El Gobierno ha perdido la paciencia. En el mes de julio habilitó legalmente al Consejo General del Poder Judicial para que antes del 13 de septiembre pasado designase a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden para que, con los otros dos que nombra el Consejo de ministros, renovar por tercios (4 sobre 12) el órgano de garantías constitucionales (artículo 159 de la CE). Ocurre que, si el Poder Judicial no designa a sus candidatos oficialmente, el Gobierno tampoco puede nombrar a los suyos, de tal forma que se mantiene la situación actual en la que la mayoría de los magistrados, incluido el presidente, son de la llamada cuota «conservadora». Pedro González Trevijano, Antonio Narváez, Santiago Martínez Vares y Juan Antonio Xiol Rius, nombrados en 2013, han sobrepasado ya su mandato de nueve años desde el pasado mes de junio. 

El Ejecutivo, en marzo de 2021, congeló las facultades del Consejo para realizar cualquier nombramiento mediante la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial (artículo 570 bis), y así presionar al PP para negociar su renovación, en prórroga cuatro años desde su designación, pero no consiguió su objetivo porque los populares no se avinieron, pese a que era su obligación por mandato de la Constitución.

En julio pasado, el Gobierno, reparó que había paralizado también la facultad del nombramiento de los dos magistrados del Constitucional que corresponden al Consejo y procedió a reformar la reforma para que hiciera las designaciones antes del 13 de septiembre de este año. Pero el órgano del gobierno de los jueces, transcurrido con creces el plazo legal establecido, sigue sin nombrar a sus dos magistrados impidiendo que lo haga el Gobierno y manteniendo así la mayoría conservadora del Constitucional. En su reunión del pasado miércoles, fecha tope para la Moncloa, el Consejo siguió sin acordar las designaciones y demoró hasta el 22 de diciembre la posible —no segura— votación para el nombramiento de los magistrados del TC.

La inútil y digna renuncia de Lesmes

El pasado 9 de octubre, Carlos Lesmes, presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, renunció a su cargo de sexta autoridad del Estado, consciente de que los vocales, tanto progresistas como conservadores, por razones distintas, no iban a nombrar a los magistrados del Constitucional que correspondían al organismo, lo que él consideraba una rebeldía ante el mandato legal. Lesmes también reclamó, sin resultado alguno, que el Gobierno devolviese al Consejo sus competencias para evitar el colapso de la administración de la justicia, en particular en el Supremo dos de cuyas salas —la Contencioso Administrativa y la Militar— se encuentran en una situación crítica. Ni los vocales de un sector ni los del otro siguieron los pasos de su presidente y permanecen sentados en sus sillas con una incapacidad manifiesta para tomar las decisiones que les corresponden y sin hacer una renuncia unánime de sus cargos para que no quede más remedio que una negociación entre el PSOE y el PP para renovar el órgano.

Por el contrario, el Consejo —además de dotarse de un presidente interino, Rafael Mozo, que no puede ser simultáneamente del Tribunal Supremo (lo es interinamente el presidente de la Sala Primera, Marín Castán) por no disponer de la condición de magistrado de ninguna de sus salas— mantiene una reivindicación constante ante el Ejecutivo: le pide que suprima la ley que reformó la orgánica del Poder Judicial por la que le privó del ejercicio de sus competencias fundamentales y que está recurrida ante el Constitucional y que hasta que pase la crisis actual no fallará—. Los vocales conservadores han reclamado también poder emitir dictamen sobre la proposición de ley de supresión del delito de sedición, inicialmente aprobada el pasado jueves en el Congreso, aunque su reglamento no lo prevé (artículos 124, 125 y 126). En esta reclamación coinciden con la Asociación de Fiscales que ha pedido públicamente que la proposición se someta, además de al informe del CGPJ, al Consejo de Estado y al fiscal. No es la primera vez que el Código penal se modifica por proposición de ley. También se utilizó este procedimiento en 2002 (sustracción de menores), en 2015 (terrorismo yihadista), en 2019 y este año (delitos contra la seguridad vial y el acosa ala mujeres que acuden a las clínicas para la interrupción del embarazo). Sin embargo, el sector progresista se opuso —y ganó la votación— a que se reclamase al Gobierno la emisión de dictamen sobre la supresión de la sedición.

El Gobierno pasa a la acción: Conde-Pumpido

Fuentes gubernamentales aseguran que, ante la «rebeldía» del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de ministros se plantea ya nombrar sus dos magistrados sin esperar al pleno del día 22 de diciembre. El Ejecutivo emitiría cuatro reales decretos: dos para designar a cada uno de los magistrados por nueve años y dos para cesar a los que fueron designados por el Gobierno de Rajoy en 2013: el actual presidente, Pedro González Trevijano y Antonio Narváez. Si esta hipótesis se confirma, en el Ejecutivo se abriría otro frente jurídicamente muy complejo porque la Constitución establece que la renovación del TC debe hacerse por tercios y no por sextos (artículo 159.3 de la CE). Para Moncloa son criticas tanto la renovación del TC con la que dispondría de mayoría progresista como la elección de Cándido Conde-Pumpido como presidente del órgano de garantías. Es esta una operación que se lleva fraguando desde el mes de junio («Operación Conde-Pumpido: la estrategia de la Moncloa busca para controlar el Constitucional» del 29 de julio pasado).

