viaje a Cuba
No ha hecho falta más que un mes de presidencia para que Garamendi haya llevado el desencanto a las filas del empresariado. El papelón por él jugado como “señorito de compañía” del presidente Sánchez en el reciente viaje a Cuba, ha sumido al nuevo capo de la patronal en un socavón de prestigio del que le resultará difícil salir sin muchas ayudas alimenticias. Viajó Garamendi –y otros notorios empresarios- a la isla caribeña en el avión presidencial, ese Air Force One que el pollo pera, ahora que se ha puesto a renombrar aeropuertos, quiere bautizar con el nombre de su distinguida esposa, y a la vuelta a Madrid el patrón de patronos habló maravillas de lo bien que le había tratado y lo mucho que se había entendido con Sánchez. Apenas habían transcurrido 48 horas cuando los medios dieron cuenta del acuerdo secreto entre Gobierno y sindicatos para descabezar la reforma laboral de Rajoy. Con Garamendi a la luna de Valencia, porque Garamendi no se había enterado de lo que tramaban a sus espaldas. Su amigo Sánchez no le había contado nada durante las horas de vuelo a Cuba. Le había engañado como a un chino.
Obvio resulta enfatizar la importancia de CEOE como organización independiente –y por lo tanto no subvencionada, como ahora, por los Gobiernos de turno- capaz de representar a las empresas en la tarea de encauzar el crecimiento y servir de fiel de la balanza frente a las políticas económicas del Ejecutivo, importancia acrecentada en momentos de desconcierto como los actuales, con un presidente dispuesto a utilizar los resortes del poder, léase PGE, en beneficio de su proyecto personal que no de los intereses generales. En circunstancias como la presente, frente a medidas de política económica lesivas para el crecimiento, resultaría de vital importancia contar al frente de CEOE con un personaje con la cabeza bien amueblada en lo formativo y lo intelectual, dispuesto a utilizar su presidencia no como palanca de imagen personal, sino como herramienta con la que revertir esas políticas o hacerles frente, y ello con la determinación de enfrentarse al dueño del BOE, la voluntad de hacerse respetar (incluso temer), y el coraje bastante para, si necesario fuere, “tocar el tambor” y llamar a la movilización del empresariado como hacía Cuevas cada vez que el Gobierno de turno quería metérsela doblada.
Garamendi defraudará al colectivo empresarial si cree que haciéndose el simpático y contando chistes de vascos va a lograr frenar algunas de las “atrocidades” que Sánchez y su grupo de tiralevitas están ya llevando a cabo. Reimplantar la llamada ultraactividad de los convenios colectivos, como reponer la prevalencia del convenio de sector sobre los de empresa, es devolver a los sindicatos un arma que perdieron con la reforma laboral de 2012 y empoderarlos como elemento refractario al crecimiento y la creación de empleo. Dice la ministra Valerio que se trata de crear “empleo de calidad”. Seguramente se refiere al nuevo empleo que acaba de “crear” Juan Manuel Serrano, amigo y ex jefe de gabinete de Sánchez en Ferraz, a la sazón presidente, sin la menor experiencia gerencial, de la empresa pública Correos, que para eludir una amenaza de huelga navideña acaba de firmar una subida salarial del 9% y la creación de 11.200 nuevos empleos fijos. El ministro Ávalos se ha felicitado por el “éxito” del acuerdo. Con una plantilla de casi 52.000 trabajadores, Correos perdió el año pasado 147 millones de euros. He ahí la típica empresa pública que gusta a unos sindicatos a quienes los trabajadores del sector privado se la traen al pairo.
En el consejo de ministros del viernes, el de la rendición de Sánchez ante el laziTorra, el Gobierno aprobó la subida del SMI de los 735,9 euros actuales a los 900 euros mes a partir del próximo 1 de enero, lo cual supone una subida del 22,3%, hasta los 12.600 euros brutos. La intención del Ejecutivo es realizar otra subida dentro de un año, a ser posible antes de las generales, para alcanzar los 1.000 euros en 2020. “Esta medida beneficiará a 2,5 millones de trabajadores”, señaló en Barcelona la ministra prodigio Celaá, olvidando los miles de empleos –el menos cualificado, el incapaz de aportar valor añadido equiparable a esa subida- que se va a llevar por delante. Alguien lo ha cifrado en 150.000 empleos menos. El Gobierno aprobó también una subida del sueldo de los funcionarios del 2,25%, de la que se beneficiarán otros 2,5 millones de empleados públicos que trabajan en las tres administraciones. “Un país rico no puede tener trabajadores pobres”, tuiteó ayer el indocumentado que nos preside. Pólvora del rey. Un supuesto país rico que sigue gastando más de lo que ingresa incluso cuando el PIB crece al 3%, y que necesita pedir prestado al mercado no menos de 30.000 millones todos los años. Deuda pública a saco. Alguien la pagará algún día. O no, que diría Rajoy.
La decisión del Ejecutivo de volver a indexar la subida de las pensiones con el IPC anual, una barbaridad en términos de sostenibilidad económica de la que habíamos logrado huir en fecha reciente, es otro dato más que abona el temor de quienes creen que nos encaminamos hacia el foso de otra recesión a plazo fijo. El PSOE vuelve a repetir los errores de Zapatero, pero esta vez con plena conciencia de lo que hace. El crecimiento del 2019 parece garantizado (2% del PIB y 200.000 empleos menos), pero todas las alarmas empiezan a apuntar hacia 2020. El 2007 fue un gran año, pero todo el mundo sabía, menos Zapatero, que a la vuelta de la esquina aguardaba el desastre. En estas circunstancias, la existencia de una voz potente y creíble al frente de CEOE resultaría más que un simple deseo una exigencia inapelable. El problema de la CEOE es que ha alcanzado el límite de su irrelevancia, y ya no dispone de margen para endosar un nuevo fracaso en la persona de Garamendi. Con Sánchez amenazando con dejar una España abierta en canal en lo político y una España arruinada en lo económico, el cuadro no puede ser más preocupante. Urge de nuevo reiterar lo evidente: la necesidad de apearle cuanto antes del poder.