Fuentes gubernamentales aducen que explicarán el porqué de su decisión en la exposición de motivos de los nombramientos —la obstrucción ilegal del Consejo General del Poder Judicial— y, además, sugieren que si el pleno del órgano de garantías constitucionales intenta vetar la incorporación de los dos magistrados gubernamentales, otros del sector progresista recusarán a Pedro González Trevijano y a Antonio Narváez de tal manera que, en el pleno de idoneidad que prevé el artículo 10 i) de la ley orgánica del TC, los conservadores perderían la mayoría y se aprobaría la idoneidad de los magistrados designados por el Consejo de ministros y se procedería a la elección de un nuevo presidente, que todo apunta sería Cándido Conde-Pumpido al que le quedan por delante tres años de mandato ya que fue elegido por el Senado en 2017. 

Balaguer no se postula a ‘cara de perro’ sino que presentaría su candidatura si tiene la constancia de que la mayoría de sus compañeros la apoya 

Aspira a la presidencia —como declaró en El Confidencial el pasado 14 de noviembre— la magistrada María Luisa Balaguer, catedrática de derecho constitucional, del sector progresista a la que respaldarían frente a Conde-Pumpido los magistrados conservadores. Balaguer, sin embargo, no se postula a cara de perro sino que presentaría su candidatura si tiene la constancia de que la mayoría de sus compañeros la apoya. La catedrática malagueña no es la opción preferida del Gobierno que quiere a Conde-Pumpido, magistrado de la Sala Segunda del TS y ex fiscal general del Estado (2004-2011), un jurista de reconocido prestigio, pero tachado de «autoritario», plegado a las tesis del Gobierno e impulsivo. Cuando se declaró inconstitucional el primer estado de alarma en julio pasado —sentencia de la que fue ponente el presidente del Tribunal en la actualidad, Pedro González Trevijano— Conde-Pumpido arremetió contra la mayoría de sus colegas a los que tildó de «legos» y «juristas de salón». Los ofendidos se negaron a acudir a cualquier pleno del Tribunal hasta que Conde-Pumpido pidiera disculpas. Lo hizo, pero su relación personal y profesional con varios magistrados es, o inexistente, o de confrontación.

González Trevijano y la mayoría del TC, en contra

Si la posibilidad que maneja el Gobierno de designar directamente a sus dos magistrados se produce, fuentes del Constitucional trasladan la «firme decisión» de que su actual presidente, Pedro González Trevijano, se opondría a una renovación anticonstitucional («contraria de plano con el 159 de la Constitución«), convocaría al pleno para negar la idoneidad de la renovación por sextos y, si alguno de los magistrados —como suponen fuentes gubernamentales— le recursa a él y a Antonio Narváez, se opondría a ella con la práctica seguridad de que una mayoría de los magistrados le secundarían. Estas fuentes acreditan que «jamás» se ha renovado por sextos el TC y que nunca se ha recusado a los magistrados por otros magistrados o por terceros a efectos de su voto en el pleno de idoneidad que prevé el artículo 10 i) de su ley orgánica.

Otra cosa es que, siempre según las fuentes consultadas, el Gobierno traslade al presidente del Constitucional los nombres que designaría a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial remita los suyos y se vote su idoneidad de los cuatro simultáneamente. Pero la hipótesis de reales decretos de ceses y nombramientos sin pasar por el acuerdo de idoneidad del pleno del TC, se considera una infracción «terrorífica» de la Constitución que González Trevijano no consentirá con el respaldo de la mayoría del TC. «El Gobierno tendrá que pensarse muy bien en dónde se mete», asegura un magistrado del órgano de garantías constitucionales que consideraría tal supuesto como una «ruptura burda de la letra y el espíritu de la Carta Magna». En la Moncloa tienen noticia cierta de que esta es la determinación del presidente del Constitucional.

El inevitable recurso de inconstitucionalidad

Fuentes gubernamentales aseguran que, de producirse un nombramiento directo del Consejo de ministros de sus dos magistrados en el TC, tanto el PP como Vox promoverían una impugnación —no hay seguridad en qué modalidad— contra esa decisión. Esas mismas fuentes adelantan que el Consejo trata de «desquiciar» al Gobierno —hacerle perder la serenidad— para que «se abra otro frente» que se añadiría a los muchos ante los que tiene que pelear: la proposición de ley de abolición del delito de sedición, la interpretación de los efectos retroactivos de la ley del solo sí es sí, la reforma de ley mordaza y de la vivienda, asuntos que crean conflicto en el seno del Consejo de ministros y con sus aliados parlamentarios.

Fuentes judiciales y académicas consultadas por El Confidencial observan la posibilidad de que el Gobierno nombre a sus dos magistrados en el Constitucional sin esperar al Consejo General del Poder Judicial y su intención de que se incorporen plenamente al organismo recusando a su actual presidente y al magistrado Antonio Narváez —los dos nombrados por el Gobierno de Rajoy— como «una decisión muy arriesgada» y añaden que «jurídicamente muy conflictiva» pero aseguran que la «situación es inédita» y que el bloqueo del CGPJ «haría entendible, pero no constitucional, esta decisión». 

La «situación es inédita» y el bloqueo «haría entendible, pero no constitucional, esta decisión» 

Existe práctica unanimidad en todos los consultados sobre la tesis de esta forma de renovación del TC que intentaría el Gobierno en el sentido de que abocaría a una crisis constitucional de «profundo calado» que «crearía una situación diabólica». Y por fin una hipótesis manejada por medios cercanos al Ejecutivo: Sánchez pretendería que el día 6 de diciembre, conmemoración del 44 aniversario de la Constitución, la operación Cándido Conde-Pumpido esté culminada. Quedaría, pues, poco tiempo —dos consejos de ministros— para que la colisión con el Poder Judicial y el Constitucional se consumase. En la Moncloa están midiendo las consecuencias.